A inicios de este mes, en Ginebra, Suiza, representantes gubernamentales de los países miembros de la ONU rindieron cuentas ante el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) sobre los esfuerzos legales e iniciativas que han realizado en esta materia. Ecuador destacó una Constitución que garantiza prácticas no racistas y la creación de entes estatales vinculados a temas indígenas. Representantes de organizaciones étnicas dan sus puntos de vista.
Delfín Tenesaca (Ecuarunari): 'Se criminaliza lucha'
"Ha habido una discriminación casi total en el país, están afectando nuestros territorios, invadiendo con las empresas multinacionales y criminalizando nuestra lucha, considerándonos terroristas y permitiendo que acaben logros como las instituciones Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos, Fondo Indígena y todo lo demás".
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari) presentaron, en Ginebra, un informe alternativo, adicional al que expuso el Gobierno, ante el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial.
"Hemos dicho (en el informe) la discriminación es todo eso, cuando no nos dejan vivir, cuando no nos dejan desarrollar nuestra cultura, nuestra economía, cuando rompen nuestro sistema comunitario". Los derechos que garantizan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre Pueblos Indígenas y Tribales) se han roto con este Gobierno. Esta ha sido nuestra denuncia (en Ginebra).
"Tenemos un sistema de educación implantado desde el Gobierno, un sistema de salud implantado desde el Gobierno, un sistema de cultura implantado desde los políticos o desde el sistema dominante. Vemos todas las formas de atropello a nuestros derechos. Son temas muy serios que hemos presentado en Ginebra.
"Cuántos compañeros que hemos estado en la lucha de la tierra, el agua hemos sido considerados como terroristas, y eso denota en el país para que no haya una voluntad política.
"En el país hay mucha deuda. Deuda social, deuda política organizativa, incluso deuda jurídica, porque no se ha dado trámite a nuestras demandas. Últimamente hemos presentado demandas en la Corte Constitucional, en la Asamblea, en la Fiscalía, pero no ha habido la voluntad para que se cumplan los derechos colectivos.
"No entienden lo que significan los derechos colectivos. La plurinacionalidad no es integrando a todos como suelen decir, no es metiendo en un mismo costal a todos, es respetando la diversidad.
"Es una ofensa el lenguaje usado en este Gobierno cuando se nos ha dicho indios roscas, cuatro emponchados, cuando se nos ha calificado de retrasados, que somos tan ignorantes que estamos sentados en sacos de oro y muriendo de hambre. Toda esa discriminación racial es histórica y quizás actualizada y no se califica como delito".
Mónica Chuji (exasambleísta): ‘Sigue discriminación’
“El informe que Ecuador presentó ante el CERD (Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial) es positivista y minimalista, reduce toda la problemática real existente en el país y lo presenta más bien en un periodo en el que se ha superado y los indígenas estaríamos en un proceso donde ya no existe casi discriminación.
“Para nosotros, se materializa la discriminación cuando no se respeta el derecho a la consulta, previa y libre, que es un mecanismo para que los pueblos indígenas tengan participación en la toma de decisiones dentro del Estado. Por ejemplo, no se ha consultado en materia de explotación y exploración de recursos no renovables en los territorios indígenas, (tampoco) cuando se han eliminado instituciones públicas autónomas ganadas por la lucha indígena, como es el sistema de la educación intercultural bilingüe que promovía una educación propia. Se eliminó mediante decreto ejecutivo sin que haya una ley que la reemplazara.
“Se materializa la discriminación cuando se ha aprobado la ley minera sin un proceso de consulta, violando la Constitución. Otro ejemplo, el proyecto de explotación del parque nacional Yasuní, el Estado no puede explotar sin autorización de la Asamblea Nacional, sin embargo, se está explotando.
“Otra forma es la persecución a los líderes indígenas que han salido a defender el derecho del agua, a la territorialidad, a que no estemos de acuerdo con políticas que se generan desde el Ejecutivo. (Pero) cuál ha sido la respuesta, la judicialización. Eso ha impulsado una desintegración de las comunidades, un distanciamiento con el Estado.
