domingo, 7 de junio de 2009

Dos voluntarios belgas testigos del violento conflicto en el norte del Perú

Gante, Bélgica, 6 junio 2009. Dos voluntarios belgas de CATAPA, una ONG belga que trabaja sobre el tema de minería en América Latina, estaban presentes durante los disturbios en el Norte de Perú. CATAPA se distancia de la violencia y condena la reacción del gobierno Peruano, pero apoya la reivindicación legítima de los pueblos indígenas por exigir una voz en las decisiones sobre el desarrollo de la Amazonía. Nuestros voluntarios Marijke Deleu y Thomas Quirynen se están evacuando de la región en este momento.
El conflicto persistente en Bagua en el norte de Perú entre el estado Peruano y las poblaciones indígenas del Amazonas resultó en confrontaciones violentas el viernes pasado. Según las fuentes hubieran caído entre 30 y 84 muertos y más de 100 heridos, cuando las fuerzas públicas intentaron desalojar la carretera a la fuerza. Según fuentes oficiales de la policía los indígenas dispararon a las fuerzas de seguridad, tras lo cual la policía reaccionó. Varios representantes de grupos indígenas contradicen esta versión de los hechos: ellos solo llevarían sus lanzas tradicionales. La mayoría de las fuentes confirman que tiraron balas y bombas lacrimógenas a los nativos desde helicópteros de la policía. Thomas y Marijke vieron como la policía se llevó los cuerpos. "Así intentan de rebajar el número oficial de muertos" dice Marijke Deleu. 

Un conflicto anunciado
El origen del conflicto es el acceso de empresas multinacionales a la región en el norte de Perú, la cual es rico en petróleo, gas natural y minerales. Durante ya casi dos meses más de 30 000 indígenas habitantes de las diferentes provincias de la Amazonía y el Alto Andino llevan a cabo una campaña de protesta contra la manera en la cual el estado y empresas en el país quieren invertir en la explotación de recursos naturales. Pueblos indígenas y comunidades campesinas exigen una voz en las decisiones sobre el desarrollo del país. 

Ya por dos meses las carreteras se ven bloqueadas por parte de grupos indígenas. En los últimos dos años varios decretos han quitado restricciones ecológicas y sociales para la extracción de recursos naturales. Eso simplifica la inversión directa extranjera en Perú y facilita la explotación de minería, petróleo y gas.

El gobierno peruano declaró el estado de alerta el pasado 9 de mayo en las siete provincias de la región de Amazonas por lo cual se retiran "temporalmente las garantías constitucionales sobre libertad y seguridad de personas y la inmunidad de la residencia" oficialmente para asegurar el acceso a carreteras y aeropuertos y evitar que la producción de empresas sea afectada por las actividades de los indígenas, a la par una justificación para utilizar violencia como se ha visto el viernes.

Negociaciones entre el estado y representantes de las comunidades indígenas se rompieron el 15 de mayo, tras lo cual los indígenas declararon seguir con sus acciones. Desde entonces las protestas y las respuestas del gobierno se han visto más severas.

Convenio 169 obliga la consulta de pueblos indígenas
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo obliga el gobierno Peruano a consultar los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios. El gobierno Peruano ratificó el Convenio 169 en el 1994. Una consulta de la población local en la región de Amazonas no se ha dado. La biodiversidad y la vida de esos pueblos esta en riesgo. Para el estado y las empresas involucradas –entre lo cual la petrolera francesa Perenco y la española REPSOL– esto tendría que resolverse lo más rápido posible. Las ganancias potenciales en la Amazonía Peruano son enormes, en el contexto de la escasez mundial de los recursos naturales.

Con su comentario en una declaración del gobierno, el presidente Alan García, se refirió a la Constitución y declaró que "los recursos naturales en Perú son la propiedad de todos los Peruanos" y que "todos los Peruanos tienen que aprovechar de los recursos naturales del país". Los pueblos indígenas de su lado no exigen la soberanía única sobre la Amazonía, sino una voz en las decisiones sobre el desarrollo de su región de origen. Alberto Pizango, líder de la cúpula AIDESEP de los pueblos indígenas de la Amazonía, declara: "Nosotros no estamos en contra de desarrollo, pero queremos desarrollo desde nuestra visión".


Fuente: www.catapa.be
Contacto: Daan Janssens, coordinador CATAPA vzw – +32 473.367.318

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