/ La Nación
Foto: Esteban Garay
Esta semana se dio a conocer el primer paso para la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas, justo cuando empezaba a regir el acuerdo en nuestro país.
Se espera que ahora venga un largo debate parlamentario en torno a la serie de normas que se deben adecuar para hacerlo efectivo, como los códigos de Aguas y de Minería, la Ley General de Servicios Eléctricos, la de Pesca, Bosques, Medio Ambiente y las concesiones geotérmicas.
El convenio consagra derechos políticos sobre participación indígena, consulta sobre proyectos públicos o privados que les impacten -nacionales o extranjeros-, así como temas de autogestión y administración.
Establece además el derecho a la tierra, al reconocimiento de los territorios indígenas, derechos sobre uso de recursos naturales y defensa del medio ambiente.
Adicionalmente, el texto asegura franquicias
culturales, como el derecho consuetudinario, lengua, educación y derechos sociales, como el acceso a la salud.
Desde su institución, ya suma una veintena de países los que lo han ratificado, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Fiji, Holanda, Honduras, México, Noruega, Perú y Venezuela.
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