Diez de los 16 casos en que los gobiernos chilenos aplicaron la ley antiterrorista entre 1999 y 2009 corresponden a imputados a la población indígena de ese país, aclaró este sábado una fuente diplomática chilena en Ginebra.
"Del total de querellas interpuestas en virtud de la ley antiterrorista por actos de violencia y conmoción pública entre 1999 y 2009, tenemos información que 10 querellas fueron presentadas en contra de ciudadanos de origen indígena", indicó la fuente.
Las declaraciones contradicen las sostenidas el pasado jueves por Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde el embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, afirmó que "los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena".
Asimismo, recalcó ante el Examen Periódico Universal (EPU), que "entre el año 1999 y 2009 esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena".
Chile rechazó este jueves una recomendación efectuada por la Unión Europea (UE) para que revisara dicha ley y dejara de perseguir "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso".
Asimismo, el responsable del Comité Mapuche de Derechos Humanos, Reynaldo Mariqueo, denunció en las deliberaciones que "Chile criminaliza a los dirigentes que promueven el respeto a la libre determinación, autonomía y el autogobierno mapuche"
El pasado mes de agosto, dirigentes de la etnia Mapuche denunciaron que varias mujeres fueron agredidas por la policía del Estado chileno, en Trapihue Mahuidache, al sur del Temuco.
Decenas de mapuches ocuparon terrenos en el sur de Chile, específicamente en la zona de La Araucanía, reclamando la propiedad de dichas tierras, mientras aseguraron que poseen escrituras reconocidas por el Estado chileno que demuestran que les pertenecen.
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