Santiago, 9 de marzo del 2010
SEÑORAS Y SEÑORES
AUTORIDADES TRADICIONALES Y
REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE PRESENTE
De mi consideración:
Al concluir mi gestión como Ministro Coordinador de la Política Indígena, responsabilidad con la que S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, me honró el 27 de agosto de 2009, con el objetivo de profundizar el diálogo con las comunidades indígenas y dar mayor agilidad y énfasis a la política contenida en el documento "Re - conocer", creo oportuno dirigirme a ustedes.
Espero que el terremoto que ha asolado vastas regiones del país no les haya afectado directamente y que los eventuales daños y perjuicios puedan ser prontamente superados.
Me voy con la convicción de haber hecho un gran esfuerzo junto a un abnegado equipo de trabajo, pero a la vez con la certeza del largo y difícil camino que tenemos por delante. Todavía quedan muchas tareas pendientes. Hemos tan sólo diseñado un camino y dado los primeros pasos para alcanzar la meta.
El hito principal de este periodo es el restablecimiento de un clima de confianza con los pueblos indígenas. Los problemas han sido abordados de buena fe y las diferencias muchas veces resueltas mediante el diálogo. Otras han permanecido a la espera que evolucionen las circunstancias. Cuando se ha impuesto la lógica de la violencia, sólo hemos tenido que lamentar el sufrimiento que ha golpeado a muchas comunidades y también a propietarios de la Región de la Araucanía. La ley del más fuerte no tiene futuro. ¿No lo saben los pueblos originarios a través de su milenaria historia?
No me cansaré de repetir que todo se puede alcanzar mediante el intercambio de puntos de vista, basado en el respeto mutuo. El diálogo de ser sincero, claro, abierto y leal para poder lograr el reconocimiento y promoción de derechos por largo tiempo postergados o abiertamente vulnerados.
Este nuevo clima ha permitido que se abran nuevos espacios de participación. Me refiero, en especial, a la constitución en forma efectiva de 11 Mesas Indígenas Regionales presididas por el/la Intendenta. Se identificaron en cada una de ellas acciones y medidas que contribuyeran a la multiculturalidad.
Aprovecho esta oportunidad para valorar el Plan de Trabajo con el Sistema de Naciones Unidas, a través del programa conjunto de fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile (2009-201); y la preparación por primera vez de una "Política Indígena Urbana", que incluye las acciones que se han tomando en todas las áreas urbanas con presencia indígena. Naciones Unidas se ha convertido en el principal foro de debate y avance de los derechos de los pueblos originarios en el mundo. En todas sus instancias Chile está presente impulsando un nuevo trato. Esos foros sirven a los países para aceptar errores y problemas, emprender nuevas soluciones e intercambiar experiencias. Así lo hizo Chile ante el Consejo de Derechos Humanos al pasar el EPU (examen periódico universal) y la Comisión contra el racismo y la discriminación el año pasado.
Todo ello nos ha permitido dar un nuevo impulso a la política indígena.
En ese marco, quiero destacar el logro más importante: la adhesión de Chile al Convenio 169 de la OIT, la reivindicación política más sentida de las organizaciones indígenas en el país. Al aprobarlo el Congreso Nacional por una aplastante mayoría y luego de un prolongado debate que tomó más de diez años, y depositado el instrumento de ratificación ante la OIT en Ginebra, dicho instrumento internacional pasó a formar parte del ordenamiento jurídico nacional comprometiendo la fe del Estado en el cabal cumplimiento de las obligaciones que impone.
Hemos hecho grandes esfuerzos para implementar ese Convenio: dictamos un Reglamento transitorio que norma el Art. 34 de la Ley Indígena, del cual tomó razón la Contraloría General de la República y que está siendo sometido a consideración de los pueblos originarios a través de una "Consulta Indígena sobre el procedimiento de Consulta", conforme lo sugiriera el Relator Especial de la ONU, Profesor James Anaya, que permitirá elaborar una versión definitiva. Dicho Reglamento permite tener normas para realizar las consultas y los mecanismos de participación previstos en los artículos 6° y 7° del Convenio.
