Santiago de Chile 1 de Octubre 2010 De nuestra consideración: El Estado chileno y el gobierno que le representa siguen vulnerando los derechos de las comunidades indígenas. Es por esto que hoy ya se cumplen 83 días de la huelga de hambre que han asumido 34 comuneros mapuches. Su salud es en extremo complicada: derrames nasales y anales, hemorragias, infecciones estomacales, taquicardia, son algunos de los efectos de esta medida extrema. Lo indicado- un acto de profunda consecuencia- no se compara con el dolor histórico provocado por las muertes de niñas, hombres y mujeres, por la usurpación y devastación de la tierra, el saqueo de las riquezas, la intervención cultural, la construcción de reductos humanos; la imposición de una cultura hegemónica occidental, blanca, burguesa y patriarcal. Las políticas de estado sostenidas por los gobiernos de turno han transitado por una misma lógica: negación y violación sistemática de los derechos del pueblo mapuche. Su enfoque de despojo -iniciado con la llamada "Pacificación de la Araucanía"- preservó hasta hoy el modelo colonial de poder que instaló la violenta conquista del continente hace más de 500 años. En los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y actualmente en el gobierno de Sebastián Piñera se ha utilizado la ley antiterrorista para judicializar la protesta social del pueblo mapuche. Las implicancias de la ocupación de este marco jurídico han alcanzado la institucionalización del indebido proceso sobre un sector de la población en relación a los otros, pero además se ha fortalecido la discriminación y estigmatización. Hoy se acusa al pueblo mapuche de terrorista. Esta es otra forma más de violencia que oculta el verdadero origen del conflicto, que no es sólo de los mapuches, sino de la relación del Estado con los pueblos indígenas y de la sociedad en su conjunto. El cerco comunicacional no muestra la militarización de las tierras, los abusos, y la violencia permanente que reproduce el rechazo a lo diferente. La Ley antiterrorista aplicada al pueblo mapuche es producto de este odio y de la maraña ideológica de defensa neoliberal. En un Chile que se promueve como democrático- ¡que lo recuerde todo el mundo!- se sigue torturando y asesinando al pueblo mapuche. Los comuneros Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío son prueba fehaciente de lo expresado. Sus muertes cobardes aún siguen en la más absoluta impunidad. Quienes firmamos esta carta somos activistas sociales comprometidos con la transformación cultural; con la construcción de relaciones justas y humanas. Quienes firmamos esta carta estamos denunciando una situación inaceptable, dolorosa; que degrada a un país entero. ¡Los gobiernos de la concertación, sus partidos políticos y los líderes que los representan han sido responsables de estas profundas vulneraciones a los derechos humanos y a la democracia a la que todos los pueblos de Chile aspiramos! ¡El gobierno de derecha de Sebastián Piñera miente y los medios de comunicación desinforman al decir que la nación mapuche es intransigente! ¡El gobierno miente al realizar propuestas que no responden a las exigencias mapuches! Es por esto que quienes firmamos esta carta exponemos que: -1. El movimiento sigue desarrollando acciones con significativo apoyo del movimiento social; de chilenas y chilenos del ámbito cultural, artístico, académico y social . El pueblo mapuche no es intransigente, pues no puede serlo la nación que es vulnerada en su autonomía y autodeterminación. El pueblo mapuche sólo pide justicia. . El pueblo mapuche no aceptó la propuesta del gobierno, pues exige un diálogo con los tres poderes del Estado. ¿Alguien puede aceptar en silencio que la infancia de niñas y niños mapuches sólo sea homologable a un estado permanente de violencia policial? ¿Qué la juventud mapuche llore a sus peñis? ¿Que se organice una permanente farsa judicial que priva a mapuches de su libertad y les ingresa a un sistema judicial de inculpación permanente? En territorio mapuche los derechos humanos se vulneran cotidianamente. Acabar con esto, tiene un inicio: ¡No más ley antiterrorista! ¡Libertad a presas y presos políticos mapuches! BECARIAS, BECARIOS y EX BECARIOS/AS FUNDACION FORD IFP
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viernes, 1 de octubre de 2010
