martes, 29 de septiembre de 2009

CONAIE- Ecuador: Movilización por la dignidad, la vida y la plurinacionalidad

CONAIE

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

 


Movilización por la dignidad, la vida y la plurinacionalidad


El movimiento Indígena del Ecuador nos ratificamos en el llamado al pueblo ecuatoriano a la Movilización pacífica como expresión del legítimo derecho a la resistencia consagrado en la Constitución.


Los derechos de todos los ecuatorianos se encuentran amenazados por un gobierno que ha ido alejándose de la voluntad de transformación expresada por la mayoría de la población; al aferrarse a un modelo político y económico que atenta contra las generaciones futuras, al vulnerar los derechos de las personas y la naturaleza.


La CONAIE ante las declaraciones del Presidente de la República del Ecuador, hace público el siguiente posicionamiento:


1.- La movilización que empieza el día de hoy 27 de septiembre del 2009, es la medida a través de la cual las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, ejercemos el Derecho a la Resistencia garantizado en la Constitución Política del Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Hemos agotado todas las posibilidades de diálogo real. La CONAIE ha hecho propuestas formales sobre los temas fundamentales para el país, tanto frente a la Asamblea Constituyente, como en el Congresillo y la nueva Asamblea Nacional.


2.- La CONAIE es la instancia legitima de representación de todas las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Nuestras decisiones, resoluciones y medidas políticas son resultado de intensos procesos de análisis, debates y consultas. La presente movilización es la consecuencia de un amplio proceso de participación y organización de nuestras bases en diferentes asambleas.


3.- Las demandas de la CONAIE son de interés nacional y responden a las preocupaciones de amplios sectores de estudiantes, trabajadores, jubilados, comunidades afroecuatorianas, montubios, campesinos, pueblos del manglar, mujeres y jóvenes, tanto en sectores rurales como urbanos. En conjunto, exigimos las medidas de rectificación que garanticen nuestros derechos fundamentales, la democracia, el estado de derecho y la plurinacionalidad.


4.- La decisión de la movilización es responsabilidad colectiva, autónoma y fundada en derechos. Rechazamos firmemente toda acusación de desestabilización de la democracia. La única amenaza al orden constitucional, proviene de las actitudes autoritarias de parte del ciudadano Rafael Correa. Objetamos la pretensión de relacionar la movilización con sectores de la derecha y del poder económico y político que han sumido al país en la grave situación en que nos encontramos, y a cuyos intereses parece responder el gobierno de la revolución ciudadana.


5.- Las voces indígenas por las que el gobierno pretende sin éxito, presentar a un movimiento indígena dividido, pertenecen a individuos aislados, varios de ellos funcionarios públicos y portavoces del régimen. Los derechos indígenas han sido históricamente exigidos desde la CONAIE y jamás desde posiciones aisladas. El gobierno nacional ha agredido constantemente al movimiento indígena, tratando de descalificar nuestra lucha a través de argumentos que revelan una visión colonial e inclusive racista.


6.- Rechazamos firmemente el uso de recursos públicos para atentar y desnaturalizar una legítima movilización por la dignidad y derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, que la CONAIE convoca y a la que adhieren en libertad amplios sectores que reivindican el respeto al espíritu del SUMAK KAUSAY o Buen Vivir, que es el eje que articula la Constitución Política hoy desconocida por el régimen.


7.- Denunciamos la militarización y el ejercicio de la violencia del Estado en nuestros territorios y amplios sectores del país, así como también las disposiciones de represión en todo nivel. En ejercicio de nuestros derechos, la CONAIE, denuncia estos hechos y alerta a la ONU, OEA, UNASUR sobre la responsabilidad del gobierno cuya obligación es garantizar los derechos humanos fundamentales de la población.



8.- Hacemos un formal llamado a los mecanismos de Derechos Humanos tanto de la ONU como de la OEA para que intervengan inmediatamente frente al racismo y estigmatización, promovidos desde el discurso del Presidente Correa, que vulneran la dignidad de dirigentes, líderes sociales, y organizaciones indígenas. Hacemos pública a nivel internacional la denuncia sobre las intenciones y acciones del régimen, tendientes a empujar irresponsablemente a otros sectores sociales contra las Nacionalidades y Pueblos indígenas.


No permitiremos bajo ningún concepto que queden en la impunidad hechos de violencia, racistas, y de discriminación, por discriminatorios, antidemocráticos y contrarios a la dignidad de los pueblos.


