miércoles, 29 de marzo de 2017

Ecuador: Primer Encuentro de Escritores de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas

ecuador escritores indigenas
La palabra libro se escribe ‘kamu’ en kichwa y ‘papí aujtai’ en shuar. Ambos idiomas son oficiales en Ecuador, para la relación intercultural, según la Constitución del 2008.
Aunque se escriba diferente, los pueblos indígenas buscan algo en común: publicar textos de cualquier índole en sus idiomas maternos o también llamados aborígenes.
María Clara Sharupi es escritora en idioma shuar. Ha modificado los signos gráficos de su lengua ancestral para que puedan ser representados por el alfabeto occidental. La también trabajadora de la Cancillería tiene cuidado al expresar sus sentimientos en poemas. Hay cantos shuar que tienen una carga sentimental que no se puede transmitir con palabras. En los textos se las ingenia para que se refleje lo que verdade­ramente siente.  Ella escribe en shuar y traduce sus textos al castellano. Espera que pronto haya mayor difusión de obras en su lengua materna, que sea leída por el público y no solo por pequeñas comunidades e investigadores.
Sharupi participó del Primer Encuentro de Escritores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, que se desarrolló el sábado pasado en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Ariruma Kowi, coordinador de la cátedra sobre Pueblos Indígenas, considera que se debe enfatizar en la escritura para difundir el patrimonio de los pueblos en su misma lengua. Como parte del encuentro, se planteó im­pulsar un proyecto: una biblioteca básica de la lengua y cultura kichwa con 10 ­libros de poesía, cuentos y narraciones.
Ecuador tiene otros 14 idiomas de uso oficial que se hablan en determinados pueblos. Según el Atlas­ de la Unesco sobre lenguas, dos han desaparecido. Los autores encuentran otro inconveniente en la difusión de sus textos.
Lucía Lema, kichwa de Otavalo, comentó que los tirajes de las antologías en las que participa llegan a 1 000 ejemplares. Ella es presentadora del noticiero kichwa en Ecuadortv y después de su jornada de trabajo escribe sobre la cosmovisión andina, cuentos que le contaron en la infancia y también sobre temas universales, como el amor, la esperanza o el odio.

jueves, 16 de marzo de 2017

Chile: denuncia de atropellos a ancianos de comunidad kawésqar

DECLARACIÓN PÚBLICA Ante los lamentables sucesos que afectaron a los ancianos de la Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén.




DENUNCIAMOS por la presente declaración pública las acciones de hostigamiento, amedrentamiento y transgresión de los derechos ancestrales realizadas el día de hoy por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura – SERNAPESCA – y de la Armada de Chile, estos últimos portando armas, en contra de los ancianos de la Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén, Gabriela Paterito y Raúl Edén.
CON EL PRETEXTO de efectuar una fiscalización del tráfico ilegal de productos marinos, los funcionarios del SERNAPESCA, apoyados por la Armada de Chile, decomisaron siete kilos de ostiones congelados de propiedad de los ancianos, deterioraron sus artesanías e intimidaron a ambos mediante la toma prepotente de sus datos y la amenaza de sanciones.
SON GRAVES las acciones realizadas por el SERNAPESCA con el amparo de la Armada de Chile. Han interferido en las prácticas tradicionales del Pueblo Kawésqar. Los productos decomisados, extraídos legalmente en el Mar de los Kawésqar, eran destinados a regalos, una práctica ancestral de intercambios amparada por el derecho de los pueblos originarios. 
LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE CHILE, imponiendo su cultura asimilacionista, desoyeron a los ancianos y ejerciendo acciones discriminatorias, actuaron directamente sobre los ancianos acusándolos injustamente de infringir normas de la Ley de Pesca chilena. 
LOS DERECHOS ANCESTRALES de los pueblos originarios sobre sus territorios y recursos, tal como lo reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, del año 2007, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de los pueblos originarios costeros a los mares costeros y sus recursos, así como a las prácticas tradicionales sobre ellos.
LOS BOCHORNOSOS SUCESOS que debieron sufrir nuestros ancianos demuestran que el Estado de Chile incumple descaradamente sus obligaciones internacionales:
a)     Desconoce las recomendaciones de la FAO, cuya confección el mismo Estado de Chile encargó, y que demandan que en la Ley de Pesca se reconozcan los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos pesqueros y los territorios costeros;
b)     Aplica normas pesqueras inconsultas, provenientes de una legislación dictada al alero de la corrupción.
c)     Hostiga a comunidades costeras de pueblos originarios, pasando por alto las actividades de pesca y acuicultura ilegales que se llevan a cabo bajo las mismas narices de los funcionarios del SERNAPESCA y la Armada de Chile, tanto en la Región de Magallanes como en el resto del país.
d)     Desprecia las prácticas culturales de los pueblos originarios costeros, aplicando normas y actitudes asimilacionistas de sus funcionarios, en abierta transgresión del derecho internacional que nos ampara.
REQUERIMOS del Congreso Nacional el establecimiento de una comisión investigadora a la brevedad que establezca los hechos y eventualmente inicie los procedimientos constitucionales de rigor por el abandono de deberes que los altos funcionarios del sector vienen efectuando al no implementar nuestros derechos, hostigar a nuestros pueblos y someternos a prácticas estatales que atentan contra nuestra cultura y derechos básicos.
DENUNCIAREMOS estas prácticas funestas ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, a quien haremos llegar esta declaración. Igualmente iniciaremos las acciones que estén de nuestra parte para restablecer nuestros derechos y poner fin a la aplicación de una ley de pesca viciada en su origen y espuria en sus objetivos.

