Redacción Actualidad Étnica
Por Margarita Bolívar
Bogotá, 30/03/2007. El asesinato de Osiris Amaya Beltrán, indígena wayúu y la reciente detención de Carolina Isabel Sequeda del pueblo Kankuamo son hechos que evidencian: la continúa presencia de estructuras armadas relacionadas con grupos paramilitares en el departamento de la Guajira; el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en el marco de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la necesidad de pensar los efectos del conflicto armado desde una perspectiva de género, lo cual a su vez tiene incidencia en el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En lo corrido de este año, han sido asesinados cuatro indígenas wayúu en el departamento de la Guajira. El más reciente asesinato fue el de Osiris Amaya Beltrán, maestra de la escuela del resguardo de Lomamato, ocurrido el pasado 14 de marzo en la vía que conduce de Hatonuevo a Maicao. Al parecer, la maestra se negó a continuar pagando las cuotas extorsivas que le exigían hombres pertenecientes a grupos paramilitares que operan en la zona.
A pesar del proceso de desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas, las denuncias respecto a la presencia y operación de grupos paramilitares en varios lugares de la Guajira continua siendo un hecho, que al parecer no ha recibido la atención debida por parte de los organismos del Estado. Los hechos recientemente denunciados ante la opinión pública son prueba de que en este departamento la crítica situación de seguridad y orden público no fue superada con la desmovilización de las AUC. En ese contexto lo que se ha propiciado, como desde hace mucho tiempo, es el silencio absoluto frente a múltiples hechos violentos que no salen a la luz pública por el miedo de las comunidades frente a eventuales retaliaciones por parte de los grupos armados que operan en la zona.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta (como en varias oportunidades lo han señalado líderes de la región) que en el trasfondo de esta situación existen estructuras económicas y políticas que respaldan las prácticas violentas de estos grupos, pues de ellos depende en gran parte el control social y económico que ejercen en la zona. Adicionalmente, la negación de esta problemática bajo el argumento de la desmovilización del Bloque Norte y de considerar a los nuevos grupos como parte de la delincuencia organizada son factores que contribuyen a la invisibilización de las verdaderas dimensiones del fenómeno paramilitar, así como de la crisis humanitaria que vive el pueblo wayúu.
Mientras que en la Guajira, el pueblo wayúu continúa sometido a los designios de las estructuras paramilitares, en el departamento del Cesar, los indígenas Kankuamos se ven nuevamente sometidos a las detenciones arbitrarias por parte de los organismos del Estado. El pasado 28 de marzo, miembros de la SIJIN detuvieron a Carolina Isabel Sequeda Arias en el barrio Candelaria Norte de Valledupar, departamento de Cesar. Esta detención se produjo sin que las autoridades del pueblo kankuamo fuesen informadas al respecto, desconociendo así los compromisos asumidos entre la Fuerza Pública y el Pueblo Kankuamo para respetar sus derechos como pueblo autónomo y evitar las detenciones arbitrarias y masivas que se venían presentando en varias de las comunidades.
Este nuevo hecho se suma a las continuas y recientes amenazas contra varios de los indígenas Kankuamos en situación de desplazamiento. Con ello lo que se demuestra es la incapacidad del Estado colombiano no solo para respetar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, sino también para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y observar los pronunciamientos y requerimientos de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Finalmente, estos hechos obligan a pensar en la necesidad de dimensionar el conflicto y sus efectos en una perspectiva de género. En el caso particular del pueblo wayúu y sobre todo desde la llegada de los grupos paramilitares a la región, las mujeres han sido las más afectadas, ya que además de enfrentar los asesinatos y desapariciones de padres, hermanos y esposos también terminaron por convertirse en el medio ideal para acabar con todo un pueblo y su cultura. Y de este modo, pasaron a ser víctimas directas de homicidios, desapariciones, masacres, desplazamientos y actos de violencia sexual determinados en muchos casos por negarse a callar y a continuar siendo víctimas de un exterminio.
En el caso de las mujeres kankuamas la situación no ha sido menos difícil y actualmente, luego de una larga historia de muertes ellas han debido enfrentar solas la crianza de sus hijos y en otros casos han sido alejadas de sus familias como consecuencia de las detenciones arbitrarias, al ser señaladas como integrantes de grupos subversivos.
Y en ese sentido, se convierte en una imperiosa necesidad, tal y como lo afirma el Grupo de trabajo: Mujer, género por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación "reconocer a las mujeres como víctimas por las violaciones a sus derechos; las violaciones a los derechos de sus parientes y la sobrecarga en el sostenimiento de los miembros de su familia en tanto sobrevivientes mayoritarias del conflicto armado"[1]. Este reconocimiento debe traducirse, de manera efectiva en acciones de restitución, indemnización, rehabilitación u garantías de no repetición ajustadas a las particularidades e intereses de las mujeres indígenas.
[1] "Recomendaciones para garantizar la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado". Bogotá, octubre 13 de 2006.
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