Consejo de Gobierno de la CONAIE.

 

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domingo, 27 de septiembre de 2009

Ecuador: Correa advierte que impedirá protestas indígenas

Ecuador: Correa advierte que impedirá protestas indígenas

25 de Septiembre de 2009

QUITO (AP) - El presidente Rafael Correa acusó el viernes de "prepotencia" a dirigentes indígenas que convocaron a una movilización nacional a partir del domingo y advirtió que el gobierno no permitirá bloqueos de carreteras ni otras acciones que suelen producirse en estas protestas.

En declaraciones a periodistas, Correa afirmó que "¿qué se creen esos dirigentes?, tanto tiempo fueron víctimas de hacienda, de explotación, y ahora los ciudadanos tenemos que ser víctimas de la prepotencia de unos cuantos dirigentes, del cierre de vías. Eso es ilegal".

Destacó que "si quieren protestar: maravilloso, que marchen, que se reúnan en una plaza, pero cerrar carreteras, tirar piedras, quebrar vidrios, ya basta, eso no lo vamos a permitir".

El dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Humberto Cholango, dijo en radio City que "como movimiento indígena no vamos a aceptar los insultos ... tampoco vamos a aceptar las imposiciones".

Dijo que los indígenas creen en el diálogo, pero adujo que cuando después "humillan, ofenden, (y) menosprecian a los pueblos indígenas, entonces no entendemos, no comprendemos qué políticas intentan llevar adelante", acotó, sin identificar a nadie.

Los indígenas se oponen a la aprobación de leyes como la de minería y explotación petrolera, y régimen de aguas, impulsadas por el régimen del Correa, de las que se espera que no haya obstáculo para su aprobación debido a que el movimiento oficialista y pequeños aliados, tienen mayoría en la Asamblea Nacional.

A la protesta, convocada por tiempo indefinido por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, se han adherido los profesores de escuelas públicas reunidos en la Unión Nacional de Educadores, UNE, comerciantes informales, estudiantes y campesinos.

Los "levantamientos indígenas", como se conocen las convocatorias de las organizaciones indígenas, se han caracterizado por bloqueos de carreteras, con troncos y grandes rocas, con el consecuente desabastecimiento de alimentos en los grandes centros urbanos.

El comandante de la Policía, Freddy Martínez, en rueda de prensa, expresó que "el sábado y el domingo estaremos los generales liderando y controlando el proceso para evitar las cosas que nos pueda afectar a la seguridad ciudadana".

El vicepresidente de la UNE, entidad que cumple una paralización de actividades desde el 15 de septiembre, William Pazmiño, aseguró que "creemos que se puede manchar de sangre el país, la 

próxima semana que está anunciada la movilización de los indígenas". No dio detalles.

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Ecuador: Ley de Aguas





 
2a. Entrega
Movilizaciones iniciaban a las cero horas de hoy

La defensa del agua reagrupó a indígenas Organizaciones rechazan el proyecto de Ley de Recursos Hídricos que da control exclusivo del manejo del líquido al Estado. Consideran que autoriza el uso del recurso natural para la minería y temen privatización 
Redacción Expreso
Fotos: Romina Icaza / EXPRESO
Canal. La comunidad Cangagua, en Cayambe, ha construido con mingas su propio reservorio y canales de riego. Allí reclaman el hecho de que se los deje fuera de la toma de decisiones.
 

A diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores movilizaciones indígenas, donde las decisiones las tomaron entre los altos dirigentes, las protestas que se inician hoy son el resultado de una petición expresa de las organizaciones de base de la Conaie, Ecuarunari y sus filiales.

"Fuimos nosotros los que luego de ver lo que tiene la Ley de Aguas del Gobierno pedimos a la dirigencia que nos movilicemos", cuenta Ramiro Catota, presidente de la Junta de agua de Planchaloma, comunidad que se ubica en los bajos del páramo de los Illinizas en Cotopaxi.

Según Abram Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), la planificación de esta medida lleva un año, luego de la negativa de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) de tomar en cuenta las propuestas del sector indígena sobre la administración del líquido.

A partir de ese instante los altos dirigentes indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía, continúa Salazar, decidimos informar a las bases lo que estaba pasando e iniciar un proceso de socialización de los contenidos del proyecto del Gobierno, así como de la Conaie para determinar la postura que debíamos tomar frente al tema y a las autoridades.