“El presidente dice que al mejorar las carreteras, dar bono de la vivienda, de la pobreza se está reduciendo la pobreza... Eso es relativo, qué es la pobreza, para los pueblos amazónicos es quedarnos sin territorio.
“La Constitución sí es regresiva porque el bloque de derechos colectivos no se equipara con la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU y suscrita por Ecuador. Falta, en primer lugar, respetar íntegramente los derechos que constan en la Constitución. Hemos planteado un tema fundamental que es el respeto y el reconocimiento a los sistemas de justicia indígena en el país.
“Falta un diálogo profundo y abierto entre el Gobierno y el sector indígena para socializar sus derechos. Ha habido mensajes y actitudes continuas desde el Gobierno (de) que se quiere dialogar, pero bajo la práctica de los hechos consumados”.
“Para nosotros, se materializa la discriminación cuando no se respeta el derecho a la consulta, previa y libre, que es un mecanismo para que los pueblos indígenas tengan participación en la toma de decisiones dentro del Estado. Por ejemplo, no se ha consultado en materia de explotación y exploración de recursos no renovables en los territorios indígenas, (tampoco) cuando se han eliminado instituciones públicas autónomas ganadas por la lucha indígena, como es el sistema de la educación intercultural bilingüe que promovía una educación propia. Se eliminó mediante decreto ejecutivo sin que haya una ley que la reemplazara.
“Se materializa la discriminación cuando se ha aprobado la ley minera sin un proceso de consulta, violando la Constitución. Otro ejemplo, el proyecto de explotación del parque nacional Yasuní, el Estado no puede explotar sin autorización de la Asamblea Nacional, sin embargo, se está explotando.
“Otra forma es la persecución a los líderes indígenas que han salido a defender el derecho del agua, a la territorialidad, a que no estemos de acuerdo con políticas que se generan desde el Ejecutivo. (Pero) cuál ha sido la respuesta, la judicialización. Eso ha impulsado una desintegración de las comunidades, un distanciamiento con el Estado.
“El presidente dice que al mejorar las carreteras, dar bono de la vivienda, de la pobreza se está reduciendo la pobreza... Eso es relativo, qué es la pobreza, para los pueblos amazónicos es quedarnos sin territorio.
“La Constitución sí es regresiva porque el bloque de derechos colectivos no se equipara con la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU y suscrita por Ecuador. Falta, en primer lugar, respetar íntegramente los derechos que constan en la Constitución. Hemos planteado un tema fundamental que es el respeto y el reconocimiento a los sistemas de justicia indígena en el país.
“Falta un diálogo profundo y abierto entre el Gobierno y el sector indígena para socializar sus derechos. Ha habido mensajes y actitudes continuas desde el Gobierno (de) que se quiere dialogar, pero bajo la práctica de los hechos consumados”.
Jazmín Cheme (Afroecuador): ‘Un racismo solapado’
La discriminación racial debe eliminarse desde una política estatal para que vivamos con dignidad.
“En las fiscalías, en las cortes provinciales, en los consejos de participación ciudadana, en la Asamblea, en el Consejo Electoral y en los cuerpos de ministros no hay una representación de los afroecuatorianos que nos permita ser parte de las decisiones del Gobierno.
“El Decreto 60 (políticas para combatir el racismo y la discriminación), firmado el 26 de septiembre del 2009, no se ha cumplido. Como pueblo afroecuatoriano nos sentimos excluidos. En este decreto se dice que en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) debe por lo menos participar el 7%, no menos, de la población nacional, que son los pueblos afroecuatoriano, indígena y montubio, y nosotros no somos ni siquiera el 1%, lo dicen las estadísticas.
“No ha habido una verdadera política de aplicación para visibilizar al pueblo afroecuatoriano, pese a que hay el plan plurinacional contra el racismo (que consta en el Decreto 60), el decreto de la inclusión laboral y otros pronunciamientos.