Además, hemos desarrollado procesos de consulta aún antes de que entrara a regir el mencionado Convenio. Uno referido a participación política, que ha tenido una enorme repercusión en el mundo indígena (más de quinientas organizaciones que respondieron por escrito y más de mil dirigentes que discutieron las propuestas en encuentros y mesas de diálogo en todas las zonas donde hay presencia indígena). Y otra Consulta sobre Reconocimiento Constitucional que se inició inmediatamente después de la aprobación de la idea de legislar por parte del H. Senado en abril de 2009. Además, se realizó una Consulta en el Salar del Huasco sobre la creación de una reserva de la biósfera. Con posterioridad a su vigencia, se han llevó a cabo otras consultas: en Rapa Nui dos, una sobre un proyecto de reforma constitucional que
permite regular el derecho de permanencia y residencia de personas no
pertenecientes a esa etnia en la isla; y otra sobre el proyecto de trasladar transitoriamente un moai a Francia; también se efectuó una consulta con las comunidades de los pueblos canoeros del sur austral sobre la forma de efectuar la repatriación y sepultura de los restos de 5 personas kawesqar llevados forzosamente a Europa a fines del Siglo XIX y cuyos restos fueron encontrados en Zurich.
Por otra parte, sobre los artículos programáticos o no autoejecutables del Convenio 169 de la OIT, así declarados por el Tribunal Constitucional, se han elaborado términos de referencia para que diversas universidades procedan al estudio de las modificaciones legales pertinentes para ajustar nuestra legislación a los estándares de dicho instrumento internacional.
Otro logro de este tiempo ha sido la aprobación de la Ley que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y establece un mecanismo mediante el cual aquellos pueblos indígenas cuyo hábitat se encuentre en la costa y puedan acreditar el uso consuetudinario que han hecho de los recursos naturales, puedan acceder a un espacio en la rivera marítima.
Además, el 2006 la Presidenta de la República reconoció al pueblo Diaguita a través de la Ley 20.117. También en materia legislativa hay que mencionar la aprobación de la reforma constitucional que otorgó a la Isla de Pascua el carácter de territorio especial, lo que ha permitido que elaboráramos un estatuto específico que fue ingresado como proyecto de ley al Congreso Nacional.
Para recibir las reclamaciones y planteamientos de las comunidades mapuche se ha abierto en la ciudad de Temuco una oficina de la actual Comisión Defensora Ciudadana, que tiene por objetivo principal atender sus demandas frente al actuar de las reparticiones públicas. Cabe destacar que la Comisión tiene su sede en Santiago y la única oficina local es ésta.
Asimismo, la Defensoría Penal Pública, creada al amparo de la reforma procesal penal, ha venido desarrollando una política de defensa especializada indígena, para lo cual ha dotado a defensores y otros profesionales de la institución de conocimientos y competencias para la prestación de un servicio de calidad. Así, ha implementado en cuatro regiones del país, oficinas especializadas para la atención de público incorporando a profesionales interculturales.
También se dio inicio a la revisión de las políticas públicas según pertinencia e impacto en los pueblos indígenas y a la implementación de medidas a favor de los indígenas en distintos servicios públicos con participación de sus organizaciones; así como el establecimiento de partidas con pertinencia indígena en las principales reparticiones públicas.
Como ya mencioné, se han creado 26 unidades indígenas en todos los ministerios y 15 en las intendencias del país, lo que permite monitorear constantemente la correcta aplicación de los planes y programas ministeriales vinculados a la política indígena.
Al mismo tiempo, se ha remitido al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas con el cual se plantea contar con una institución de alto nivel político que atienda y se preocupe de los asuntos indígenas; el proyecto considera la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplace a la CONADI y que estaría a cargo de la implementación de la política indígena diseñada en el Ministerio. Ambos proyectos se encuentran en la comisión de Gobierno Interior de la H. Cámara de Diputados en su etapa de discusión general a la espera de contar con un mecanismo definitivo de consulta que permita dar cumplimiento a esa exigencia del Convenio 169.
Otro hito importante es la jerarquía que se le ha dado al tema indígena instalándose el Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas, el mismo que se encarga de velar porque las políticas sectoriales relativas al tema se ejecuten y se cumplan en plazos razonables.
El proyecto de creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, que contempla consejeros elegidos por los distintos pueblos en proporción a sus integrantes. Dicho Consejo sería el órgano de participación política más relevante dentro de nuestro sistema institucional. Será un organismo autónomo del Estado, que le permitirá interlocutar con todas las instancias públicas. En algunas materias tiene facultades resolutivas y en otras consultivas.
Desde la promulgación de la Ley Indígena el 5 de octubre de 1993, el Estado ha reconocido, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a las aguas ancestrales, para lo cual la ley ha establecido un mecanismo para ir avanzando en la satisfacción de esta reivindicación.
