Un nuevo informe de la ONU condena la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco de la lucha del Pueblo Mapuche por recuperación territorial y respeto cultural. Sus recomendaciones y conclusiones son compartidas por expertos y representantes, al tiempo que las autoridades del Gobierno anuncian "un nuevo rumbo" en el mal llamado "conflicto mapuche".
En julio del 2013, el relator especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, llegó a Chile en visita oficial con el mandato de la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
El objetivo de la visita fue analizar el uso de la legislación antiterrorista en el marco de las protestas mapuches encaminadas a la recuperación de tierras ancestrales, su derecho al reconocimiento colectivo y el respeto a su cultura y tradiciones.
"El Relator Especial concluye que la situación en las regiones de La Araucanía y Biobío es extremadamente volátil. Hay una necesidad urgente de dar a esta cuestión la prioridad que exige", describe.
Las recomendaciones y conclusiones del informe apuntan principalmente a la elaboración de una nueva estrategia nacional para abordar "exhaustivamente la cuestión mapuche", que considere la priorización de los procesos de devolución de tierras ancestrales, que no se aplique la Ley Antiterrorista en contra de manifestantes de la etnia, e investigar las denuncias de abusos y violencia contra los pueblos indígenas cometidas por miembros de la policía.
Hernando Silva, investigador del Observatorio Ciudadano, compartió el diagnóstico del informe, sobre todo ante la política criminalizadora que ha aplicado el Estado Chileno.
Por esto, el especialista en temas vinculados al conflicto que mantiene el Estado con la etnia originaria indicó que "las conclusiones parecen bastantes y más que compartidas en función de que hay está situación de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche respecto a sus tierras y sus derechos no pueden ser respondidas con políticas criminalizadoras de parte del Estado, sino que es necesario tener una respuesta de fondo de las reivindicaciones, ya que, mientras se siga manteniendo esta dinámica por parte del Estado, se va a seguir replicando la figura de violencia que actualmente se vive en el territorio mapuche".
Ana Llao, consejera nacional mapuche para la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), respaldó el documento, sobre todo en cuanto a las recomendaciones que se hacen.
Aseguró que esto debe acompañarse de un gesto político, en consideración de que "el conflicto no viene de parte nuestra, no es provocado por el pueblo mapuche, sino por el Estado de Chile". La consejera valoró ante esto, el gesto dado por el nuevo intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien pidió perdón a las comunidades por el despojo de sus tierras. Junto a esto, comprometió "un cambio de rumbo" en la materia.
En esa línea, el recién asumido intendente de la región afirmó que "nadie hace milagros y yo tampoco, pero hay que cambiar el rumbo de este barco, eso es lo que pretendemos. Los grandes temas de fondo relativos a las tierras, la autonomía, el reconocimiento y la participación política, le corresponden al gobierno central y tendrán en mí a un impulsor claro y decidido. Las grandes empresas forestales y las empresas dueñas de las aguas tendrán que asumir su responsabilidad".
El intendente además se refirió de forma especial a los fiscales del Ministerio Público en casos relacionados asegurando que estos "no son caza recompensas, deben actuar conforme al principio de objetividad (…) deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de opinólogos de lo sucedido en el proceso".
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