Firman la presente declaración, a 13 de marzo de 2017:
Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén 
Comunidad Indígena Kawésqar K'skial de Puerto Natales 
Consorcio ICCA
Observatorio Ciudadano
Boris Hualme, Comunidad Lafkenche Mehuin
Comunidad Indígena Ma'u Henua de Rapa Nui





viernes, 3 de marzo de 2017

Convocatoria de Acción de La Vía Campesina para el 8 de Marzo - Día de Lucha de las Mujeres


Comunicado de Prensa La Vía Campesina
(Harare, febrero 27, 2017) Para las mujeres de La Vía Campesina del mundo, el 8 de marzo es un día de lucha, resistencia, denuncia contra el sistema capitalista, las transnacionales y el sistema patriarcal y el machismo, que oprime, explota y violenta a las mujeres. También es día de solidaridad con la lucha de todas las mujeres. 
Como campesinas, estamos plenamente comprometidas con la lucha por la soberanía alimentaria como solución para un cambio sistémico. Esto incluye nuestra lucha por el acceso a la tierra, el agua, la salud y las semillas. Utilizamos la agroecología como una práctica política que contempla un mundo construido sobre los principios de la justicia y de la igualdad.
En los últimos tiempos, hemos visto un aumento en la violencia contra las mujeres. Nuestras luchas y resistencias están siendo criminalizadas en un contexto de conservadorismos crecientes, de desmantelamiento de las políticas públicas y de violaciones de los derechos de las mujeres obtenidos a partir de largas luchas. La reciente toma de poder de los gobiernos de derecha y de las fuerzas heteropatriarcales han impuesto un fuerte entorno en el que las mujeres son asesinadas con impunidad, son violadas y sufren violencia de las más distintas formas todos los días, para mantener y recolocar a las mujeres en el espacio privado, de la casa, de los cuidados y decirnos que nuestro lugar no está en la política y en la vida pública y social. 
Para eso es necesario que nosotras las campesinas del mundo en este 8 de marzo salgamos a las calles, que nos movilicemos, actuemos y defendamos nuestros derechos, nuestras tierras, nuestras semillas, nuestros alimentos saludables y alcemos la voz diciendo Basta de Violencia contra las Mujeres cada organización llevando sus banderas de lucha y de acuerdo a sus contextos locales.  Estamos comprometidas a construir alianzas para la lucha de las mujeres campesinas contra el capital y la violencia heteropatriarcal. Así apoyamos y nos unimos a la Huelga Internacional de las Mujeres en este 8 de marzo. 
¡Basta de Violencia contra las mujeres!
¡Globalicemos la lucha,Globalicemos la esperanza!
Tomar acción:
Envíe sus carteles, fotografías, videos, planes de eventos, invitaciones de prensa a lvcweb@viacampesina.org
También puede crear vídeos cortos. Para saber más, haga clic aquí
Para descargar pósters, tarjetas de medios sociales y más, haga clic aquí
Contactos:
Rashmi Munikempanna (India) - rashmi.munikempanna@gmail.com | +91 8762805428
Iridiani Seibert (Brazil) - iridianigs@yahoo.com.br | +55 61999662804 
Mily Treviño-Sauceda (USA) - milyliderescampesinas@msn.com | +19515451917