Desde 1994 a la fecha, los gobiernos de la Concertación han transferido a las comunidades indígenas más de 650 mil hectáreas; de ellas, el 35% corresponden a la gestión del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Pero al mismo tiempo, nos hemos preocupado de revisar la Política de Tierras y Aguas para mejorar sus procedimientos considerando los costos y la calidad de las tierras, la disponibilidad de ellas para su compra, así como su potencial productivo.
Para ello, se han dictado medidas de corto plazo como la priorización que se hace mediante una Resolución del Director de la CONADI como establece la Ley, y no a través del Consejo de la institución como era la práctica habitual; la determinación del número definitivo de familias favorecidas al momento del reconocimiento del derecho.
También se han previsto medidas a mediano plazo como una banda de precios por hectárea y tipo de suelo; la creación un sistema de control de tasaciones; la definición del predio y de su viabilidad técnica y económica, y de sus condiciones de habitabilidad y sustentabilidad por parte de la CONADI; la definición de criterio de número de hectáreas por familia; y la adopción de criterio de cierre de reivindicación de tierras en función a un mismo Título de Merced, a través de una política de subsidios. El cuadro siguiente refleja los datos básicos.
Esperamos que en este año se pueda cumplir el compromiso con las 115 comunidades y que se acelere el proceso de materialización de los títulos tradicionales reconocidos por la ley, en especial para las 308 comunidades que cuentan con aplicabilidad. Hubiéramos querido avanzar con mayor celeridad, como a Uds. les consta en las múltiples reuniones sostenidas, pero diversas trabas de todo orden nos impidieron hacerlo. Previendo este retraso, el item del Fondo de Tierras de la CONADI en el Presupuesto de la Nación fue suplementado en 10.000 millones de pesos correspondiente a los meses del 2010 en que todavía sigue esta Administración. Las próximas autoridades tomarán las decisiones que al respecto estimen pertinentes para cumplir la meta planteada.
Por otra parte, con el propósito de racionalizar la política de tierras según lo estipulado en la Ley Indígena, y acelerar los trámites estableciendo clara prioridades locales, solicitamos al centro EULA de la Universidad de Concepción una actualización del estudio sobre la demanda de tierras, derechos de agua y riego en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia. Este estudio contiene una catastro pormenorizado de esa demanda por comuna tanto en lo referente a los títulos antiguos a que se refiere el art. 20 a) como la situación cubierta por el art. 20 b).
Para realizar estas tareas procedimos a una reorganización de la CONADI cambiando algunos de los principales funcionarios responsables. También se adjudico a una empresa externa un proyecto de evaluación de su funcionamiento y propuesta de cambios en la institución, que servirá para la discusión del proyecto de ley que crea la Agencia de Desarrollo Indígena. Durante este período mantuvimos un diálogo permanente con la Asociación de Funcionarios de la CONADI estableciendo canales de participación.
Quiero también destacar la Segunda Fase del Programa Orígenes que tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades del área rural de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche. Su propósito ha sido promover el desarrollo con identidad en comunidades rurales indígenas, fortalecer sus capacidades organizativas y restituir derechos sociales en siete regiones del país (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Bíobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). Actualmente está focalizado en 1.206 nuevas comunidades, beneficiando directamente a 34.443 nuevas familias. El presupuesto de la II Fase representa un 70% de inversión directa en comunidades indígenas, con 16,4% de inversión indirecta, y un 13,6%, en gastos administración, sin incluir los costos financieros.
El 2009 el Programa Orígenes de CONADI incrementó el Fondo de Decisión Local (FDL) en un 33%, lo que implicó en estricto rigor suplementar los recursos financieros a disposición de las comunidades de MM$ 24.546 a MM$ 32.573.
Estos recursos benefician directamente a las 34.443 familias focalizadas en la II Fase, los cuales se destinaron —en su integridad— a financiar iniciativas de emprendimiento de familias indígenas. El siguiente cuadro resume estos datos.
Por otra parte, está en ejecución desde el año pasado un plan de infraestructura y de conectividad rural vecinal para las comunidades indígenas que abarca el periodo 2008-2012. Esta iniciativa implica 3 mil nuevos kilómetros de caminos y una inversión de más de 77 mil millones de pesos. Esta es una de las necesidades más sentidas por sus comunidades, así como contar con agua potable y de riego, para lo cual se puso en marcha un plan especial a fines del 2009 en la Región de la Araucanía.
Por su parte INDAP y CONADI acordaron la implementación de un programa especial de fomento productivo para los pueblos originarios, que contempla la habilitación de oficinas especializadas para la atención de usuarios, así como la asignación de recursos para programas, planes e instrumentos de fomento orientados a ellos.