“El Gobierno está en deuda con los afros. Hay proyectos para la población en general, pero para visibilizar a los grupos vulnerables, a las etnias, creo que nos está debiendo un poco.
“Como pueblo negro tenemos capacidad y el perfil para vivir con dignidad. (Sentimos discriminación) cuando un afro va a una institución, a un hotel de cinco estrellas, enseguida somos la expectativa como que llevamos algo malo... en los bancos no ve una cajera negra.
“Lo más triste y discriminatorio en este país es ser negro, ser afro, ser mujer y ser pobre. Estamos agotados los sectores del pueblo afro porque no vemos nada concreto como una política clara como lo ha hecho el vicepresidente de la República al visibilizar a las personas con capacidades especiales. Eran el 1% de las instituciones públicas y ahora subieron al 4%. Por qué no plantear una política a ese nivel para el pueblo afro.
“Hay algunos planteamientos, pero en la práctica vivimos un racismo solapado. No tenemos acceso a la educación. El nivel de analfabetismo en las comunidades del pueblo negro es elevado. No queremos más leyes sino que se nos den los espacios.
“El sector indígena ha logrado mayor participación en la sociedad, nosotros estamos en menor posición porque no ha habido participación colectiva. Tenemos muchas organizaciones, pero tal vez una falencia es que estamos dispersas y no hay una coordinadora nacional que permita llevar una sola propuesta. Mirando casa adentro esa es una debilidad”.
“El Decreto 60 (políticas para combatir el racismo y la discriminación), firmado el 26 de septiembre del 2009, no se ha cumplido. Como pueblo afroecuatoriano nos sentimos excluidos. En este decreto se dice que en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) debe por lo menos participar el 7%, no menos, de la población nacional, que son los pueblos afroecuatoriano, indígena y montubio, y nosotros no somos ni siquiera el 1%, lo dicen las estadísticas.
“No ha habido una verdadera política de aplicación para visibilizar al pueblo afroecuatoriano, pese a que hay el plan plurinacional contra el racismo (que consta en el Decreto 60), el decreto de la inclusión laboral y otros pronunciamientos.
“El Gobierno está en deuda con los afros. Hay proyectos para la población en general, pero para visibilizar a los grupos vulnerables, a las etnias, creo que nos está debiendo un poco.
“Como pueblo negro tenemos capacidad y el perfil para vivir con dignidad. (Sentimos discriminación) cuando un afro va a una institución, a un hotel de cinco estrellas, enseguida somos la expectativa como que llevamos algo malo... en los bancos no ve una cajera negra.
“Lo más triste y discriminatorio en este país es ser negro, ser afro, ser mujer y ser pobre. Estamos agotados los sectores del pueblo afro porque no vemos nada concreto como una política clara como lo ha hecho el vicepresidente de la República al visibilizar a las personas con capacidades especiales. Eran el 1% de las instituciones públicas y ahora subieron al 4%. Por qué no plantear una política a ese nivel para el pueblo afro.
“Hay algunos planteamientos, pero en la práctica vivimos un racismo solapado. No tenemos acceso a la educación. El nivel de analfabetismo en las comunidades del pueblo negro es elevado. No queremos más leyes sino que se nos den los espacios.
“El sector indígena ha logrado mayor participación en la sociedad, nosotros estamos en menor posición porque no ha habido participación colectiva. Tenemos muchas organizaciones, pero tal vez una falencia es que estamos dispersas y no hay una coordinadora nacional que permita llevar una sola propuesta. Mirando casa adentro esa es una debilidad”.
Humberto Cholango (Conaie): ‘Hay violencia racial’
El derecho a la consulta previa tiene el mismo valor que el derecho a la educación, la salud y al agua.
“La discriminación racial hacia los indígenas se ha acentuado. Esta vez es casi una suerte de política de Estado porque desde el Gobierno nos estigmatizan. Por ejemplo, todo el lenguaje que el presidente utiliza, que somos emponchados, caras pintadas, nos acusan de terroristas e insensatos. Eso genera una violencia racial.
