La ONU condenó el asesinato de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, quienes eran dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)y eran supervivientes de la matanza de ''El Charco'', cuando soldados mataron a doce presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en 1998.
TeleSUR / 24 de febrero 2009
Original: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/index.php?ckl=43596-NNLa oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, condenó este martes el asesinato de dos líderes indígenas defensores de derechos humanos en Guerrero (estado al sur de México) por tres personas indentificadas como presuntos policías.
En un comunicado de prensa, la ONU confirmó que los dos dirigentes habían sido secuestrado el pasado 13 de febrero "por tres personas armadas que se habrían identificado como policías en un evento público en el municipio de Ayutla de los Libres. El 21 de febrero la procuraduría del estado encontró sus cuerpos sin vida y con signos de tortura".
Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas eran dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y desde hace 10 años se habían dedicado a documentar y denunciar abusos contra la comunidad, incluidas de militares.
Los dos indígenas eran supervivientes de la matanza de "El Charco" en 1998, cuando soldados enfrentaron a presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y mataron a doce de ellos.
Sus cuerpos fueron hallados este fin de semana en un poblado de Guerrero, semi enterrados y dentro de bolsas de plástico. Uno de ellos falleció de dos disparos y
el otro por golpes, aunque ambos presentaban señales de tortura.
La oficina de la ONU en México, que realizó una visita oficial a Guerrero, condenó el asesinato y expresó su preocupación por "las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor", especialmente en zonas marginadas del estado, uno de los más pobres de México.
El organismo hizo un llamado a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos de manera rápida y que los responsables sean sancionados, así como garantizar a los familiares que serán resarcidos por las violaciones a sus garantías individuales.
Por su lado, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a "investigar de forma efectiva los asesinatos de Lucia y Ponce".
Niegan crimen de Estado
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, rechazó este martes en una rueda de prensa que el doble asesinato sea un "crimen de Estado" como lo han calificado organizaciones locales pro derechos humanos.
"Este crimen nos avergüenza", dijo Torreblanca y aseguró que se investigará lo más pronto posible.
Guerrero, en la costa del Pacífico, es uno de los estados con mayor porcentaje de población indígena del país y más altos niveles de pobreza.
La miseria motivó, desde mediados del siglo XX, la creación de varios movimientos guerrilleros campesinos que aprovechaban la montañosa geografía del estado para permanecer ocultos y reivindicar sus demandas con ataques a las fuerzas de seguridad.
Además, en Guerrero los cárteles de la droga mantienen plantaciones de marihuana y amapola, y su acción ha dejado más de 60 muertos en lo que va de año, según medios mexicanos.
En un comunicado de prensa, la ONU confirmó que los dos dirigentes habían sido secuestrado el pasado 13 de febrero "por tres personas armadas que se habrían identificado como policías en un evento público en el municipio de Ayutla de los Libres. El 21 de febrero la procuraduría del estado encontró sus cuerpos sin vida y con signos de tortura".
Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas eran dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y desde hace 10 años se habían dedicado a documentar y denunciar abusos contra la comunidad, incluidas de militares.
Los dos indígenas eran supervivientes de la matanza de "El Charco" en 1998, cuando soldados enfrentaron a presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y mataron a doce de ellos.
Sus cuerpos fueron hallados este fin de semana en un poblado de Guerrero, semi enterrados y dentro de bolsas de plástico. Uno de ellos falleció de dos disparos y
el otro por golpes, aunque ambos presentaban señales de tortura.
La oficina de la ONU en México, que realizó una visita oficial a Guerrero, condenó el asesinato y expresó su preocupación por "las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor", especialmente en zonas marginadas del estado, uno de los más pobres de México.
El organismo hizo un llamado a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos de manera rápida y que los responsables sean sancionados, así como garantizar a los familiares que serán resarcidos por las violaciones a sus garantías individuales.
Por su lado, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a "investigar de forma efectiva los asesinatos de Lucia y Ponce".
Niegan crimen de Estado
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, rechazó este martes en una rueda de prensa que el doble asesinato sea un "crimen de Estado" como lo han calificado organizaciones locales pro derechos humanos.
"Este crimen nos avergüenza", dijo Torreblanca y aseguró que se investigará lo más pronto posible.
Guerrero, en la costa del Pacífico, es uno de los estados con mayor porcentaje de población indígena del país y más altos niveles de pobreza.
La miseria motivó, desde mediados del siglo XX, la creación de varios movimientos guerrilleros campesinos que aprovechaban la montañosa geografía del estado para permanecer ocultos y reivindicar sus demandas con ataques a las fuerzas de seguridad.
Además, en Guerrero los cárteles de la droga mantienen plantaciones de marihuana y amapola, y su acción ha dejado más de 60 muertos en lo que va de año, según medios mexicanos.
TeleSUR - Efe / ff - PLL
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