La Ocupación Militar de la
Araucanía y el proceso de reducción territorial que ésta trajo consigo,
significó para las familias mapuche la condena a subsistir en espacios cercanos
al 5% de su ocupación efectiva, en las ‘reducciones’ (de ahí su nombre), mientras
en sus ‘tierras antiguas’ se instalaban, con apoyo monetario y material del
Estado chileno, los colonos europeos.
“La Reforma
Agraria, como proceso político, permitió la recuperación y ampliación de las
tierras mapuches en un proceso que no tiene precedentes en la historia de la
relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y fue el resultado,
sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, de la voluntad política de
enfrentar y resolver la demanda territorial mapuche, poniendo para ello a
disposición de las organizaciones mapuche los mecanismos contemplados en las
leyes de Reforma Agraria, no obstante su origen más ‘campesinista’ que ‘indigenista’,
y que ellos significara afectar el sacrosanto y decimonónico derecho de
propiedad…”
Cuando el 4
de Noviembre de 1970 la Unidad Popular se instala en La Moneda debe asumir
muchas situaciones pendientes, entre ellas una que en aquellos días cumplía un
siglo: la situación territorial del pueblo mapuche.
La Ocupación Militar de la Araucanía y el
proceso de reducción territorial que ésta trajo consigo, significó para las
familias mapuche la condena a subsistir en espacios cercanos al 5% de su
ocupación efectiva, en las ‘reducciones’ (de ahí su nombre), mientras en sus
‘tierras antiguas’ se instalaban, con apoyo monetario y material del Estado
chileno, los colonos europeos, en lo que constituye el origen de la gran
propiedad agraria en la Araucanía, en hechos que perviven en la memoria
comunitaria.
Un siglo
después, en el año 1962, las organizaciones mapuches se reunían en el Ateneo
Popular de Temuco y realizaban el Primer Congreso Provincial de Campesinos e
Indígenas de Cautín, demandando al Estado chileno “La restitución de las
tierras usurpadas por los dueños de fundos, los que mediante despojos han
constituido los grandes latifundios que hoy poseen.”
El
movimiento de reivindicación territorial mapuche comenzaba así un camino sin
retorno, inaugurando este proceso la ocupación del fundo Chiguaihue, en 1962,
ocupación que le costó la cárcel al Lonko Juan Millacheo y la muerte a Carlos
Collío, quien fue baleado por el dueño del predio, Ignacio Silva Correa.
En el año
1967 ocurrirá un hito fundamental: se dicta la Ley de Reforma Agraria 16.640:
“La tierra para el que la trabaja”, decían los inquilinos de los fundos, “Devolución
de las tierras usurpadas”, decían los mapuches, que habían sido
expulsados de los fundos, los que formaban parte de sus ‘tierras antiguas’.
En forma
paralela, en diversas partes del territorio mapuche las comunidades ocupaban
predios exigiendo al Estado chileno su devolución. Así lo hacían familias de
Ranquilhue, Choque, Ranquilco, El Malo, quienes ingresan a la Hacienda
Tranaquepe, sus tierras ‘antiguas’, en Arauco, “este fundo tiene 20.000
hectáreas, nace en el mismo mar y colinda en la Cordillera de Nahuelbuta, tiene
escasos 29 inquilinos y 2 mayordomos, hay mucha tierra desocupada”, señalada
entonces Lorenzo Carilao Tranamil. Dos años, después, en marzo de 1969, las
comunidades de Quetrahue, Reñico, Maitén, Didaico, Pantano, ingresaban a los
predios de la Sucesión Moena, en Lumaco, cuyos integrantes vivían en Inglaterra
y tenían sus propiedades desocupadas.
Como
respuesta al movimiento mapuche, en Agosto de 1969 arriban a Chiguaihue cientos
de dueños de fundos, provenientes de Traiguén, Victoria, Collipulli, Angol,
desarrollándose una batalla campal entre los mapuche –que habían ocupado
nuevamente el fundo- y los latifundistas, en lo que constituye una advertencia
y el origen de los Grupos de Retoma Patronales. El gobierno central, por su
parte, declara Zona de Emergencia en Collipulli, en Julio de 1970, como
respuesta a la ocupación de los fundos Chiguaihue, Alaska y Pidenco.
La Unidad Popular en la Araucanía
En este
contexto asume el gobierno la Unidad Popular, que en su programa plantea la
profundización del proceso de Reforma Agraria, la promoción del desarrollo
económico y social del pueblo mapuche, además de reconocer la legitimidad de su
demanda.
Como prueba
de aquello, el Presidente Salvador Allende ordena, en Enero de 1971, que se
instalen en Temuco funcionarios de todos los Ministerios y reparticiones
públicas, el Cautinazo en la memoria histórica, y se crea la ‘Comisión de Restitución
de Tierras Usurpadas’, la que a Febrero de 1972 había restituido a los mapuche
68.341 hectáreas que faltaban a los títulos de Merced mapuches, y que con el
paso de los años habían sido integradas fraudulentamente a los fundos vecinos.