Se han prorrogado los plazos de presentación de proyectos de desarrollo indígena dada la emergencia ocurrida con ocasión del último sismo que afectó al sur del país. En el ámbito educacional, el 2009 se completó la entrega de cerca de 45 mil becas indígenas, se aumentó en un 53% las becas de residencia y se realizó una nueva propuesta para los hogares indígenas. El programa de becas benefició durante el 2006 a 35.630 niños y jóvenes estudiantes indígenas del país; el 2007 a 40.295 y el 2008 a 43.895 niños y jóvenes estudiantes indígenas.
En cuanto al fortalecimiento de las lenguas indígenas hemos creado la Academia de la Lengua Aymara en Iquique y se desarrolló un programa de revitalización de las lenguas indígenas, a través del cual se publicaron los resultados del estudio "Perfil Sociolingüístico de Comunidades Rurales Mapuche", con información y datos estadísticos sobre competencia y desempeño lingüístico en el mapudungun en las regiones del Bíobío, Los Ríos y Los Lagos. En esta misma línea, se editó un texto con información relativa al estado de las lenguas aymara y quechua.
También se ha apoyado al Congreso de Lenguas Indígenas que debió ser pospuesto por el terremoto y que tendrá lugar a fines de Abril en la USACH en Santiago.
Además, se ha incrementado en $3.229.982.000, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Estos fondos permiten desarrollar tres líneas de acción, a saber: a) Implementación curricular; b) participación comunitaria; y c) enseñanza de las lenguas indígenas.
Debemos destacar que se han desarrollado acciones de impulso al programa de educación intercultural en jardines infantiles y escuelas con alta presencia indígena. Los jardines interculturales, un proyecto educativo desarrollado en los jardines infantiles y salas cuna INTEGRA, se ubican en 7 regiones, 17 comunas con una cobertura de 995 niños y niñas, distribuida de la siguiente forma:
Asimismo, se ampliaron a 323 las escuelas interculturales, y se previo la construcción y/o habilitación de 30 jardines infantiles, además del diseño curricular intercultural, cuyo período de ejecución fue 2008-2009, y la población beneficiada 2.100 niños de O a 4 años.
También se ha hecho una amplia difusión del Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato: se imprimieron 7.000 ejemplares, 3.000 de los cuales fueron entregados de manera especial a diversas organizaciones indígenas y 4.000 fueron distribuidos a la DIBAM y a distintas Bibliotecas escolares como una manera de contribuir a la difusión de la memoria histórica que este Informe contiene respecto de nuestros pueblos ancestrales.
Respecto a la enseñanza de las lenguas originarias en la educación básica, el plan debe ser sometido a consulta según el criterio del Consejo nacional de Educación y de este Ministerio.
El Fondo Nacional de Educación y Cultura Indígena de CONADI trabajó en la puesta en valor del patrimonio indígena material e inmaterial y en la capacitación de gestores culturales; en la producción de recursos pedagógicos de difusión y aprendizaje de la lengua y cultura indígena en escuelas y comunidades; en la generación de experiencias educativas en contextos urbanos del país y en la difusión de iniciativas regionales de arte y cultura indígena. También la comisión Bicentenario ha impulsado proyectos en el área indígena.
Hemos implementado, asimismo, el programa de manejo y protección del patrimonio cultural indígena con la reparación de sitios patrimoniales en Isla de Pascua y Valparaíso y se desarrollaron acciones para el reconocimiento de las prácticas culturales, sociales, deportivas y religiosas de los pueblos originarios.
Finalmente, se realizó la segunda Bienal de Arte Indígena, un evento intercultural único en su tipo en Chile, donde niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de conocer, apreciar y valorar el arte indígena en todas sus expresiones. A través de ella más de 20 mil visitantes conocieron y valoraron la cultura de los pueblos indígenas de Chile.
Hay que destacar que a partir del año 2007 se inició un programa de viviendas para indígenas urbanos proyectado hasta el 2010. A través de él debieran ejecutarse proyectos habitacionales en barrios que incluyan vivienda y equipamiento con pertinencia cultural para comités de indígenas urbanos sin casa.
Por su parte, dentro de la política de protección social existe el programa "Chile Solidario" que, entre otras cosas, prevé emprendimientos para familias indígenas focalizándose en comunas a lo largo del país con alta concentración de población indígena.