Becarios y ex becarios de Fundación Ford apoyan demandas de mapuche en Huelga de Hambre
El conflicto de Piñera con los williche por la propiedad del Parque Tantauco
Perú: Clausuran Primer Congreso sobre Justicia Intercultural realizado en La Merced
Fuente: Andina.com.pe Difunde: Ukhamawa Noticias "Así es" en lengua aymara |
Expertos alertan impacto negativo de la minería en medioambiente y comunidades indígenas
Francisco Mardones Radio Udechile 1 de octubre de 2010 En nuestro país se constituyó el Primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera de Latinoamérica, como una forma de alertar acerca de los abusos cometidos por los estados y las grandes empresas mineras, que llegan a la región, obligan a las comunidades indígenas a abandonar sus tierras y causan impacto negativo en el medioambiente. Hasta hoy durarán las actividades, que se desarrollan en nuestro país con la presencia de organismos de defensa de los derechos humanos y el medioambiente. La idea es dar a conocer una serie de sucesos ocurridos en las fronteras latinoamericanas de Perú y Ecuador, Bolivia y Brasil, Costa Rica y Nicaragua, Guatemala y El Salvador, Argentina y Chile, además de otras donde se ha instalado la gran industria minera, generando un importante impacto negativo en el medioambiente, la sociedad, pero especialmente en las comunidades indígenas. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile, uno de los organizadores del evento, "lo que se está liberando de la frontera es a favor de las empresas transnacionales y las restricciones para la integración entre los pueblos se mantienen. Esos temas los queremos debatir con un panel de personalidades para que nos ayuden, desde una mirada y un paradigma distinto a lo que rige hoy, a construir un pronunciamiento, un llamado a la sociedad latinoamericana a preocuparse más de estos temas". Por su parte, César Padilla, director del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, otro de los organizadores, explicó que en otros países la situación es bastante disímil a lo que ocurre en Chile, donde la extensa frontera está casi despoblada. En Centroamérica y nuestros países vecinos es al revés, lo que ha motivado a los gobiernos a desconocer las legislaciones que prohíben la extracción de recursos naturales cerca de las fronteras, generando decretos y militarizando zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas que son obligados a trasladarse, perdiendo el abastecimiento de agua y otros sustentos básicos. "La pérdida de derechos de las comunidades cercanas a la frontera para instalar empresas mineras es un riesgo mucho mayor que en otros lados, proque las fronteras son lugares geopolíticos que incluso pueden quedar -como ha sido el caso del Perú o el Ecuador- militarizados. Eventualmente, pueden ser las mismas Fuerzas Armadas las encargadas de allanar el camino para la instalación de empresas mineras. Eso es lo que queremos dar a conocer ampliamente en la región", comentó. En la oportunidad, se conocieron casos y testimonios extranjeros, como el de Luis Macas, director del instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador, quien sostuvo que la mayor parte de los recursos naturales está en territorio indígena en América Latina, por lo que intereses privados buscan el aprovechamiento sin medir consecuencias. "Desde los pueblos indígenas no estamos de acuerdo con este tipo de desarrollo. Creo que hay otras formas en que el ser humano puede vivir. Cómo es posible que, por ejemplo, el 80% de la energía que se produce en el mundo, particularmente en estos países, apenas sirve para el 18% o 20% de la población mundial. Queremos que ese desequilibrio sea redistribuido de mejor manera en los distintos países, por ejemplo, en vías de desarrollo", afirmó. Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, indicó que en nuestro país la situación es más grave de lo que se piensa, porque la ley permite que los terrenos se entreguen sin obstáculos y sin cobrar impuestos a las grandes transnacionales. "Son cientos de miles de hectáreas entregadas sin ningún control a las transnacionales mineras, porque es la ley la que permite que cualquier empresa extranjera, a través de un tribunal, obtenga la concesión de exploración y explotación y de ahí se le otorgue indefinidamente. La situación de Chile es sin parangón en América Latina, estamos en peores condiciones por la ley que tenemos", aseguró. Según los organizadores del Tribunal Ético de la Minería de Frontera, la idea es que las conclusiones de este debate sean difundidas entre la ciudadanía y posteriormente sirvan para generar iniciativas legales, que permitan preservar el medioambiente y los derechos de los pueblos originarios asentados justo en medio de la riqueza que las grandes industrias quieren explotar. |