Honduras reafirma exigencia: justicia por homicidio de Berta Cáceres

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"Estamos exigiendo justicia para Berta y los demás líderes asesinados por defender nuestra tierra", declaró la portavoz de los estudiantes universitarios.
Un grupo de mujeres indígenas y estudiantes universitarios lideraron la protesta contra la impunidad que se presenta en Honduras, donde este viernes se cumple un año del asesinato de la activista Berta Cáceres, por quien ciudadanos y organismos internacionales exigen justicia.
"Con la siembra de nuestra hermana desgraciadamente por luchar contra este sistema nos la quitaron, nos la robaron, le robaron la vida; pero la lucha sigue", subrayó este jueves Margarita Pineda, representante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milph).
Pineda formó parte de un foro sobre la lucha de las mujeres indígenas contra el despojo del agua, celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se conmemoró un año del asesinato de la lideresa ambientalista.
En declaraciones a la agencia de noticias Efe, Nery Gómez, portavoz de los estudiantes universitarios, condenó el asesinato de Cáceres y pidió una investigación para castigar a los verdaderos responsables.
Gómez afirmó que Cáceres "no fue asesinada solo por ser una indígena, es por eso que estamos exigiendo justicia para Berta y los demás líderes asesinados por defender nuestra tierra".
Respaldo internacional
Sumado a la presión interna, entes internacionales también se han hecho eco de la exigencia, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que reclamó este jueves a las autoridades hondureñas proseguir la investigación.
"Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato", señaló la organización regional que protege los derechos humanos en el hemisferio.
De  acuerdo con la organización, el proceso investigativo del crimen incumplió en su totalidad las condiciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a sus responsables, tanto materiales como intelectuales.
Aunque Cejil reconoce que las autoridades atraparon a ocho personas hasta la fecha, consideró que todavía falta claridad del supuesto papel que jugó cada imputado en el hecho criminal.
"Tampoco existen resultados sobre los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, crimen que se debió a una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la líder", sostuvo.
Fuente: Telesurtv

jueves, 2 de marzo de 2017

Chile: Empresa pretende apropiarse del nombre “MAPUCHE”

