Rafael Quispe y Nelly Romero durante la presentación del estudio de impactos de la industria extractiva en los derecho humanos de los PPII
(AINI, Nueva York) Los pueblos indígenas de Bolivia reunidos en el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq( y en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentaron dos informes de Evaluación de los Impactos en los Derechos Humanos afectados por las empresas mineras y petroleras.
Nelly Romero, Vicepresidenta de CIDOB señaló que aún persiste el abuso en las comunidades guaranís del Chaco, presentó el caso de Muyupamapa donde la exploración petrolera realizada por la empresa Total E&P detonó 6.514 pozos e instaló 118 helipuertos y campamentos afectando un área considerable de las tierras comunitarias que no recibieron una justa compensación.
Por su parte, Rafael Quispe del CONAMAQ explicó que en el caso de la mina en Corocoro a 120 Km de La Paz, la empresa surcoreana KORES no realizó el Estudio de Impacto Ambiental requerido por ley; el estado Boliviano no realizó la consulta con el pueblo indígena y se han perdido importantes áreas de pastoreo y se ha afectado la disponibilidad de agua.
Ambas autoridades indígenas reafirmaron la necesidad que el Estado exija a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades afectadas e hicieron un llamado para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe, en el próximo mes de junio, las políticas sobre Negocios y Derechos Humanos.
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