"Realizamos talleres, conversatorios y grandes concentraciones donde explicamos qué pretende hacer el Gobierno", insiste el dirigente. Esto lo confirman, Jaime Choloquinga y Jorge Candalejo, comuneros de las poblaciones campesinas de Poalo y Zumbahua.

"Nos aclararon que la ley, como está, es perjudicial pues permitirá que el agua se privatice y que el manejo quede en manos del Gobierno; lo debatimos y las movilizaciones son producto de ese análisis", dice Candalejo.

Esta dinámica se multiplica en la Sierra norte, donde en la última semana, las bases han convocado a varias asambleas para actualizar a su gente sobre el avance del proyecto de ley en la Asamblea.

La difusión ha tenido alcance en el área urbana de Otavalo y en la parte rural, en parroquias como Ilumán. Mientras ayer se cumplió una última concentración en Cangagua, Cayambe, de 50 comunidades y juntas de agua del canal Guanguilqui- Porotog.

Entre sus pobladores está, Gerónimo Pilumbaquí (de 77 años) quien en pleno páramo, mientras remueve la tierra para limpiar las malezas de los cultivos de cebolla blanca, reflexiona "han querido hacer creer que los indios estamos divididos, pero no es así.

Somos organizados, todos los canales de riego y los reservorios, los hemos construido a través de mingas porque el agua es para todos".

Para el líder, Ricardo Ulcuango, el agua sobrepasa cualquier aspecto de separatismo. Resaltó que en el 2008, las juntas de agua y la Conaie, propusieron al legislativo un proyecto que decía que el manejo de agua debe ser a nivel de entidades públicas y desde las organizaciones comunitarias. A su criterio, ahora se quiere desvirtuar el papel de la Conaie y la Ecuarunari, tratando de confundir a las comunidades, "nos corresponde participar en la toma de decisiones". (BHS-LCF)


La educación bilingüe es otro punto de discordia

Aunque la defensa del agua es la principal bandera de lucha de los movimientos indígenas del país. Otro tema que fue analizado durante las asambleas realizadas en Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha e Imbabura fue el manejo de la educación bilingüe que, según los dirigentes, está siendo politizada por el Gobierno.

Jorge Guamán, coordinador de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), denunció que la educación bilingüe en las provincias serranas ha sido utilizada para pagar favores políticos de parte del presidente de la República, Rafael Correa, ya que se rompió con el sistema de selección de las autoridades que tenían los movimientos indígenas.

"Básicamente se consideraban las actitudes, pero son colocadas a dedo". Con esto coincide la lideresa de la Ecuarunari, Nancy Iza. Según ella el Gobierno ha colocado incluso a personas que trabajaron con el Partido Sociedad Patriótica (PSP). (BHS)


Fuente: Ecuachaski

Alejandra Flores Carlos
Iquique - Chile



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Ecuador: Movilización Nacional en Defensa del Agua

www.ecuarunari.org 

Movilizacion en Defensa del Agua

POR LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA


Quito, 25 de septiembre de 2.009.- El movimiento indígena del Ecuador, con toda la fuerza social de la CONAIE, ECUARUNARI, juntas de agua de regantes y agua potable denunciamos al país que la información tergiversada que el gobierno nacional está transmitiendo estos días  es para ocultar  todo el acaparamiento de aguas  que esta en manos de la oligarquía.
 

Aclaramos que por parte del gobierno  no existe la  voluntad política para realizar cambios profundos y reales que destierren definitivamente el modelo económico neoliberal que ha llevado al Ecuador a profundizar la inequidad social, económica y la exclusión sistemática. Denunciamos que  nuestras propuestas enviadas al gobierno de la "Revolución Ciudadana" no han sido acogidas,  por el contrario han sido invisibilizadas.  


La propuesta de Ley de Aguas que presentamos el 19 de Noviembre del 2008 en el sector del Cajas de Pichincha en presencia de los asambleístas de Alianza País y de más de 20.000 compañeros y compañeras  prácticamente fue echada al tacho de basura y no tuvo el más mínimo análisis por parte de la actual Asamblea Nacional.


A esta estrategia de mentiras que ha montado el gobierno de Rafael Correa contra las organizaciones sociales, indígenas y campesinas se suma las verdades a medias donde se detecta el afán de la continuidad concentradora que tiene el proyecto de ley de aguas del gobierno.