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Siguen las formas de apropiación y usurpación de conocimientos y nombres propios del Pueblo Mapuche. En estos momentos, se encuentra en tabla del Tribunal de Propiedad Industrial, la solicitud de registro del nombre MAPUCHE, por parte de la empresa D & B Chile Limitada, representada por Mauricio Duque G., según causa rol: 002552-2016, solicitud N° 1210628.
Por su parte, desde hace algún tiempo un sujeto, MAX EDUARDO SARAVIA SUAREZ, empresario y consultor,  vinculado en servicios a municipios y empresas, mantiene, presumiblemente como encomendero,  el registro en Nic.cl del nombre  MAPUCHE.CL para promocionar la campaña “Paz en la Araucanía” vinculada a intereses de sectores latifundistas coloniales y empresas forestales.
Cabe consignar que en estos últimos años, diversas apropiaciones y usurpaciones de nombres, símbolos y toponimia Mapuche se han venido realizando arbitrariamente en ámbitos de proyectos de inversión, comercio, turismo,  que incluye dominios y patentes para fines empresariales y comerciales. Algunos de ellos tienen que ver con identidades propias relativas al conjunto  del Pueblo, otras con la cultura y espiritualidad, incluyendo las denominaciones de autoridades ancestrales e incluso, de lugares territoriales donde se emplazan las empresas o de héroes de la historia Mapuche.
La vieja práctica colonial de apropiación del patrimonio cultural indígena -tradiciones orales, diseños, iconografía, arqueología ancestral, arquitectura, artes, tecnologías, música, lugares, topónimos, idiomas, etc. – adquiere hoy una nueva dimensión, en tiempos de economía simbólica. Prácticas de fragmentación y usurpación a manos de terceros, ya sea como patentes, marcas, derechos de autor, indicaciones geográficas, también se ve reflejado en  nombres de dominio en internet.
Casi diariamente son inscritas diversas palabras de Pueblos Originarios como dominios t, muchas de ellas corresponden a iniciativas privadas de personas o instituciones no indígenas que en su mayoría responden a requerimientos de tipo comercial.
Al respecto, nombres como: Wallmapu, Machi, rehue, o quizás la más grave, el nombre “MAPUCHE” registrado en todas sus extensiones por empresas, son ejemplo de esta situación que se extiende a diversas formas.
Una empresa constructora es quien se apropió para fines comerciales del nombre “Rehue Limitada”, que emplea el nombre de un lugar ceremonial sagrado religioso Mapuche “Rehue”, mismo nombre es utilizado por otra empresa mercantil: Rehue administraciones.
Por otra parte, se encuentra una empresa  de repuestos de vehículos que se apropió del nombre que identifica a una autoridad ancestral Mapuche cabecilla socio política denominándose “Comercial Lonco”. También, una empresa Minera en la zona de Melipeuco se apropió del nombre Lonco. Lo mismo ocurre con una empresa de productos en frío, desde córdoba, tomando el nombre con que se identifica a una autoridad espiritual y medicinal Mapuche “Machi”, llamándose  Productos Machi – empresa Machi
Caso extremo igual es el de una empresa de hierba mate Hierba Mate “Mapuche”, usando el nombre de la identificación de todo un Pueblo. La empresa representada por Aldo Dávalos señala: “Somos líderes indiscutidos en calidad y servicio con nuestras marcas, somos la única empresa especializada y dedicada exclusivamente a importar, elaborar y envasar Yerba Mate en Chile”.
Otra apropiación que dejó bastante controversia, es la adopción del nombre “Tantauco”, hecho histórico por un tratado del siglo 19 y que es parte de la toponimia en Chiloé, que identifica a las Comunidades Huilliche y que el ex Presidente Sebastián Piñera lo tomó para sus negocios y un parque cuyas tierras han sido reivindicadas.
En Chile La   Ley (19.039) expresamente prohíbe para símbolos, nombres, siglas relativas a la “Nación” (chilena) , las denominaciones  o siglas de cualquier Estado, organizaciones internacionales o servicios públicos estatales, el nombre o retrato de cualquiera  persona natural, (excepto  si  tiene su consentimiento), las que reproduzcan o   imiten signos oficiales de garantía por parte del  Estado, salvo autorización; las expresiones que indiquen, género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad, sin embargo, es distinta la realidad para los Pueblos indígenas en Chile.
Sobre este escenario, Salvador Millaleo, Mapuche, Abogado de la Universidad de Chile, con estudios de Postgrado en Filosofía, Doctor en Sociología de la Universität Bielefeld (Alemania),  académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Experto en temas de Derecho y Tecnología y derechos humanos de los pueblos indígenas, explicaba a mapuexpress hace algún tiempo el por qué sucedes estos abusos, señalando lo siguiente: “No existe un marco normativo-jurídico en Chile que proteja los nombres indígenas, sus símbolos y distintivos, así como a la toponimia indígena cuando ésta no es oficial.  Apenas están protegidos los nombres de los topónimos indígenas que han sido usados como nombres oficiales de unidades administrativas del Estado como comunas o ciudades. Salvo en el caso de los nombres propios de comunidades y asociaciones indígenas formalmente constituidas según la Ley 19.253 y de los apellidos de personas naturales, los signos y topónimos indígenas pueden registrarse como marcas comerciales o nombres de dominio de Internet para privados en la ley chilena. Esto contradice el artículo 13.1 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, el cual establece que “Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.”. Recordemos que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, la citada Declaración de ONU interpreta el convenio 169 de la OIT, que es parte de nuestro orden jurídico”
Asimismo, Millaleo se refiere a la situación comparada, señalando: “En otros países, se entiende que la protección de los signos, nombres y distintivos indígenas son parte del derecho a la identidad de los pueblos indigenas y reciben una especial protección”, y agrega:   “En el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que rige las materias de propiedad intelectual, se prohíbe inscribir como marcas comerciales aquellas que “consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”.  También, de la misma forma se refiere a las condiciones en  Panamá:  “El artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual, se regula: “No pueden registrarse como marcas, ni como elemento de éstas (acápite 18). Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en ese numeral”.
Por su parte, se refiere a la situación en Argentina  “Allí existe la ley de marcas colectivas, que atribuye el uso de marcas con nombres y signos a las asociaciones que distinguen con ellos los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social, incluyéndose dentro de ellas a comunidades indígenas”.
A pesar de la existencia de un estándar en derechos y de normas aplicables, el Estado aún no reforma adecuadamente la legislación pertinente, tampoco ha constituido la disposición y buena fe para elaborar junto a los pueblos originarios manuales o instructivos de buenas prácticas para evitar que los particulares se aprovechen de los vacíos de la legislación chilena y se siga permitiendo la expropiación de conocimiento indígena y de sus idiomas.
Fuente: Alfredo Seguel / mapuexpress.org

