Acusado por el Ministerio Público de participar en un ataque en contra de un fiscal en 2008, y pronto a enfrentar un juicio oral donde se piden más de cien años de condenas, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, asegura desde la cárcel que no buscan absolución, sino un juicio justo y que no se aplique la Ley Antiterrorista.

El Mostrador/ 1 de octubre de 2010

La mesa de negociaciones que se instaló entre el gobierno, la Iglesia y los dirigentes que representan a los 32 mapuches en huelga de hambre desde hace más de 80 días, sigue su curso sin llegar a un acuerdo general.

En la otra vereda, el Senado, aprobó por unanimidad la modificación a la Ley Antiterrorista, pero sin eliminar el delito de incendio, una de las principales demandas de los comuneros acusados por el Ministerio Público, ya que no hay acuerdo político.

Al interior del movimiento, en tanto, comienzan a verse las primeras disparidades de criterio, pero nada es aún definitivo. De hecho, hasta la Corte Suprema se sumó en la búsqueda de soluciones a este conflicto, pero sólo a "escuchar", ya que son los tribunales los que en última instancia deben resolver el futuro procesal de los huelguistas.

En este contexto, sin embargo, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, organización a la que se le atribuyen el aumento de la violencia en la Octava y Novena regiones, no había entregado su versión sobre la huelga y sus alcances.

"Estamos dispuestos a entregar la vida, siempre que sea parte de un proceso en beneficio de la causa mapuche y de nuestras demandas", dijo a El Mostrador quien es sindicado como el jefe militar del grupo, conocido también como el "Comandante Héctor".

Llaitul fue detenido el 22 de febrero de 2007, luego de un control de identidad hecho por detectives de Concepción. En 2008 fue absuelto y quedó en libertad. El 16 de octubre de ese año, Llaitul presuntamente habría ordenado atacar al fiscal de la Novena Región, Mario Elgueta, quien investigaba los atentados en la zona de la Araucanía. En la ocasión el fiscal y cinco policías fueron heridos por disparos de escopeta realizados por un grupo de encapuchados en las cercanías de Tirúa. Llaitul ha asegurado que lo ocurrido no fue una emboscada sino un enfrentamiento. Por este caso Llaitul fue detenido el 15 de julio de 2009 mientras visitaba a su madre en Osorno. Desde esa fecha ha estado en prisión preventiva y se encuentra acusado por Ley Antiterrorista por el Ministerio Público, debido a su presunta participación en el atentado al fiscal Elgueta y espera el juicio oral, donde la fiscalía pide una condena de más de cien años de cárcel.

"LA LEY ANTITERRORISTA NO DEBERÍA APLICARSE"

Desde su celda de la cárcel El Manzano en la capital de la región del Biobío, este asistente social de la Universidad de Concepción, coordina los pasos a seguir con la vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo y con su mujer, Pamela Pessoa, quienes los han representado en las negociaciones con el gobierno.

"Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesarpor la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir".

Llaitul reconoce que la salud de sus "hermanos" empeora cada día y que de no mediar acuerdo, varios de ellos tendrán problemas de salud irreversibles que los dejarán con secuelas. "No se trata de la muerte de uno, dos o tres huelguistas, porque cualquiera sea el número sería muy doloroso para nosotros, son buenos elementos que se perderían", dice y explica que la estrategia de los huelguistas siempre ha estado centrada en la negociación y en la búsqueda de acuerdos que les permitan alcanzar sus demandas.

Sin embargo, asegura que ello será posible siempre y cuando se haga "dentro del esquema del quehacer político de gente que no está en la causa, pero si puede hacer provecho y sacarle dividendo al contexto que se ha generado con el movimiento y la causa".

Por ello reitera que la vía legislativa no fue solicitada por ellos, sino que fue impuesta "con fuerza" por el gobierno "y otros sectores entraron, y en algún momento causó cierta simpatía al interior del movimiento de huelguistas pero después nos ordenamos y vimos que esa no era tanto la vía, aunque sí es una posibilidad que queda abierta".