“Esto es inaudito porque en la Constitución se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Tenemos derechos colectivos, pero son solo letras. El incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, es discriminación, es denigrar, es decir que hay derechos de primera, de segunda y de tercera.
“El Gobierno ha ejecutado iniciativas para propiciar la inclusión pero desde un punto de vista, electoral. Todo se da de manera muy aislada con una intención más individual y no como una política estatal. Los indígenas no deben ser utilizados como imágenes de decoración para dar la idea de inclusión.
“La criminalización es parte de la estrategia del Gobierno para neutralizar y desarticular a los movimientos. Esa práctica profundiza el racismo. Cómo es posible que acusen a los dirigentes indígenas de terroristas y saboteadores. Yo no he escuchado que acusen de eso a algún empresario o banquero.
“Ante ello, algunas personas empiezan a identificar y a tener una fobia contra los indígenas. Piensan que nuestras ideas no valen por insensatas e infantiles. El presidente intenta configurar la idea de que los indios somos malos, de que no entendemos la política, la economía o el desarrollo del país. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el modelo de desarrollo imperante y el abuso, al imponer proyectos que perjudican al país sobre nuestros territorios.
“Antes la educación bilingüe era manejada y administrada por las comunidades indígenas en coordinación con el Ministerio de Educación. Ahora es solo un departamento del Ministerio. Le han bajado de categoría y redujeron el presupuesto. Así no podemos hablar de la libertad de construir una fuerte institucionalidad que represente nuestros intereses.
“El uso de un lenguaje peyorativo ha sido una práctica de otros presidentes. Es una cultura política el mirar a los pueblos indígenas de esa forma. La diferencia es que ahora le sumamos las cadenas nacionales que se han emitido en contra de los dirigentes intentando configurar una imagen de indio malo. Otra diferencia es que ahora criminalizan, acusándonos de terroristas en un gobierno de discurso socialista”.
“Esto es inaudito porque en la Constitución se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Tenemos derechos colectivos, pero son solo letras. El incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, es discriminación, es denigrar, es decir que hay derechos de primera, de segunda y de tercera.
“El Gobierno ha ejecutado iniciativas para propiciar la inclusión pero desde un punto de vista, electoral. Todo se da de manera muy aislada con una intención más individual y no como una política estatal. Los indígenas no deben ser utilizados como imágenes de decoración para dar la idea de inclusión.
“La criminalización es parte de la estrategia del Gobierno para neutralizar y desarticular a los movimientos. Esa práctica profundiza el racismo. Cómo es posible que acusen a los dirigentes indígenas de terroristas y saboteadores. Yo no he escuchado que acusen de eso a algún empresario o banquero.
“Ante ello, algunas personas empiezan a identificar y a tener una fobia contra los indígenas. Piensan que nuestras ideas no valen por insensatas e infantiles. El presidente intenta configurar la idea de que los indios somos malos, de que no entendemos la política, la economía o el desarrollo del país. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el modelo de desarrollo imperante y el abuso, al imponer proyectos que perjudican al país sobre nuestros territorios.
“Antes la educación bilingüe era manejada y administrada por las comunidades indígenas en coordinación con el Ministerio de Educación. Ahora es solo un departamento del Ministerio. Le han bajado de categoría y redujeron el presupuesto. Así no podemos hablar de la libertad de construir una fuerte institucionalidad que represente nuestros intereses.
“El uso de un lenguaje peyorativo ha sido una práctica de otros presidentes. Es una cultura política el mirar a los pueblos indígenas de esa forma. La diferencia es que ahora le sumamos las cadenas nacionales que se han emitido en contra de los dirigentes intentando configurar una imagen de indio malo. Otra diferencia es que ahora criminalizan, acusándonos de terroristas en un gobierno de discurso socialista”.
Fuente: El Universo
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