Por esta razón y en pro de que exista un debate  serio de los contenidos de estas leyes y para que sean realmente revolucionarias, puntualizamos el siguiente análisis:


El Gobierno Nacional señala que la propuesta de ley orgánica de los recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua no es privatizadora, según consta en el Art. 3, esto es una verdad a medias, puesto que deja abierta la posibilidad de negociaciones con empresa nacionales oligárquicas; por otra parte en diversos artículos entre ellos el articulo 67 muestra claramente la concepción mercantilista que tiene el gobierno sobre el agua, así leemos: "…en su otorgamiento priman las consideraciones de carácter económico y de mercado…". En el Art. 73, leemos: "Se otorgarán autorizaciones de aprovechamiento económico del agua para actividades mineras, de manera prioritaria para aquellos proyectos de interés nacional que contemple el Plan Nacional de Desarrollo." Esto demuestra la concepción mercantilista de este proyecto de ley que concibe al agua como mercancía.


Es necesario aclarar al pueblo ecuatoriano  que este proyecto de ley tampoco permite la desprivatización del agua. La actual distribución demuestra una concentración de éste recurso en manos de sectores oligárquicos, es así que:


*64 % del caudal del agua se encuentra en manos privadas
* 13% para las comunas y juntas de agua
*1% de los "beneficiarios" concentra el 63% de la tierra y 64% del caudal del agua para riego
*99% de los beneficiarios comparte el 37% de tierra y capta tan solo el 36% del agua para riego

La distribución inequitativa del agua se refleja en casos como el de la parte baja de la cuenca del Guayas; Chilintomo, Chanchán, Chimbo, Bulubúlu, Cañar y Jahua, que poseen 45 mil 742 litros por segundo, de los cuales el 76% del caudal va a solo 61 empresas con un promedio de 566 litros por segundo para cada hacienda.


En contraste, cerca de 1000 campesinos y agricultores propietarios de fincas que producen alimentos para el país, captan apenas el 24%, con un caudal promedio de 11 litros por segundo por finca; y en cambio empresas que cultivan productos de exportación concentran el 76% de agua en sus tierras.


Como actores históricos en el manejo y administración del agua, que con mucho esfuerzo hemos construido en base a mingas los sistemas de riego, rechazamos la intención del gobierno de expulsarnos del derecho a administrarlos como desde hace décadas lo venimos haciendo. No aceptaremos jamás constituirnos en instancias solamente consultivas, porque eso significaría estar bajo los intereses de los gobernantes de turno, de los sectores oligárquicos y las transnacionales que pretenden a toda costa tener el control y usufructo del líquido vital.


Comunicación ECUARUNARI
ECUACHASKI


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La verdad sobre LEY de Aguas

En estas direcciones algunos videos sobre el tema
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Indígenas del Ecuador llaman a movilización general en defensa del Agua

La Asamblea Provincial de Dialogo Intercultural en Defensa de los
Territorios y Recursos Naturales,  realizada en el Cantón Gualaquiza,
provincia de Morona Santiago el 26 de septiembre del 2009.

RESUELVE

1.- Respaldo y participación activa   de todos los sectores sociales,
gremiales, sindicales, establecimientos educativos, hispanos, bilingües,
laicos y fiscomisionales al levantamiento indígena del 27 de septiembre
del 2009, convocada por la CONAIE.


2.- Mantener la unidad de las organizaciones indígenas, sindicales y
gremiales en defensa de los recursos naturales y territorios en la
provincia de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, por violentar los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

3.- Retiro inmediato y definitivo de la compañía ECSA de los territorios
indígenas y campesinos de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

4.- Rechazo, desconocimiento y derogatoria a los decretos ejecutivos N.
15-85 y 17- 80, que atenta contra la Educación Bilingüe y la
evangelización a las Nacionalidades y Pueblos indígenas.

5.- Apoyo a la creación de la Región Autónoma amazónica en cumplimiento a
la Cumbre Amazónica realizada en la provincia de Orellana.

6.- Rechazar los proyectos de leyes impulsados por el gobierno  por ser
inconsultos e inconstitucionales.

7.- Desconocer y  solicitar la derogatoria inmediata de la creación de la
asociacion Shuar Churuwia otorgado por el CODENPE.

8.- Solicitar al CNE se convoque a consulta popular para la definición
sobre la explotación de los recursos naturales en la provincia de Morona
Santiago.

Atentamente,

Consejo de Gobierno de la FICSH

Comunicación CONAIE
Desde Gualaquiza.