Según Llaitul la aplicación de las leyes en el caso de los mapuche tiene fuertes componentes discriminatorios. "Muchos organismos internacionales han dicho que la Ley Antiterrorista no debería aplicarse en el caso de la protesta social mapuche, pero en Chile cuesta hablar en esos términos".

"Estas leyes son de aplicación con trasfondo político. Por eso decimos que somos perseguidos políticos y deberían darnos la categoría de presos políticos; porque estas leyes están sujetas a la voluntad política de los gobiernos de turno y por eso son invocadas y pueden ser definidas y adecuadas desde la autoridad estatal y particularmente por el Ejecutivo", insiste.

Bajo ese prisma, Llaitul manifiesta que para "descomprimir el conflicto", la voluntad del Ejecutivo debe plasmarse en una intervención real a la Ley Antiterrorista, "para que nosotros podamos ser reprocesados y se logren reformalizaciones y recalificaciones en las causas que nos permitan libertades o acceso a juicios justos con condenas dignas o correspondientes. Por eso decimos y seguimos insistiendo, que la vía del Ejecutivo es una vía administrativa.

"LOS FISCALES DETONARON ESTA HUELGA"

El principal obstáculo para alcanzar acuerdos, asegura, es el accionar del Ministerio Público: "(Son los) fiscales los que han detonado esta situación y eso tiene incómodo al gobierno. De hecho el gobierno debiera ser hábil políticamente y actuar de alguna manera sobre el Ministerio Público porque su actuación no va en concordancia con lo que hace el gobierno".

Al respecto, hay que recordar que el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, descartó cualquier modificación al criterio de acusación en contra de los comuneros mapuche que hayan participado en incendios o en atentados contra autoridades, cerrando con ello cualquier posibilidad de negociación, mientras no se modifique la ley.

Más allá de lo anterior, Llaitul insiste en que "existen visiones sobre la interpretación de la ley que ni siquiera coinciden con entre la administración actual. Por eso decimos que los que detonaron este conflicto, esta huelga en particular, fueron los fiscales".

Inquirido respecto a si lo que buscan es quedar fuera de los juicios iniciados por el organismo perseguidor, Llaitul asevera que no piden ni libertad ni absolución. "Lo que queremos es un juicio justo, que estén las garantías para eso, porque ahora con la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, no tenemos esas condiciones".

"Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesar por la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir".

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Por esta razón, reconoce que la huelga les ha permitido logros como conseguir canales adecuados para difundir la situación a nivel internacional. Y cita como ejemplo la carta que dirigió al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la que fue solicitada por redes internacionales "que respaldan la causa mapuche".

Asimismo, indica que debido a lo anterior, sumada la huelga y las gestiones de todo orden, les abrió el camino para que la "protesta social de la causa mapuche" sea reconocida, porque a su juicio, no están presos por cuestiones delictuales, sino "porque somos la expresión de la lucha de un pueblo".

"Sentimos también que hay una mejor comprensión del tema mapuche, no sólo porque se discute el tema al interior de las comunidades. Antes el apoyo era sobre la justeza de la causa en general y un poco de apoyo buena onda, por la discriminación que nos afecta, pero hoy vemos que el apoyo es más político tanto a nivel nacional e internacional, el apoyo es más hacia las propuestas que está teniendo el pueblo mapuche para salir frente a esta opresión", reitera Llaitul.

El dirigente de la CAM, por otro lado, rechaza las calificaciones de "violentistas" y "terroristas", más allá de los delitos que se le imputan. En este sentido, asegura que su norte político y su lucha son una "expresión autodefensa", y que ambas responden a la actitud que el Estado ha tenido con su etnia.

"Nuestra reacción ha sido defensiva, tiene una connotación de legitimidad a todo nivel. Apelamos incluso al derecho internacional en ese tema, porque el derecho de la rebelión de los pueblos oprimidos está consagrado en la Carta Fundamental de DDHH, nosotros apelamos a ese derecho y a los derechos de todos los pueblos que tienen la necesidad de hacer frente a la opresión y ese es el derecho del pueblo mapuche… no solo hacemos resistencia, tenemos una propuesta de salir frente a la dominación", enfatiza.

Fuente: El Mostrador

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