A ellas se agregan 70.103 hectáreas expropiadas en 1971 en Malleco y de Cautín,
lo que constituía una cifra histórica en términos de recuperación territorial
mapuche.
Al mismo
tiempo, se crea el Instituto de Capacitación Mapuche, en Temuco, el que es
inaugurado el 28 de Marzo de 1971 Allende, quien en su discurso describe sus
objetivos centrales: “Proporcionar capacitación técnica y promoción
profesional, con el objeto de preparar mano de obra calificada en cualquiera de
los sectores de la producción y organizar su comercialización. En general,
servir como un instrumento en la capacitación de todas las materias que sea
necesario impartir.”
Por esos
mismos días, El Diario El Mercurio comenzaba su ‘campaña del terror’: “50
fundos paralizados en Provincia de Cautín. Amenaza para el Granero de Chile… lo
que significa que la producción habrá de disminuir notablemente, según cálculos
en un 30%”.
La
respuesta patronal al movimiento mapuche no se haría esperar. A fines de 1971
hacen su aparición los ‘Comité de Retoma’ latifundistas, inaugurando sus
acciones en Huilío, Nueva Imperial, donde el militante del Partido Nacional
Juan Antonio Navarrete y otros particulares, ingresan armados al lugar en el
que se encontraban 15 familias mapuche del Movimiento Netuaiñ Mapu
(recuperaremos la tierra), asesinando a balazos a los hermanos Ramón y
Francisco Cheuquelen, y dejando un reguero de heridos: “Marcelina Quintulen
Melin, sobrina de Francisco Cheuquelen Melin, relató “el rico y como 20 personas más entraron en un camión, desde
dentro del fundo, se bajaron y empezaron a disparar con armas de fuego.
Entonces los compañeros arrancaron, y otros, las mujeres, se escondieron detrás
del árbol. Allí cayó Francisco y los otros. Estaban preparando el almuerzo.
Después empezaron a incendiar el ruco, las carretas, la ropa, mantas, cueros,
las cositas que se habían llevado. Robaron también las herramientas de trabajo.
También apalearon a los heridos y palmotearon a los niños chicos y las mujeres.
El fundo es de cómo 600 hectáreas, pero el rico tiene legalizado solamente 200,
el resto es todo usurpado a los mapuches”, describía el Diario
Austral.
Los grupos
paramilitares se integran al panorama cotidiano. El mes anterior, mapuches del
MCR ingresaron al fundo Chesque, ante lo cual Martín Doyarcabal y otros
particulares, dieron muerte a balazos a Moisés Huentelaf. La Federación de
Sindicato de Agricultores le brindó su apoyo “como lo ha hecho y lo hará con
cualquier agricultor que, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa,
enfrente una agresión que le pueda costar la vida”.
Al año 1973
el proceso de reforma agraria había cumplido su objetivo -en cuanto a la
restructuración del agro a través de la expropiación de los grandes
latifundios, que sobrepasaban las 80 Hectáreas de Riego Básico- pero aún así
quedaban numerosas situaciones territoriales pendientes.
El gobierno
de la Unidad Popular decide no abandonar el proceso, y lo hace aplicando otra
causal de expropiación, la ‘mala explotación y/o abandono de los predios’,
también establecida en la ley de Reforma Agraria, contradiciendo a aquellos que
alegaban (y alegan) la ‘ilegalidad’ del proceso. Como señalaba el Ministro de
agricultura, Jacques Chonchol, “La decisión del gobierno es hacer la Reforma
Agraria dentro de la ley, pero aplicando hasta el último artículo de la ley”.
El Diario
Austral, como respuesta a la decisión del gobierno y de las organizaciones
mapuche, creaba las condiciones para lo que vendría y titulaba en Agosto de
1973: “Una nueva escalada de tomas tiene planeada el Movimiento Campesino
Revolucionario, filial agraria del MIR, que ya ha cumplido en 1971 y 1972 una
impune y desquiciada acción en la actividad agrícola en Cautín.”
Como
resultado final del proceso, a Septiembre de 1973 en las provincias de Malleco
y Cautín se habían expropiado a favor de las familias y comunidades mapuches un
total de 152.416,48 hectáreas, a las que se sumaron las 68.000 que fueron
reintegradas a los Títulos de Merced por la Comisión de Restitución de Tierras
Usurpadas.
Muerte en la Araucanía
El Golpe de
Estado llegó al territorio mapuche con anterioridad al resto del país, y prueba
de ello es el allanamiento realizado por efectivos militares el 29 de Agosto de
1973 en el Asentamiento Loberías, el fundo de la familia del dirigente agrícola
Domingo Durán, donde es brutalmente torturado el dirigente mapuche Segundo
Quian, quien muere a consecuencia de aquello el 8 de Septiembre.
Sin
embargo, es a partir del 11 de septiembre que la persecución y la muerte se
expanden por toda la Araucanía, región en la que tuvo un carácter especialmente
virulento y cargado de racismo. El Informe Rettig señala: “Es necesario destacar la dureza extrema con que se trató a los
mapuches y a sus familias y la grave dificultad que ha significado para éstos
en las zonas más rurales, tener que convivir, en la misma localidad a veces
hasta el presente, con los agentes que causaron la muerte a sus seres queridos.”