Mapuche: Nobel de la Paz,visitará a Huelguistas
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“Estamos dispuestos a entregar la vida en beneficio de la causa mapuche”
1 DE OCTUBRE DE 2010 Habla Héctor Llaitul, líder de los 32 comuneros en huelga de hambreAcusado por el Ministerio Público de participar en un ataque en contra de un fiscal en 2008, y pronto a enfrentar un juicio oral donde se piden más de cien años de condenas, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, asegura desde la cárcel que no buscan absolución, sino un juicio justo y que no se aplique la Ley Antiterrorista.El Mostrador/ 1 de octubre de 2010 La mesa de negociaciones que se instaló entre el gobierno, la Iglesia y los dirigentes que representan a los 32 mapuches en huelga de hambre desde hace más de 80 días, sigue su curso sin llegar a un acuerdo general. En la otra vereda, el Senado, aprobó por unanimidad la modificación a la Ley Antiterrorista, pero sin eliminar el delito de incendio, una de las principales demandas de los comuneros acusados por el Ministerio Público, ya que no hay acuerdo político. Al interior del movimiento, en tanto, comienzan a verse las primeras disparidades de criterio, pero nada es aún definitivo. De hecho, hasta la Corte Suprema se sumó en la búsqueda de soluciones a este conflicto, pero sólo a "escuchar", ya que son los tribunales los que en última instancia deben resolver el futuro procesal de los huelguistas. En este contexto, sin embargo, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, organización a la que se le atribuyen el aumento de la violencia en la Octava y Novena regiones, no había entregado su versión sobre la huelga y sus alcances. "Estamos dispuestos a entregar la vida, siempre que sea parte de un proceso en beneficio de la causa mapuche y de nuestras demandas", dijo a El Mostrador quien es sindicado como el jefe militar del grupo, conocido también como el "Comandante Héctor". Llaitul fue detenido el 22 de febrero de 2007, luego de un control de identidad hecho por detectives de Concepción. En 2008 fue absuelto y quedó en libertad. El 16 de octubre de ese año, Llaitul presuntamente habría ordenado atacar al fiscal de la Novena Región, Mario Elgueta, quien investigaba los atentados en la zona de la Araucanía. En la ocasión el fiscal y cinco policías fueron heridos por disparos de escopeta realizados por un grupo de encapuchados en las cercanías de Tirúa. Llaitul ha asegurado que lo ocurrido no fue una emboscada sino un enfrentamiento. Por este caso Llaitul fue detenido el 15 de julio de 2009 mientras visitaba a su madre en Osorno. Desde esa fecha ha estado en prisión preventiva y se encuentra acusado por Ley Antiterrorista por el Ministerio Público, debido a su presunta participación en el atentado al fiscal Elgueta y espera el juicio oral, donde la fiscalía pide una condena de más de cien años de cárcel. "LA LEY ANTITERRORISTA NO DEBERÍA APLICARSE"Desde su celda de la cárcel El Manzano en la capital de la región del Biobío, este asistente social de la Universidad de Concepción, coordina los pasos a seguir con la vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo y con su mujer, Pamela Pessoa, quienes los han representado en las negociaciones con el gobierno. "Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesarpor la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir". Llaitul reconoce que la salud de sus "hermanos" empeora cada día y que de no mediar acuerdo, varios de ellos tendrán problemas de salud irreversibles que los dejarán con secuelas. "No se trata de la muerte de uno, dos o tres huelguistas, porque cualquiera sea el número sería muy doloroso para nosotros, son buenos elementos que se perderían", dice y explica que la estrategia de los huelguistas siempre ha estado centrada en la negociación y en la búsqueda de acuerdos que les permitan