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Chile: Comunidades indígenas de Ranco anuncian masiva marcha contra el Gobierno mañana lunes

Domingo 27 Septiembre 2009 | 16:21

Incluso, señalaron que el Coordinador de Asuntos Indígenas, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, está más cerca del empresariado que de los pueblos originarios.

La manifestación está siendo convocada porque se está dejando afuera a los municipios como instancias de diálogo, que en el caso de comunas de alta ruralidad son principalmente el único referente en la toma de decisiones.

Jaime Huincahue, representante de la comunidad indígena Augusto Cheuquepán, dijo a Radio Bío-Bío de Valdivia que con esto se vulnera el derecho de consulta de las comunidades.

El dirigente señaló incluso que no existe un diálogo fluido con el Gobierno, porque aquella instancia no sería propiciada por el Coordinador de Asuntos Indígenas, el ministro José Antonio Viera Gallo.

La marcha está fijada para las 11 de la mañana de este lunes 28 de septiembre, en el centro de La Unión, para dirigirse hasta la municipalidad y luego a dependencias de la Gobernación del Ranco, donde entregará un documento con sus reclamos por lo que califican la implementación parcial del Convenio 169 de la OIT en la zona.

El informe es de Carlos López de Radio Bío-Bío de Valdivia.

Fuente: Radio Bio Bio

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Comprobado científicamente: En Chile se discrimina salarialmente a los indígenas



¿Bajo qué contexto la población indígena de nuestro país tiene que salir al mercado laboral? ¿Con qué reglas se encuentra? ¿Qué realidades debe enfrentar? Ésas fueron las preguntas que el año 2005 se plantearon los economistas Paz Garcés y Rodrigo Montero, que entonces trabajaban en Mideplan. Y para responderlas realizaron el estudio "¿Existe discriminación salarial contra la población indígena en Chile?".

Montero explica: "Aplicamos una metodología que es bastante estándar en economía cuando quieres identificar cuáles son los responsables de las brechas salariales, que es la desarrollada por Oaxaca y Ransom. Así, tú puedes determinar qué parte de la brecha salarial se debe a diferencias en tu dotación -por escolaridad y experiencia laboral, por ejemplo- y qué parte se debe a discriminación, es decir, me pagan menos sólo porque pertenezco a este grupo, porque tengo esta característica. En general, esta herramienta se usa en Chile para estudiar brechas hombre/mujer y en EEUU se usa para averiguar brechas entre población blanca y de color, o latina".

Para realizar el estudio, los economistas utilizaron los datos disponibles en la encuesta Casen hasta 2003, y acotaron el universo de análisis a la población económicamente activa, entre 15 y 65 años, de los nueve pueblos indígenas chilenos: aymara, rapa nui, quechua, mapuche, atacameño, coya, kawascar, yagan y diaguita.

Los resultados obtenidos son claros: "(…) Es posible señalar que hay evidencia empírica sólida para afirmar que en Chile existe una discriminación salarial contra la población indígena, la que además es estable en el período en análisis. Por otro lado, esta discriminación se basa en una discriminación pura, en la que el componente favoritismo es prácticamente inexistente. Es decir, personas con similar capital humano reciben un menor pago por el sólo hecho de pertenecer a un grupo indígena (…)".

Aunque el estudio realizado en Mideplan utilizaba datos correspondientes sólo hasta 2003, los economistas a cargo, ya fuera del ministerio, se han encargado de seguir actualizándolo. "Mostramos que efectivamente existe una discriminación salarial en contra de la población indígena en Chile, que en el año 2006 estaba en torno al 12%. Es bastante estable la discriminación, las brechas se mueven poco en el tiempo y generalmente se mueven como lo hace el ciclo económico", explica Montero. Y agrega: "Aunque esta herramienta sirve más para identificar el problema que para explicarlo, hay distintas teorías que tratan de responder por qué se daría esta brecha. Una es porque el empleador, a priori, podría pensar que si una persona pertenece a este grupo, es menos productiva y, por lo tanto, le pagan menos. Eso puede ser un estigma de los indígenas, que dice que son flojos, que trabajan menos. Otra hipótesis es que en realidad son los mismos pares, los colegas, los que discriminan. No les gusta trabajar con gente que sea distinta, los segregan y como nadie quiere trabajar con ellos, finalmente terminan trabajando peor remunerados".