Efectivamente,
en no pocos casos participaron de la represión y de la muerte civiles
vinculados a los Comité de Resistencia Patronales y al Movimiento Nacionalista
Patria y Libertad, que luego de declararse en clandestinidad establece su
cuartel general en Capitán Pastene, y con los cuales los sobrevivientes se
seguirán encontrando, hasta la actualidad, y que significó que muchos de los
desaparecidos, muertos y torturados no hayan sido denunciados. Se había
inoculado el temor.
Fruto de la
represión son asesinados y/o desaparecidos, entre muchos otros, Pedro Millalen,
del asentamiento Elmo Catalán, en Lautaro; Andrés Levio; Jose Meliquen; Julio
Paine, de Muco; Manuel Lizama Cariqueo; Segundo Lepin; Juan Segundo Nahuel;
Heriberto Collío; Victor Llanquien, de Huircaleo; Gregoria Carilaf, de 73 años,
quien murió fruto de los golpes propinados por carabineros que buscaban a su
hijo; y en un caso emblemático, Julio Ñiripil Paillao, joven mapuche de 16 años
de la comunidad de Huircaleo, quien es ejecutado en el patio de su casa,
también por carabineros, para luego su madre recoger el cuerpo y sepultarlo.
En conjunto
con la represión y la pérdida de tierras recuperadas y puestas en producción,
los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria mapuche sufrieron la
confiscación de la totalidad de sus bienes, de maquinaria, animales, cosechas y
de todas las mejoras realizadas.
En términos
territoriales, el 65% de las tierras expropiadas a favor de mapuches fueron
devueltas a los antiguos propietarios. Los predios que no fueron restituidos se
parcelaron, en un proceso en que los mapuches, en su gran mayoría, fueron
excluidas. El Ministro de Agricultura del gobierno militar, el Coronel de
Aviación Sergio Crespo, al respecto declaraba que “La
tierra será entregada a quien realmente la merece… No todos los asentados serán
propietarios, ya que la tierra no alcanza. Una comisión hará una encuesta para
determinar quiénes merecen ser propietarios”, privilegiando así
en la asignación de parcelas a ex inquilinos, medieros o campesinos chilenos,
no a los mapuche, y menos a los que participaron del proceso de Reforma Agraria.
El espíritu
de la época es retratado por el nuevo director zonal de la CORA, Héctor Jensen: “Ustedes saben el castigo que tienen quienes toman, roban o
usurpan. Perfectamente podríamos haber venido acompañados de un pelotón oficial
o de militares para echarlos a la calle. Sin embargo, hemos preferido el
diálogo y el arreglo a la buena, conscientes de que ustedes como nosotros
desean un mismo fin, cual es el progreso y la recuperación del país”.
Por su
parte, el Diario Austral de Temuco, en su editorial del 11 de Septiembre de
1974, señalaba: “En Cautín
quiso el marxismo matar la propiedad agraria. Los campos de Cautín durante la
anterior administración fueron escenario de una serie de atentados contrala
propiedad privada y el MIR con la figura del Che Guevara llevó al odio como
también a la anarquía y destrucción a complejos agrícolas. Los trabajadores
envalentonados e ilusionados perdían el tiempo en huelgas, reuniones y
concentraciones mientras la leche se perdía y los animales se morían sin que
nadie se preocupara de nada.”
En
contrario a lo que en los días posteriores al Golpe Militar declaraban los
funcionarios de la naciente dictadura, el recuerdo del proceso de Reforma
Agraria en la memoria comunitaria mapuche es altamente positiva, tanto desde la
perspectiva de la recuperación de sus tierras como de la calidad de vida que se
logró a través del trabajo comunitario.
Antonio
Lolcolil, del asentamiento Loberías, recuerda “Todos trabajamos en común. Nosotros le dimos explotación al
fundo, el fundo estaba sucio y no se hacía ni una huerta.” Pedro Raín, de la Cooperativa Lautaro
de Lumaco, rescata del proceso “el derecho
de vivir, de construir, el derecho de gozar la tierra”. Para don Reinaldo
Penchulef, del Asentamiento Cuel Ñielol “El gobierno de Salvador Allende vive
conmigo, vive con mi gente, vive con mi familia, vive aquella participación que
nos dieron y las garantías que tuvimos como mapuches en aquellos tiempos,
fueron cosas inolvidables.”
La Reforma
Agraria, como proceso político, permitió la recuperación y ampliación de las
tierras mapuches en un proceso que no tiene precedentes en la historia de la
relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y fue el resultado,
sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, de la voluntad política de
enfrentar y resolver la demanda territorial mapuche, poniendo para ello a
disposición de las organizaciones mapuche los mecanismos contemplados en las
leyes de Reforma Agraria, no obstante su origen más ‘campesinista’ que
‘indigenista’, y que ellos significara afectar el sacrosanto y decimonónico
derecho de propiedad.
Fuente: http://oge.cl/la-unidad-popular-y-el-pueblo-mapuche-relato-de-un-proceso/
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