Del 29 de noviembre al 10 de diciembre sesionará en Cancún la decimosexta
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP 16). La crisis climática es grave y lo que hay en juego
en el mundo real es mucho.
Pese a esto, los gobiernos más poderosos –que son los más contaminantes y cargan con la mayor
deuda climática–, con la colaboración de los anfitriones, decidieron de antemano que Cancún
será sólo una parada, donde no habrá fracasos, porque no intentan un nuevo acuerdo global.
Esta declaración de unos pocos, funciona como profecía auto-cumplida, ya que las decisiones
se toman por consenso. Otra vez, como hicieron en Copenhague, se proponen secuestrar todo
esta Convención de Naciones Unidas, para lograr lo que quieren sus trasnacionales, aunque la
crisis climática empeore.
Que no haya acuerdo global, vinculante, de reducciones reales de emisiones –no a través de
soluciones falsas como mercados de carbono o nuevas tecnologías– facilita que sigan
cabalgando en el espurio Entendimiento de Copenhague, que no es parte de Naciones Unidas
y cuyos compromisos voluntarios llevarían a un aumento de la temperatura de 3-4 grados
en promedio, un escenario de catástrofe premeditada para muchos países del Sur.
Pero sí hay algunos temas –de enorme relevancia por sus nefastas consecuencias– sobre
los que la mafia climática quiere lograr acuerdos en Cancún. Los principales son: la
privatización del aire, a través de la privatización de facto de los bosques en todo el planeta
con los programas REDD+; la creación de un mecanismo financiero que podría significar
instaurar una nueva era de Programas de Ajuste Climático (parafraseando los Programas
de Ajuste Estructural del FMI y Banco Mundial); y la creación de un Comité de Tecnologías
para el cambio climático, tema opaco que puede cobijar la promoción de tecnologías
muy dañinas, como cultivos transgénicos, geoingeniería y otras aventuras tecnológicas
con fuertes impactos ambientales y sociales, además de funcionar como agencia de
protección de patentes de las trasnacionales.
Tambien hay propuestas para incluir suelos y agricultura en mercados de carbono,
un nuevo ataque contra la agricultura campesina, esencial para alimentar el mundo
y para enfriar el planeta.
Lo más grave en la COP 16 es el intento de mundializar los programas REDD+
(Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques), que es uno
de los mayores asaltos globales a los bienes comunes de comunidades y pueblos
indígenas y campesinos. REDD+, como explico en artículos anteriores, es una
moneda que con una cara premia a los grandes deforestadores (si dejan en pie
un rídiculo 10 por ciento de lo que talan) y con la otra, compra comunidades forestales,
como pago por servicios ambientales de absorción de carbono en sus bosques. Aunque
conserven su título de propiedad, REDD significa una expropiación de los territorios,
porque los pueblos ya no pueden decidir sobre ellos. (Ver Ana de Ita, REDD y pueblos
indígenas, La Jornada)
Programas de servicios ambientales forestales ya existían en varios países. Hay
historia de comunidades despojadas de sus territorios a partir de éstos. Pero
los bosques no son aceptados dentro de la Convención de Cambio Climático como válidos
para generar certificados de reducción o bonos de carbono, porque es imposible medir con
exactitud cuánto CO2 realmente disminuyen.
Lo que se pretende en la COP 16 es que a través de los programas REDD+, se validen
globalmente los bosques como generadores de bonos de carbono. Si esto se aprueba,
se colocan todos los bosques del mundo como cotos de caza para los especuladores.
Es un banquete para un mercado deprimido por la crisis financiera: lo que se paga a las
comunidades es una mínima fracción del valor de reventa de esos derechos de absorción
de carbono a otras empresas y especuladores. Las empresas más sucias, las que generan
más gases de efecto invernadero, con REDD+ pueden seguir contaminando, justificarse
alegando que hay bosques que están absorbiendo sus emisiones, y aumentar sus ganancias
con la reventa de bonos.
El problema para este negocio es que los bosques están habitados, en todo el mundo,
por comunidades indígenas. Por eso, las empresas, junto a ONG conservacionistas y
gobiernos, se han ensañado en vender REDD como beneficio y reconocimiento a las
comunidades forestales, cuando en realidad es un despojo a gran escala.
Sin duda, las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental para
equilibrar el clima. Justamente por eso no pueden quedar a merced del mercado especulativo
de las trasnacionales o de la beneficencia de ONG. Deben ser apoyadas y reconocidas
en la integralidad de sus derechos, no en transacciones comerciales ni como cartas en
el juego de políticos y ONG. Hablar de REDD sin intervención del mercado o con derechos
indígenas, como tratan de maniobrar algunos para justificar su involucramiento, es
también una trampa. Si se trata de derechos, no pueden ser programas, ni condicionados
a certificación externa ni en mecanismos diseñados para el mercado, como es REDD.
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