Fuente: The Clinic.cl
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DANIELLE MITTERRAND INTERVINO EN DEFENSA DEL PUEBLO MAPUCHE

2009-09-27 
En sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

Con ocasión del 12º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la adopción del informe del Estado chileno sobre el Exámen Periódico, el 24 de septiembre, la Sra. Danielle Mitterrand, representando l'ONG «France-Libertés» y la Red  de Solidaridad Internacional con Elena Varela y el Pueblo Mapuche, intervino en la sesión señalando el carácter abusivo e injustificado de la criminalización de las manifestaciones de este pueblo por la salvaguardia de sus derechos fundamentales y territorios ancestrales. 

Indicó además, que esta criminalización está ilustrada por la aplicación de la Ley antiterrorista y la detención de documentalistas quienes efectúan reportajes sobre los conflictos entre las comunidades mapuches y el Estado chileno y los intereses privados. Subrayó además,  que esta criminalización se acompaña de una cruel represión -de la cual ella fue testigo- terminando su intervención con la petición de que el Consejo de Derechos Humanos intervenga para que el Estado chileno ponga fin a esta criminalización, a la aplicación de la Ley antiterrorista y que garantice a través del Alto Comisariado de DDHH,  un diálogo de igual a igual con el gobierno para resolver los conflictos existentes.

En paralelo a esta sesión, una Conferencia denominada "Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista" fue organizada,  por las mismas organizaciones en la sede de la ONU, en la cual se contrarrestaron los argumentos emitidos previamente, en la sesión del Consejo, por el Embajador Permanente del Estado chileno ante la ONU, Carlos Portales. En este evento intervino nuevamente la Sra. Mitterrand quien habló de su visita a Chile efectuada en el marco de una Misión de su institución en abril de 2009 y ratificó sus argumentos expresados en la sesión del Consejo.

El antropólogo francés Fabien Le Bonniec situó el marco social, político y económico en el cual se están produciendo estos conflictos.

Intervino además, el abogado de Elena Varela, Jaime Madariaga, quien señaló que el informe presentado por el gobierno chileno,  describe a Chile como un  paraíso de los Derechos Humanos y remarcó la falsedad de las afirmaciones sobre el número de casos de mapuches a quienes se les ha aplicado la ley antiterrorista. Son cinco y no dos las personas de origen mapuche a quienes se les ha aplicado esta ley durante el gobierno de Bachelet, a pesar de su promesa durante su campaña presidencial de no aplicar esta ley dentro del contexto de lo que ella llamó, al hacer su promesa, "El Conflicto Mapuche". La misma ley se ha aplicado también, a personas no mapuches que están  relacionadas con la lucha de este pueblo en sus demandas de recuperación de tierras, autonomía y derechos territoriales.

Indicó que todas las acusaciones han sido establecidas por supuestos delitos contra la propiedad o de daño material, y ninguna lo ha sido por delitos contra la vida. Existen condenas basadas únicamente las declaraciones de testigos sin rostro. Señaló además, que el Estado ha perseguido a los violadores de Derechos humanos durante la dictadura, pero que no lo ha hecho contra quienes violan actualmente los derechos humanos esenciales de gente Mapuche. Dos de los últimos homicidios contra jóvenes mapuche, han sido mediante disparos por la espalda y estando ellos desarmados [El abogado de Elena Varela defiende también dos de las familias de los mapuches asesinados].

La documentalista Elena Varela testimonió sobre su detención producto de su investigación y producción de un documental sobre la realidad del pueblo mapuche,  el proceso establecido en su contra, su reclusión en la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, su trato y acusaciones injustas y su situación actual (reclusión nocturna). Señaló que su caso fue un golpe en la conciencia de Chile y que este demuestra que la libertad de expresión no existe en el país. Gran parte del material audiovisual ha sido confiscado.

Christophe Harrison, documentalista francés –quien efectuó en marzo de 2008 con el realizador Joffrey Rossi, un documental sobre la situación de las comunidades Mapuche en proceso de recuperación de tierras- testimonió sobre su detención por Carabineros, la confiscación de su material y su pasaporte y sobre la acusación de infracción a la ley de extranjería.  No fueron  expulsados, pero debieron salir rápidamente del país.

José Venturelli, médico pediatra, hizo alusión a las consecuencias de la represión en las comunidades y los efectos que estos vejámenes tienen en la salud de las personas  expuestas. Calificó además a Chile, como un "Estado de Apartheid" contra el pueblo mapuche y los pueblos indígenas y lo comparó con las políticas y prácticas de África del Sur, en el pasado reciente.

