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Así lo testimoniaron 50 mujeres indígenas durante el "Primer Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios. Acceso a la Justicia en el caso de violencia de género", realizado a instancias de Insgenar, asociación civil feminista especializada en violencia contra las mujeres, y Qomlasherolqa, organización indígena toba defensora de los derechos del pueblo Qom (Toba).
De este encuentro, realizado en la ciudad de Rosario en octubre, emanó la "Declaración de las Mujeres Indígenas", en demanda de cese a las agresiones contra ellas y justicia por la violación de sus derechos humanos.
En narraciones en las que sólo cambiaban el rostro, la lengua indígena, el nombre del juez, las mujeres llegadas de ocho provincias, sobre todo del norte argentino, contaron cómo, además de la pobreza en la que el saqueo colonial dejó a sus comunidades, permanece la discriminación de una sociedad que sigue mirando a sus 19 pueblos originarios, ni siquiera como ciudadanos de segunda, sino como a personas a quienes se puede expulsar de su tierra, violar a sus mujeres y reír en sus caras.
Para las mujeres Wichí, Coya, Guaraní, Pilaya, Qom y Mocoví asistentes al encuentro, la justicia ha sido una quimera, tan lejana como improbable.
Y es que en el norte argentino subsisten prácticas como el "chineo", por la cual hombres criollos -blancos- salen a la calle en busca de mujeres indígenas a las que violan. El "pago" de la violación de una indígena es con una vaca. En los últimos años, para obtener tierras para la siembra de soja, las comunidades autóctonas son desplazadas y sus territorios ancestrales desmontados.
Y frente a estas prácticas "nada, no pasa nada, las instituciones no hacen nada, pura injusticia", afirma Leonarda Chavarría, maestra bilingüe guaraní.
Ofelia Morales, fundadora y dirigente de Qomlasherolqa, relata un caso -uno de tantos que se contaron en esos dos días-: la agresión sexual contra una adolescente del pueblo Qom (Toba), ocurrida en la provincia del Chaco en el 2003, cuando tenía 15 años.
Contra lo que es usual en estos casos, la chica, su familia y la comunidad denunciaron a los tres criollos responsables. La respuesta del poder judicial sólo completó la agresión: el juez Ricardo D. Gutiérrez determinó que los testimonios de los testigos indígenas habían sido desechados por parecerle "descabellados,… porque la razón de esto es el recelo y la discriminación propia de esa zona entre criollos y tobas", dice textual la sentencia.
Y culmina: "la Fiscalía confunde delito de Violación por la violencia sexual que puede estar presente en un acto consentido, por lo cual (la violencia) es un dato que resulta indiferente".
Esta sentencia, por su contenido racista, para Susana Chiarotti, directora de Insgenar, fue "más vergonzante que la propia violación sexual", lo que motivó a su organización (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) a presentar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre del 2007.
La respuesta del gobierno del Chaco fue la aceptación plena de la responsabilidad del poder judicial y propuso iniciar diligencias para la reparación del daño.
La propuesta de Insgenar fue más allá: es indispensable capacitar al personal del poder judicial y garantizar la no repetición de una violación de los derechos humanos semejante.
"En estos momentos, el caso está pendiente del Dictamen del Comité", informó Chiarotti, para quien esta denuncia a nivel internacional es importante por haber logrado que el gobierno "reconozca su responsabilidad en la violación de los derechos de las indígenas, promover el juicio político contra un juez, y hacer visible una situación que es insostenible para ellas".
Durante los dos días que duró el encuentro, el primero en su tipo que se realiza aquí, las representantes de siete pueblos originarios interpelaron a funcionarios de instancias de derechos humanos y contra la discriminación, presentes también.
"No queremos seguir siendo atropelladas, ser indígena es tan digno como cualquier otra persona. Si nosotros los indígenas respetamos a los criollos, ¿por qué ellos no nos respetan a nosotros? Y las instancias tienen que respondernos, no sólo decirnos que todo está bien", reclamó Leonarda Chavarría.
Ofelia Morales, por su parte, recordó que la denuncia y defensa de los derechos indígenas y de las mujeres de esas etnias ha provocado una persecución judicial contra los y las representantes de las comunidades. "Los niños se mueren de desnutrición, a las niñas y jovencitas las violan, nos sacan de nuestras tierras y cuando reclamamos, nos persiguen con causas penales. Todos los caciques tenemos acusaciones penales", afirmó.
Por eso, la declaración final fue suscrita por todas las participantes y entregada a la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Ana González, y a los representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y de la defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe.
En este documento, denunciaron la situación de las mujeres y los pueblos indígenas de Argentina y la responsabilidad y complicidad de las instancias oficiales, "en donde se están violentando nuestros derechos, ya sea por la acción o por la negligencia de las autoridades de salud, educación y justicia".
Esas instancias "no reconocen a nuestras autoridades; justifican los delitos contra las indígenas, sobre todo los de tipo sexual…hacen que las mujeres víctimas de delitos vuelvan a ser víctimas, con sus burlas y su ignorancia".
Demandaron respeto a la Justicia, a sus culturas y territorios: "exigimos que las instituciones encargadas de hacer justicia funcionen para las mujeres indígenas, que haya traductores en nuestras lenguas; porque no sirve de nada que estén ahí si sus funcionarios nos discriminan, nos maltratan y no nos entienden o no quieren entendernos".
Finalmente, coincidieron en la necesidad de articular una red de mujeres indígenas como una forma más de resistencia, ya que "sólo la unidad de nuestros pueblos originarios y la unidad y organización de las mujeres indígenas podrá librarnos de las formas de violencia sexista, racista y clasista" de esta sociedad, sostienen en un documento.
Por Aline Castellanos | | Fuente: SEMlac |
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