alcanzar sus demandas. Sin embargo, asegura que ello será posible siempre y cuando se haga "dentro del esquema del quehacer político de gente que no está en la causa, pero si puede hacer provecho y sacarle dividendo al contexto que se ha generado con el movimiento y la causa". Por ello reitera que la vía legislativa no fue solicitada por ellos, sino que fue impuesta "con fuerza" por el gobierno "y otros sectores entraron, y en algún momento causó cierta simpatía al interior del movimiento de huelguistas pero después nos ordenamos y vimos que esa no era tanto la vía, aunque sí es una posibilidad que queda abierta". Según Llaitul la aplicación de las leyes en el caso de los mapuche tiene fuertes componentes discriminatorios. "Muchos organismos internacionales han dicho que la Ley Antiterrorista no debería aplicarse en el caso de la protesta social mapuche, pero en Chile cuesta hablar en esos términos". "Estas leyes son de aplicación con trasfondo político. Por eso decimos que somos perseguidos políticos y deberían darnos la categoría de presos políticos; porque estas leyes están sujetas a la voluntad política de los gobiernos de turno y por eso son invocadas y pueden ser definidas y adecuadas desde la autoridad estatal y particularmente por el Ejecutivo", insiste. Bajo ese prisma, Llaitul manifiesta que para "descomprimir el conflicto", la voluntad del Ejecutivo debe plasmarse en una intervención real a la Ley Antiterrorista, "para que nosotros podamos ser reprocesados y se logren reformalizaciones y recalificaciones en las causas que nos permitan libertades o acceso a juicios justos con condenas dignas o correspondientes. Por eso decimos y seguimos insistiendo, que la vía del Ejecutivo es una vía administrativa. "LOS FISCALES DETONARON ESTA HUELGA"El principal obstáculo para alcanzar acuerdos, asegura, es el accionar del Ministerio Público: "(Son los) fiscales los que han detonado esta situación y eso tiene incómodo al gobierno. De hecho el gobierno debiera ser hábil políticamente y actuar de alguna manera sobre el Ministerio Público porque su actuación no va en concordancia con lo que hace el gobierno". Al respecto, hay que recordar que el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, descartó cualquier modificación al criterio de acusación en contra de los comuneros mapuche que hayan participado en incendios o en atentados contra autoridades, cerrando con ello cualquier posibilidad de negociación, mientras no se modifique la ley. Más allá de lo anterior, Llaitul insiste en que "existen visiones sobre la interpretación de la ley que ni siquiera coinciden con entre la administración actual. Por eso decimos que los que detonaron este conflicto, esta huelga en particular, fueron los fiscales". Inquirido respecto a si lo que buscan es quedar fuera de los juicios iniciados por el organismo perseguidor, Llaitul asevera que no piden ni libertad ni absolución. "Lo que queremos es un juicio justo, que estén las garantías para eso, porque ahora con la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, no tenemos esas condiciones". "Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesar por la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir". RECONOCIMIENTO INTERNACIONALPor esta razón, reconoce que la huelga les ha permitido logros como conseguir canales adecuados para difundir la situación a nivel internacional. Y cita como ejemplo la carta que dirigió al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la que fue solicitada por redes internacionales "que respaldan la causa mapuche". Asimismo, indica que debido a lo anterior, sumada la huelga y las gestiones de todo orden, les abrió el camino para que la "protesta social de la causa mapuche" sea reconocida, porque a su juicio, no están presos por cuestiones delictuales, sino "porque somos la expresión de la lucha de un pueblo". "Sentimos también que hay una mejor comprensión del tema mapuche, no sólo porque se discute el tema al interior de las comunidades. Antes el apoyo era sobre la justeza de la causa en general y un poco de apoyo buena onda, por la discriminación que nos afecta, pero hoy vemos que el apoyo es más político tanto a nivel nacional e internacional, el apoyo es más hacia las propuestas que está teniendo el pueblo mapuche para salir frente a esta opresión", reitera