Se rebatió igualmente como una falsedad, la afirmación de Carlos Portales, quien señaló ante el Consejo de DDHH, que la libertad de expresión está protegida por la Constitución, puesto que acaba de ser rechazada en el Senado la modificación a esta ley, por la que se pretendía asegurar y proteger el trabajo de documentalistas, como Elena Varela, con respecto al secreto profesional y la seguridad de la fuente de información, en especial.

Sobre lo planteado por el gobierno  referido a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se aclaró que su alcance está limitado, pues concierne únicamente a  la memoria y está  basado esencialmente en el pasado, lo que es importante, pero sin duda hoy en Chile, también se violan derechos humanos esenciales de los pueblos indígenas y del pueblo chileno, pero ello parece  no importarles.

Miembros de la familia Calfunao testimoniaron sobre la persecución a su comunidad (familiares presos y otros exilados) e hicieron preguntas al representante del gobierno presente en la sala, sobre los presos políticos, quien respondió invocando el discurso de Carlos Portales en la sesión y evadiendo la pregunta. Finalmente, sus argumentos fueron rebatidos por el abogado Jaime Madariaga, instando al gobierno a ocuparse seriamente del conflicto.

Red de solidaridad Internacional con Elena Varela y con el Pueblo Mapuche

La Red de Solidaridad Internacional está integrada por las Asociaciones:

Terre et Liberté pour Arauco (France), le Collectif pour les Droits de l'Homme au Chili (France), le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques – CSIA Nitassinan-(France), Réseau d'information et Soutien au Peuple mapuche (France), Asociación Apatapela (Francia), Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU) (Suiza), Comision de Apoyo a los Pueblos Originarios (Suiza), Comité Memoria y Justicia (Suiza), Association Culturelle Mapuche - Radio Región 14 (Gotenburg, Suède), Comité Mapuche Belgique (Bruxelles), Komiteen for Mapuche (Noruega), Comitato Lavoratori Cileni Esiliati (Italia), Asociación Wenuykan (Italia), José Venturelli (Canadá), Comisión Etica contra la tortura – Secretariado Europeo, Osservatorio della Pace – Capannori (Italia)

Apoyan este comunicado: Association Relmu (Paris)

Noticias relacionadas

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* Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario  
* JAMES ANAYA RELATOR ESPECIAL DE LA ONU PRESENTÓ INFORME
* DIRIGENTES MAPUCHE VIAJAN A GINEBRA
* CONSEJO DE DDHH DE LA ONU PIDE RESPETO A LOS MAPUCHES 


Fuente: Comunicaciones G80

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Chile reconoce diez casos de mapuches perseguidos por ley antiterrorista

Amnistía Internacional, ha denuunciado que agentes policiales han hecho utilización desmedida de bombas lacrimógenas y balas antimotines para reprimir a los mapuches que ocuparon sus tierras originarias.

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TeleSUR - 26 de septiembre de 2009

Diez de los 16 casos en que los gobiernos chilenos aplicaron la ley antiterrorista entre 1999 y 2009 corresponden a imputados a la población indígena de ese país, aclaró este sábado una fuente diplomática chilena en Ginebra.

"Del total de querellas interpuestas en virtud de la ley antiterrorista por actos de violencia y conmoción pública entre 1999 y 2009, tenemos información que 10 querellas fueron presentadas en contra de ciudadanos de origen indígena", indicó la fuente.

Las declaraciones contradicen las sostenidas el pasado jueves por Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde el embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, afirmó que "los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena".

Asimismo, recalcó ante el Examen Periódico Universal (EPU), que "entre el año 1999 y 2009 esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena". 

Chile rechazó este jueves una recomendación efectuada por la Unión Europea (UE) para que revisara dicha ley y dejara de perseguir "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso".

Asimismo, el responsable del Comité Mapuche de Derechos Humanos, Reynaldo Mariqueo, denunció en las deliberaciones  que "Chile criminaliza a los dirigentes que promueven el respeto a la libre determinación, autonomía y el autogobierno mapuche"

El pasado mes de agosto, dirigentes de la etnia Mapuche denunciaron que varias mujeres fueron agredidas por la policía del Estado chileno, en Trapihue Mahuidache, al sur del Temuco. 

Decenas de mapuches ocuparon terrenos en el sur de Chile, específicamente en la zona de La Araucanía, reclamando la propiedad de dichas tierras, mientras aseguraron que poseen escrituras reconocidas por el Estado chileno que demuestran que les pertenecen.