Chile: La deuda del Estado con la infancia mapuche


por 
En políticas de infancia, tal como ha sido señalado por organismos internacionales como Unicef, Chile aún mantiene deudas importantes en temas de igualdad, buen trato y garantías de derechos sociales básicos.
La pobreza y la inequidad que afecta a gran porcentaje de niños en Chile sigue siendo una tarea pendiente, que si bien se ha tratado de atender con iniciativas específicas como  Chile Crece Contigo, no logran erradicar las secuelas de la segregación que se reproduce en todos los ámbitos y áreas de desarrollo de un niño. El problema de fondo es la existencia de  un sistema neoliberal que garantiza el bienestar de las familias con poder económico en desmedro de aquellas a quienes el mismo estado niega acceso a derechos básicos para su pleno desarrollo. Salud, educación y recreación son aspectos esenciales de la calidad de vida y de la estimulación del potencial de personas en desarrollo, que han sido históricamente descuidados en las políticas.
Pero un gran tema que urge abordar es el de la discriminación y segregación que, instalados como un discurso aceptado y naturalizado ha llevado a nuestro país y sus políticas a cometer graves errores en su trato hacia la infancia, manteniendo una deuda histórica particularmente con la infancia mapuche.
Como habitante de la región de la Araucanía he conocido de cerca el peso de la discriminación y prejuicio que pesa sobre los mapuche. Pero sobre todo la increíble invisibilización de que han sido objeto.
La situación de la infancia mapuche es un tema solo visibilizado a nivel del activismo que compromete su accionar en la denuncia de los atropellos que afectan a las comunidades en territorio mapuche. La negligencia del estado en garantizar los derechos fundamentales para esta infancia queda de manifiesto si se analiza desde el incumplimiento de la perspectiva de Derechos emanada de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, suscrita por Chile el año 1990. Muy por el contrario,  se ha contribuido a la violación de derechos humanos por parte del estado. La situación de abuso, hostigamiento, amedrentamiento, discriminación y violencia sistemática tanto de carácter física como psicológica ha sido objeto de reportes desde hace al menos 12 años. El Servicio de Salud Araucanía Norte el año 2004 ya alertaba sobre los efectos de los procedimientos policiales sobre niños y adolescentes.
Se ha documentado por parte de equipos profesionales de servicios de salud de las zonas afectadas el impacto traumático que los procedimientos policiales han significado para un sinnúmero de niños, desde lactantes hasta adolescentes. Estos mismos servicios de salud tanto de la provincia de Malleco como Cautín han debido atender urgencias de niños heridos con perdigones, con asfixia por bombas lacrimógenas, lesiones diversas en contexto de violentos allanamientos. Pero existen también lesiones más permanentes y complejas que son las secuelas psicológicas, que en términos psiquiátricos constituyen cuadros clínicos de complejidad diversa. Entre ellos se han documentado trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y alteraciones del sueño y somáticas tales como enuresis y/o dolores y malestares físicos en respuesta al trauma que vive cotidianamente esta infancia que es, como ya he señalado, invisibilizada. Estos niños y adolescentes han visto alterado su normal desarrollo por la violencia institucionalizada y avalada por un estado indolente que ampara a los agresores con un manto de impunidad, lo que resulta grave. Las prácticas de seguimiento, simulacros de fusilamiento a los padres, allanamientos de madrugada, el uso de bombas lacrimógenas son todos métodos ensayados bajo el régimen de dictadura que vivió nuestro país y que aún nos mantiene sin poder acceder a la reparación del daño causado ni mucho menos a la reconciliación. Parece increíble que no hayamos sacado lecciones de nuestro doloroso pasado reciente. En el territorio mapuche se han visto reeditadas muchos de los métodos que se usaron bajo dictadura desde organismos como Carabineros y la PDI.
El último informe de Amnistía Internacional, recientemente dado a conocer, revela que precisamente la impunidad frente al abuso policial es motivo de preocupación en materia de Derechos Humanos en nuestro país, siendo especialmente relevante el territorio mapuche. En cuanto al daño a la infancia mapuche, Unicef ya había hecho mención previamente.
