lunes, 31 de agosto de 2009

Nacionalismo y conflicto Mapuche

Editorial

 EL MOSTRADOR/ 31 de agosto 2009

El tema mapuche ha escalado definitivamente a conflicto político,  aunque el Estado chileno se niega a reconocerle ese carácter. Mientras ello no ocurra y se sigan aplicando decisiones y mecanismos fragmentarios y reactivos, dominados por un carácter patrimonial, el conflicto persistirá sin solución.

Ello implica que, no obstante la dictación de un conjunto de leyes, probablemente todas justificadas y necesarias, la designación de un interlocutor político del más alto nivel, el aumento en la distribución de tierras o los programas especiales de becas, lo actuado sea insuficiente pues solo enfoca partes del problema. Sin perjuicio que contribuya a bajar la tensión e impedir que el conflicto siga escalando.

Probablemente el fondo del asunto esté en un aspecto que nadie quiere reconocer y es que el conflicto mapuche interpela la idea misma de Estado nacional vigente en Chile, cuyos cánones tradicionales se anclan en la convicción de que  nuestro Estado es también una sociedad homogénea culturalmente. Ello, que es parte del inconsciente colectivo nacional y que, aparentemente, ningún dirigente político estaría dispuesto a poner en duda, sería en realidad el principal obstáculo para encontrar una solución.

En opinión de muchos expertos, si se aceptara la apertura de la discusión sobre autonomías -lo que es posible luego que las reformas del año 2005 a la Constitución flexibilizaran el concepto de desarrollo regional- el Estado recuperaría el control del orden público y abriría una puerta a una solución definitiva.

No resulta extraño, además, que por este especial punto, los mapuche vean al Estado chileno como el principal problema. Su concepción de la vida y la sociabilidad política se alejan bastante del paradigma liberal que gobierna nuestro desarrollo, y una multiplicidad de problemas podrían solucionarse de manera más simple en el estatuto de la comunidad antes que en el del mercado.

En su gran mayoría pertenecen a la franja más pobre de la sociedad, y aunque se les considere un problema rural, están hoy distribuidos por igual en campo y ciudad debido a las migraciones que causa la pobreza. Ella los vuelca en primer lugar a la subsistencia,  pero con el agravante de la marginalidad proveniente de su diferenciación cultural, que les impide, además, usar de manera más efectiva los instrumentos de desarrollo.

Sus nociones de espacio, tiempo y relación con la naturaleza, así como sus elementos de sociabilidad familiar, de comunidad étnica y con terceros los hace territoriales y fragmentarios, lo que explica tanto su nombre (mapuche significa gente de la tierra) como su rechazo práctico a  la institución de la representación colectiva, el reconocimiento de jefes permanentes, caudillos o gobernantes. Sus formas políticas están más cerca de la democracia directa que de la representativa, eligen voceros y exhiben un fuerte componente de respeto por la voluntad individual. Para el pueblo mapuche es casi una aberración someter la minoría a los dictados de la mayoría. Todo ello dificulta los acuerdos con el Estado.

Tal microvisión política se opone marcadamente al concepto del Estado nacional homogéneo, consolidado como doctrina de Estado en Chile a fines del siglo XIX. Ellos lo perciben como un intento de asimilarlos, descartando su identidad étnica nacional particular, con todas las dimensiones culturales y políticas, especialmente la tierra y el territorio, que lleva adscritas.

¿En qué momento o  bajo cuáles circunstancias un Estado puede o debe  reconocerse como una sociedad plurinacional? Es posible que la respuesta venga de la mano del proceso de globalización, en el cual los mapuche han encontrado un espacio ideal para que se reconozca una negación de sus derechos y puesto en jaque al Estado chileno.

Según Rodolfo Stavenhagen, quien fuera relator de la ONU para asuntos indígenas "los derechos grupales o colectivos deberán ser considerados como derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a la vez los derechos individuales de sus miembros".

La necesidad de constitucionalizar la autonomía indígena y reconocer la existencia de otros "pueblos" en el seno del pueblo chileno parece inevitable para muchos. Chile, en sus 200 años de vida independiente, no ha manifestado nunca la voluntad de efectuar  ese reconocimiento que, en opinión de sectores nacionalistas, implicaría una reducción y fragmentación irremediable de la nación chilena.

Para muchos otros, si no se observa una conducta realista en esta materia es posible que en un futuro indeterminado debamos experimentar manifestaciones imprevistas de violencia en cualquier parte del país y que nadie desea que ocurran.


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