Fuente: TelesurTv.net
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sábado, 26 de septiembre de 2009

Chile: Enviarían proyecto para crear Ministerio de Asuntos Indígenas


La idea que se esbozó ante la ONU, cuando el gobierno negó que existiera perjucio a los mapuches a través de la ley antiterrorista, podría ser enviada este lunes al Congreso. Para el premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, "la Concertación y ningún otro gobierno pasarán por los intereses creados que hay en el conflicto indígena".

Cuando Chile negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jueves en Ginebra, que hubiera utilizado la ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche, el gobierno dejó ver  la posibilidad de enviar este lunes al Congreso un proyecto de ley que propone crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, en el marco de la reestructuración de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Se trataría de una indicación del Ejecutivo a una iniciativa en trámite, que desde el año pasado consideraba una subsecretaría como el máximo organismo que se encargaría de estas materias.

La Conadi ha sido cuestionada por varias irregularidades en la entrega de tierras a los pueblos originarios. Controversias que han pasado la frontera nacional, ya que  producto de la reivindicación de territorios  es que continúa el conflicto mapuche.  Sin embargo, para el Premio Nacional de Historia y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, es poco probable que un ministerio signifique reales cambios o mejorías en materias indígenas. 

"No cambia nada en el fondo, como quiera que sea la composición de la nueva institución, con mayor o menor presencia indígena, aquí lo que hace falta es una voluntad histórica y una voluntad política. Creo que las elites dominantes en Chile, la elites políticas, menos las empresariales, no están en condiciones de articular una voluntad política como para resolver el problema de fondo, porque la única manera de  resolverlo es reconocer la existencia  en Chile de un pueblo indígena, de una nación indígena y de reconocerle un territorio significativo", afirmó.

Gabriel Salazar agregó que los gobiernos de la Concertación han tenido la idea de mejorar las políticas indígenas, pero no lo ha llevado a la práctica por intereses propios. 

"Los gobiernos de la Concertación tuvieron la intención de abrir una nueva política a los pueblos indígenas chilenos, pero en la práctica, no la han implementado y no han sabido implementarla, porque en rigor cualquiera política indígena que sea destinada para resolver el problema de fondo, pasa por una cantidad de intereses creados que se han venido acumulando desde el siglo XIX en Chile y no creo que la Concertación ni ningún otro gobierno que no tenga una voluntad política definida vaya a animarse de pasar por encima de esos intereses", concluyó.

Idea que comparte la experta en políticas indígenas y perteneciente a la etnia mapuche, Elba Soto,  quien además presentará el texto "Los mapuche de Chile: nuevos significados a partir de su discurso", resumen del libro: "Sueños y luchas de los mapuche de Chile", en la VIII reunión de Antropología del Mercado Común del Sur (Mercosur), el próximo 29 de septiembre.

Para Elba Soto, es imposible que se comprenda el mundo  de los pueblos originarios si no se les escucha.

"La forma en que las cosas se hacen acá, en general cuando ha habido consulta, nunca se ha hecho, nunca se ha buscado la manera correcta de hacerlo. Cuando se hizo la Ley Indígena, las comunidades fueron llamadas, muchos foros dentro de la comunidades y hubo una postura que era primero que la Ley Indígena aceptara que nosotros somos pueblos o naciones indígenas", afirmó Soto.

El actual Consejo de la Conadi es integrado por 17 miembros, los cuales serían reemplazados por un Consejo de Pueblos Indígenas, de carácter consultivo y resolutivo, que estaría compuesto por 44 personas de ocho etnias, elegidos por votación popular. 

Esta reestructuración obedece a la evaluación y  a las propuestas hechas por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien en su condición de coordinador de Asuntos Indígenas sostuvo reuniones y diálogos con diversos sectores gubernamentales, religiosos, empresariales, gremiales e indígenas. 

Cabe destacar que, según el Censo del año 2002, las comunidades mapuches suman 604.309 personas, alrededor del 4 por ciento de la población chilena. Por lo que según los expertos, económicamente es perfectamente posible dar una solución a este sector de nuestra población. 
En tanto, en La Araucanía se mantienen un conflicto con empresas agrícolas y forestales y con las autoridades chilenas por la propiedad de tierras que consideran ancestrales. 
 
El enfrentamiento se recrudeció el pasado doce de agosto con la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío,  quien fue abatido por la espalda por disparos de la policía.

Fuente: http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=55837

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