Asimismo, se realizó el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, donde participaron 150 mujeres de pueblos Aymara, Quechua, Licanantay, Colla, Diaguitas, Rapa Nui, Mapuche, Pehuenche, Huilliches, Lafquenche, Kawaskar y Yagan. El producto de dicho congreso debiera traducirse en la propuesta para el desarrollo de la mujer indígena.
También hay que mencionar el Programa de Salud y Pueblos Indígenas que se desarrolla desde el año 1996, implementándose actualmente en 25 de los 28 Servicios de Salud del país. Además, se han incrementado de 13 a 23 las salas de estimulación con pertinencia cultural dentro del plan Chile Crece Contigo. El siguiente cuadro indica un resumen.
Los logros en salud se sustentan en la creación de una serie de iniciativas comunitarias y territoriales, denominadas Experiencias de Salud Intercultural, entre ellas, la publicación de la Guía de la Gestación y el Nacimiento, incorporando contenidos propios de la cultura Aymara y Mapuche; la implementación de 18 salas de estimulación del desarrollo psicomotor de niños y niñas menores de 4 años con pertinencia cultural en las comunas de Putre, Colchane, Niebla, Lago Ranco, La Unión, Panguipulli, Malahue, Vilcún, Toltén, Cuararrehue, Freire, Carahue, Galvarino, Nueva Imperial, Padre de las Casas, Puerto Saavedra, Villarrica y Punta Arena. Así como la implementación de Salas de Parto Humanizado e Intercultural en los hospitales Juan Noé de Arica, Regional de Valdivia, regional de Iquique y Puerto Saavedra.
Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar algunos desafíos que tenemos por delante.
El principal de todos, a mi juicio, es que la sociedad chilena tenga una visión compartida sobre los temas indígenas, de tal manera que haya una política que pueda continuar en sus orientaciones básicas más allá del período de cada Gobierno. Hay que avanzar en producir un cambio cultural. Por eso es preciso que se conforme una conciencia común que tome en cuenta la realidad histórica, las heridas del pasado, los avances alcanzados y el desarrollo de los derechos de los pueblos originarios en el ámbito internacional, así como el insustituible aporte que realizan y pueden seguir efectuando al desarrollo nacional.
No habrá progreso de los pueblos originarios sin progreso de la sociedad chilena y, viceversa, sería ilusorio pensar en un avance de Chile que dejara a esos pueblos postergados.
En esta materia nos encontramos a mitad de camino.
Mi esperanza es que se profundice la conciencia sobre la nueva realidad de las relaciones entre Pueblos indígenas y Estado, avaladas por el Convenio 169 de la OIT. A lo largo de estos años, tal como lo señala el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, ha sido pedregoso el camino para reconocer los derechos indígenas en el contexto de una sociedad multicultural, más compleja y diversa.
Todos los ciudadanos esperamos que estos logros se mantengan y que se impulse la creación de una nueva institucionalidad y se cumpla la promesa contenida en la Ley Indígena sobre regularización de los títulos de tierras y acceso al aprovechamiento de las aguas, y se abran nuevos espacios de participación de las comunidades indígenas en la vida nacional.
Me despido de todos Uds. con pesar por no haber concluido algunas de las tareas en las que estábamos comprometidos, pero también les hago presente la satisfacción de lo logrado en procura de mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Después de todo lo avanzado es imposible volver atrás.
A todos ustedes, especialmente a los lonkos y autoridades tradicionales, con muchos de los cuales tuve oportunidad de compartir reuniones, debates y diálogos, les expreso mi agradecimiento por su consideración y comprensión, por la acogida que siempre me brindaron y por las ricas enseñanzas que cada uno me aportó.
A los jóvenes que con pasión buscan nuevos horizontes de justicia para los pueblos originarios también les agradezco su compromiso. Que mantengan su esperanza más allá de las dificultades, errores y tropiezos. La experiencia enseña que los cambios duraderos se construyen paso a paso. Para que perduren deben conquistar la conciencia de la gente.
Me voy con una convicción más profunda sobre la importancia del protagonismo indígena en nuestra sociedad: es como una semilla de araucaria que crece y crece hasta dar cobijo o como la transformación de Chile en una sólida casa común para todos sus hijos.
Fenpuiñ.
Lemorria tami pu che.
Pewkayall.
JOSE ANTONIO VIERA GALLO
MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA
COORDINADOR PARA ASUNTOS INDÍGENAS
nota: Ukhamawa no comparte el tenor del discurso del ministro Viera Gallo, sólo difunde el documento a modo de información.