El maltrato y abuso que vive la infancia en general en nuestro país no es solo responsabilidad de familias o padres con la etiqueta “negligentes”. Hay también un estado “negligente” toda vez que la conceptualización alude a la conducta de no garantizar los cuidados necesarios por dejar de hacer lo que debe, por no actuar cuando se debe.
Al respecto es pertinente y necesario recordar lo ocurrido hace un par de meses a Brandon Hernández Huentecol, adolescente mapuche, de 17 años, quien recibió 100 perdigones por la espalda por parte de un funcionario de Carabineros cuando el joven intentaba proteger a su hermano menor, hecho simplemente irracional y aberrante. Tolerar que las fuerzas policiales en un estado que se dice democrático lleven adelante tal abuso de poder al atentar directa y alevosamente  contra la integridad de un menor de edad es inaceptable. No rechazar estas acciones involucra condonar y normalizar el atropello de niños y adolescentes por los mismos agentes de un estado que debiera proteger de cualquier daño.
Pero estas acciones no son nuevas, diferentes recursos judiciales han sido presentados por organismos defensores de derechos humanos. El año 2012,  acogiendo una presentación de INDH y la Defensoría Penal Pública frente a una actuación violenta de Carabineros en Temucuicui,  la Corte de Apelaciones de Temuco ordena a Carabineros abstenerse de medios disuasivos violentos en contra de menores de edad. La medida fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema, que ordenó una investigación sobre el actuar policial en aquel entonces.
En lo especifico parte del fallo conminaba a que: “ Carabineros de la prefectura deMalleco debe ajustar estrictamente sus procedimientos a la ley vigente absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas..., y en especial cuando dentro de dichos grupos de personas puedan haber niños y niñas".
Lo que ha ocurrido es un incumplimiento del fallo emanado de la autoridad judicial y una muestra más, entre muchas, que los funcionarios policiales actúan al margen de la Ley.
Brandon, que debió permanecer varias semanas internado en una clínica  es un menor de edad que bajo esta criminal acción estuvo en riesgo vital. No logro entender cómo la sociedad chilena puede permanecer tan pasiva frente a estos atropellos a la infancia que constituyen violación de derechos humanos gravísimas, al ser perpetradas con alevosía frente a un niño indefenso por agentes del estado.
Este hecho ha pasado mayormente desapercibido para la opinión pública y las autoridades no han hecho pronunciamiento al respecto, mientras Carabineros sostiene la tesis de un “accidente”. Tampoco ha habido desde el  Servicio Nacional de Menores ninguna acción o declaración al respecto, organismo cuya misión es precisamente garantizar la protección de los derechos de la infancia.
El maltrato y abuso que vive la infancia en general en nuestro país no es solo responsabilidad de familias o padres con la etiqueta “negligentes”. Hay también un estado “negligente” toda vez que la conceptualización alude a la conducta de no garantizar los cuidados necesarios por dejar de hacer lo que debe, por no actuar cuando se debe. Y la gran diferencia con el nivel privado de la negligencia que pueden ejercer las familias, es que estas últimas muchas veces llegan a incurrir en ella por ignorancia, producto de su marcada marginación o por falta de recursos de toda índole (personales, intelectuales, materiales). En cambio la negligencia del estado es con pleno conocimiento de causa, con claridad de aquello a lo que se comprometió a garantizar cuando se firmaron los  tratados como la Convención de los Derechos del Niño, con pleno conocimiento de la obligación que le asiste en proteger  a la infancia y garantizar el ejercicio de sus derechos, desde el derecho  a la vida y a desarrollarse en  un contexto libre de violencia. Pero falla el estado sistemáticamente,  no rectifica ni hace un mea culpa, porque mantiene la impunidad de los abusadores y no adopta las medidas que debe, es un estado negligente en la protección de su infancia, pero además es discriminador porque permite la vulneración de la infancia mapuche, que carga ya con el peso histórico del despojo, la marginación y las condiciones de pobreza que cuya responsabilidad también le compete al estado.
Sin duda, aún falta mucho por hacer para saldar de deuda con la Infancia en general, pero en particular con la infancia mapuche. Comprometerse con esa tarea debiera empezar a ser el deber pendiente en nuestra sociedad tan nublada por el clasismo y el racismo.
Fuente: El Mostrador 
Fotografía: INDH