Llaitul. El dirigente de la CAM, por otro lado, rechaza las calificaciones de "violentistas" y "terroristas", más allá de los delitos que se le imputan. En este sentido, asegura que su norte político y su lucha son una "expresión autodefensa", y que ambas responden a la actitud que el Estado ha tenido con su etnia. "Nuestra reacción ha sido defensiva, tiene una connotación de legitimidad a todo nivel. Apelamos incluso al derecho internacional en ese tema, porque el derecho de la rebelión de los pueblos oprimidos está consagrado en la Carta Fundamental de DDHH, nosotros apelamos a ese derecho y a los derechos de todos los pueblos que tienen la necesidad de hacer frente a la opresión y ese es el derecho del pueblo mapuche… no solo hacemos resistencia, tenemos una propuesta de salir frente a la dominación", enfatiza. |
ECUARUNARI: No más Dictaduras en América Latina
En Latinoamérica hemos ido de las dictaduras militares sangrientas a la dictadura del capital transnacional con el neoliberalismo. Los sectores beneficiados siempre has sido los mismos (banqueros, empresarios comerciales, terratenientes). Y hemos sido nosotros, los pueblos empobrecidos, los indígenas, trabajadores, hombres y mujeres, los que hemos puesto siempre las víctimas; pero también hemos sido los luchadores permanentes por la democracia de los oprimidos. Con esa fuerza y legitimidad rechazamos toda dictadura venga de donde venga. La crisis política que vive el Ecuador en estos momentos ocasionado por la insubordinación de la policía ha sido convertida por la oficialidad policial y algunos sectores militares en un intento de golpe de Estado, detrás del cual indudablemente está la derecha ecuatoriana y las fuerzas del imperialismo. Nosotros no tenemos duda que esta crisis política sea una reacción de la derecha contra la Constitución del 2008, aprobada por el voto favorable del 64% de los ecuatorianos y ecuatorianas; por lo tanto, una franca amenaza a la democracia, a la Plurinacionalidad y al Sumak Kawsay. En la dimensión geopolítica también es una amenaza a los procesos venezolano y boliviano; no es gratuito que los sectores reaccionarios de este país celebraban los intentos de desestabilización en las elecciones venezolanas. Esta misma actitud tuvieron frente intento de derrocamiento del gobierno boliviano. Ahora los distintos sectores conservadores del país se han ido sumando a esta tentativa dictatorial. ¿Cuál es la posición de los sectores sociales organizados? La gran mayoría de las organizaciones populares, que resistimos contra las dictaduras y el neoliberalismo de las oligarquías pro-imperialistas ecuatorianas, a pesar de tener profundos desacuerdos con el gobierno nacional, de tener a varios de nuestros dirigentes enjuiciados como terroristas, esto no es razón para ponernos del lado de nuestros enemigos históricos. Detrás de la protesta de los policías y de sus reivindicaciones salariales está la pretensión de desconocer la Constitución donde hemos logrado que sean reconocidas muchas de nuestras propuestas y luchas históricas. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa al formar alianzas amplias con grupos de derecha en la minería, en el petróleo, agronegocios, etc. y atacar y perseguir a las organizaciones populares y de izquierda (en especial al movimiento indígena) deja las manos libres a esos sectores reaccionarios. Sin espacio para la confusión, nuestra posición es: 1. Rechazar la intentona golpista y defender el Estado Pluricional. 2. Nos declaramos en Asambleas permanentes y alerta de movilización en defensa de la plurinacionalidad. 3. En el marco de una democracia plurinacional la única alternativa revolucionaria es combatir a los partidarios de la dictadura, profundizar los cambios con la urgente iniciación de un proceso de revolución agraria. 4. Auto-convocamos para un gran dialogo plurinacional de todos los ecuatorianos; un ambiente de paz y democracia plurinacional construir grandes consensos como la mejor vía pacifica de solucionar la crisis Ya hemos sufrido demasiado con las dictaduras, Honduras todavía nos duele. Ninguna dictadura más en América Latina. Por el Consejo de Gobierno Delfín Tenesaca PRESIDENTE DE ECUARUNARI Quito, 30 de septiembre de 2010 Fotografía: www.diario-expreso.com Difunde: Ukhamawa Noticias "Así es" en lengua aymara |


