Escribo esta carta abierta a las personas que viven en Chile, y miran con cierta indiferencia lo que sucede en el sur del país entre el Estado y los mapuche. Hasta hace poco, yo mismo estaba en esa situación, que muchas veces mezcla una pizca de simpatía por los mapuche, con una montaña de ignorancia sobre el problema, lo que nos hace presa fácil de prejuicios y medias verdades. El cargo en que me han puesto las ciudadanas y ciudadanos de Magallanes me ha permitido conocer mejor el conflicto, que hoy vuelve a salir a la luz pública con la huelga de hambre de una machi presa. Lo mínimo que puedo hacer es compartir con ustedes esta carta, que espero ayude a que pasemos de la indiferencia e ignorancia, a la solidaridad y la acción.
El jueves recién pasado la Corte de Apelaciones de Temuco volvió a enviar a la machi Francisca Linconao a la cárcel. Por cuarta vez en sólo unos meses, se revocó la decisión del Juez de Garantía de sacar a la machi de la cárcel, para que estuviera recluida en su domicilio. Y es que en la Araucanía opera una versión muy distinta del derecho. Una que aplica para los mapuche y sus dirigentes, donde la Fiscalía no tiene que mostrar antecedentes del delito que justifiquen la participación de los acusados para encerrarlos. Le basta con formalizar y el imputado y su defensa son los que deben probar la inocencia. Un mundo al revés.
La machi lleva cerca de nueve meses en prisión preventiva por su supuesta participación en el terrible crimen de la familia Luchsinger Mackay, que hoy volvemos a repudiar sin dobleces. El principio de presunción de inocencia es básico en un estado de derecho. Significa que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y por lo mismo, la mayoría de los imputados debería esperar sus juicios en libertad. Para dejar encerrada a la Machi Francisca Linconao deberían haberse presentado pruebas o antecedentes contundentes que permitan presumir fundadamente que ella ha participado en el crimen y que muestren que ella es un peligro para la sociedad o para la misma investigación.
¿Cuáles son estos antecedentes? La primera es el testimonio de José Peralino, otro imputado en la causa. Peralino ha reconocido públicamente que éste era falso y que los detectives lo han hostigado para que haga esas declaraciones. Peralino se querelló, pero la causa fue convenientemente sobreseída por la misma sala de la Corte de Apelaciones, ¡incluso con informe pericial que encontró evidencia de torturas! Cuando como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidimos visitar la Región y escuchar a Peralino, se activaron misteriosos mecanismos para que no pudiéramos. Digo esto porque sucedió ante mis ojos. La cosa pasa de castaño a castaño oscuro.
La segunda prueba o antecedente es una pericia de teléfonos celulares que ubicaría a cuatro personas en la casa de la machi unas horas antes del incendio investigado. Lo curioso es que la propia compañía telefónica que emitió el informe repite una y otra vez que los resultados no son concluyentes, porque no puede certificar que los números telefónicos estén correctos, ni que la posición de las antenas sea la misma que en 2013.
A esto sumémosle que se acaba de levantar el secreto sobre el testimonio de ciertos testigos sin rostro (permitidos por la ley antiterrorista). En esos testimonios ¡se descarta la participación de la machi!.
Todo esto es posible por la invocación arbitraria que hace el ministerio público en la Araucanía, de la Ley que Califica Conductas Terroristas. Los fiscales que han invocado esta ley permanecen en sus cargos, aún cuando la Corte Interamericana ha sancionado la utilización de esta ley especial, la que además no es efectiva ya que casi la totalidad de quienes han sido juzgados por esta, han sido absueltos.
Los hechos que aquí se relatan fueron llevados a juicio oral, el que en sentencia definitiva estableció que no se trataba de terrorismo y que. Ni el Ministerio Público, ni la Intendencia de la Araucanía, ni las víctimas apelaron (causa 220-2013 Top Temuco, condena Celestino Córdoba). Lo que nos lleva a pensar que hoy se invoca nuevamente la denominada ley antiterrorista sólo para reforzar la prisión preventiva y alterar el debido proceso.
El estado de salud de la machi —de 60 años— empeora día tras día. De acuerdo a la cosmovisión mapuche, su calidad de machi le exige estar cerca de su rewe. Ella piensa que su situación es una venganza por haber defendido (en tribunales y con éxito) su menoko (el sitio sagrado donde crece el lawen, o sea, los remedios para su gente), y por estar intentando recuperar (a través de CONADI) la propiedad para su lof (que no tiene nada que ver con el conflicto en Vilcún ni con la familia Luchsinger). Pero yo creo que su situación es más bien el resultado de una política sistemática y racista de represión y criminalización del movimiento mapuche. Su caso es un eslabón más en la cadena de dirigentes y líderes mapuche presos sin pruebas y sin condenas, que suma varias decenas. Y no estoy solo en este diagnóstico. Naciones Unidas , a través de sus diversos organismos de derechos humanos viene diciendo hace más de diez años que debe terminarse con estas políticas y buscar una solución política al conflicto, siguiendo las pautas que entrega el derecho internacional: restitución de tierras y autonomía indígena.
Pero, ¿por qué el Estado parece tomar una posición que sólo agrava el problema? Pareciera ser que uno de los nudos fundamentales es que enfrentar el fondo del asunto implica afectar intereses muy poderosos. El corazón de los negocios de la familia Matte — los mismos de la colusión del confort y los pañales— está, justamente, en el territorio mapuche. El grupo es dueño directamente de más de 700 mil hectáreas en sur de Chile, y tiene interés directo en otro tanto para alimentar su negocio papelero. Otro magnate, Angelini, a través de Forestal Arauco, posee más de un millón de hectáreas, buena parte de las cuales están en territorio mapuche. En contraste, los mapuche no tienen más de 600 mil hectáreas en su propio territorio histórico. Por si fuera poco, la autonomía indígena exige transferir poder de decisión en sus asuntos internos desde Santiago a las propias comunidades mapuche. O sea, resolver el conflicto de acuerdo al derecho internacional significa liquidar el negocio de las familias dueñas de Chile, y más encima, descentralizar el país. Imposible para los que gobiernan Chile hoy día.
Otra vez se vuelve claro el origen del conflicto: unos pocos producen y profitan del malestar y otros —la gigantesca mayoría— lo padecen. En el caso de los mapuche, el malestar es más brutal: discriminación, pobreza extrema, reducción, folklorización, represión policial, cárcel sin pruebas ni juicios, muertos sin culpables.
Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes
Movimiento Autonomista
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