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Ella se ha dedicado a entregar al mundo las costumbres de su cultura a través de las recetas que heredó de sus ancestros.

"Transmitiendo saberes y sabores del mundo andino" es su frase insigne y con la que se presenta en todas las exhibiciones que tiene Aurora Cayo, una mujer de 57 años que se define como una "cocinera, no soy chef porque ellos estudian, yo aprendí a través de los conocimientos de mi madre, de mi comunidad, y me dediqué a esto, más que por una necesidad económica, por una necesidad de rescatar y valorizar los productos que se estaban perdiendo", afirmó Aurora a este medio.
Nace en el pueblo de Chiapa, en la Comuna de Huara, donde despertaba cada mañana percibiendo los aromas que se traspasaba por la casa, ya que su madre o su abuela preparaban el desayuno, el cual consistía en "papas cocidas, cebolla frita, carne o chicharrón, sopaipillas, más una taza de mate o hierbas, sino un caldo con lo que hubiese en la temporada porque se respetaba mucho las estaciones de cosecha", comentó.
Para ella y su comunidad existe una hoja que es sagrada "la hoja de coca, es la conexión con nuestra madre tierra y alimentar el cuerpo y espíritu, nosotros a través de ella sentimos a nuestros ancestros, con ellos se puede visualizar caminos; no es droga como hoy se le asocia, es una planta que tiene vida y espíritu, entonces al hacerle daño e incorporar químicos ella se revela y causa daño", afirmó Aurora.
Aurora Cayo:
"Nos hemos insertado tanto en esta sociedad globalizada que estamos perdiendo la identidad".

Ella se define como "la voz de los sin voz" y ha sido la persona que ha llevado la cultura aymara a otros rincones, no solo de Chile sino que del mundo. Italia y Milán han sido las ciudades que ha visitado gracias a lo que representa en cada uno de sus platos, además de la energía que siente de sus ancestros y "de los seres de luz que me han ayudado para llegar hasta donde estoy". Según comentó, esos seres son personajes que han aparecido en este largo camino y que la han ayudado para dar a conocer su cultura.
La dicha de haberse convertido en uno de los personajes que inmortaliza la tradición aymara la ha llevado también a creer en ella y sacar provecho de esto para poder sustentarse como una persona independiente. Hantaturu Banquetería Andina, es el emprendimiento que tiene con su hija Susan, una pyme que lleva tres años y "tiene como finalidad dar a conocer, valorar e innovar los saberes y sabores que han sido heredado de nuestros ancestros", aseguró.
Una tradición que se niega a morir, ya que ella ha tratado de realizar las mismas recetas de sus antepasados fusionándolas con diferentes ingredientes y que le entrega la tierra de forma orgánica y absolutamente natural. "Nos hemos insertado tanto en esta sociedad globalizada que estamos perdiendo la identidad. Hoy ser aymara significa el beneficio social, pero realmente el compromiso y estar con la comunidad, y recordar a los ancestros se ha perdido".
En su hogar, ubicado al sur de Iquique, Aurora está en un rincón donde tiene diferentes artículos y alimentos, un ritual donde la mesa de Challa se prepara para ser entregado hoy en ofrenda a la Madre Tierra en período de Carnaval, el cual comenzó hace dos semanas cuando parte un nuevo tiempo agrícola para cosechar, allí se realizan bailes y celebraciones, además de adornar a las llamas con adornos para la fiesta.
Fuente: La Estrella de Iquique

Fotografía: Aurora Cayo