Matías Abogabir, el responsable de la implementación de la mesa que se autodenominó de consenso sobre consulta indígena para implementar las obligaciones estatales se declara un inexperto según entrevista emitida al diario la segunda. Es el mismo que ha venido aconsejando no consultar a los Pueblos indígenas en materias que competen, como la Ley de TV digital.
Continúa así desbaratándose, irresponsablemente, actos administrativos que en vez de implementar, reconocer y valorar los derechos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales, prosiguen intensificándose con formas viciadas y violatorias a causa de la ignorancia y la mala fe, ya que en medio de su miopía, lo que ha hecho el gobierno a través de su representante, es desconocer, despilfarrar y transgredir derechos, fomentando un verdadero caos con iniciativas que son desconocidas y rechazadas por diversos y amplios sectores a quienes el asesor calificó en su reciente entrevista de "minoritarios".
Imagen: Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
"No soy experto en materia indígena", reconoció así en entrevista al diario la segunda, Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y que es el encargado de "liderar" las conversaciones con las comunidades para "zanjar, de una vez por todas", un reglamento de consulta para el polémico Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según publicó dicho medio.
El Ingeniero civil estructural de la Universidad Católica, quien hizo gran parte de su carrera en la industria inmobiliaria, hizo trascender recientemente sobre un Informe oficial del Gobierno chileno en que dictaminó que no corresponde consultar con los pueblos indígenas el proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre. La revelación fue hecha con total liviandad, en el marco de la llamada "Mesa de Consenso" que está elaborando un Reglamento de Consulta...", la misma que ha sido ampliamente cuestionada por amplios y mayoritarios sectores por reiterados vicios de procedimientos e ilegitimidad.
Cabe mencionar que recientemente, la Coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los Pueblos indígenas (CLACPI) y el centro de políticas públicas, a través de una declaración, señalaron sobre el actuar de este "emisario" en el tema de la TV digital, lo siguiente: "Consideramos que lo planteado por el Sr. Matías Abogabir es grave y deja en evidencia un acto atentatorio, ya que se utilizó el caso del proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre para explicar a representantes indígenas en la "mesa de consenso", los casos en que, según el Gobierno, las leyes de alcance general no deben ser consultadas, aun cuando involucren asuntos indígenas, o afecten a los pueblos indígenas…"
Agregaron en otro párrafo: " Las revelaciones del Asesor Especial son la primera noticia pública de la existencia de este informe que por principio de transparencia debió ser dado a conocer a los propios pueblos afectados, pues es responsabilidad del Gobierno plantear en un diálogo abierto las dudas acerca de la pertinencia de esta o cualquier consulta. Hasta el momento, el citado informe se mantiene inaccesible para los pueblos indígenas, contra todo principio elemental de transparencia, por lo cual exigimos se haga público y se dé a conocer el expediente completo y todos los antecedentes que llevaron al Gobierno a la arbitraria conclusión de que no correspondía consultar…"
Ante estos hechos, los referentes Junto con exigir que el Gobierno dé a conocer el Informe en que se niega la pertinencia de la consulta de la Ley de Televisión Digital Terrestre, exigieron que dé a su vez las explicaciones correspondientes, y adopte las medidas para reparar el daño, reponiendo y reforzando las indicaciones al proyecto de Ley de Televisión Digital en relación a lenguas y derechos de comunicación de los pueblos indígenas.
El fracaso de la autodenominada "Mesa de consenso" sobre consulta y reglamentación
Al ver la liviandad de actuación, proceder y de reconocimientos del "emisario – asesor", es posible dimensionar los porqué de la mesa coja que ya se ha quedado prácticamente sin patas, ante el rechazo, denuncias y desconocimiento de amplios sectores de Pueblos indígenas ante una imposición e mala fe que no atiende el estándar de derechos y que no cumple con el propio Convenio 169 ni la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas, por el contrario, ha existido una campaña reiterativa por funcionarios, profesionales y abogados asesores del gobierno por cercenar derechos colectivos.
Como ya se ha señalado, el Gobierno chileno ha enviado un batallón de casi 30 abogados, ingenieros, psicólogas y periodistas a la denominada "mesa de consenso" para discutir su cuestionada propuesta de reglamento de "consulta indígena". El desequilibrio de poder es manifiesto. Más aun cuando se revisan los millonarios sueldos de la delegación estatal.
Sumados todos los sueldos de la delegación estatal, son más de 70 millones de pesos al mes (US 150 mil dólares), en que personas elegantemente vestidas se sientan en la "mesa de consenso" a regatear y ponerle cortapisas a los derechos de los pueblos indígenas.
Diversas representaciones indígenas, incluyendo al Pueblo Rapa Nui, quien se retiró de la mesa y los cuestionamientos de amplios referentes indígenas de todos los pueblos en Chile, incluyendo a instancias autónomas, tradicionales e incluso funcionales, han señalado que el gobierno Chileno ha venido levantando un viciado sin cumplir en su implementación con los estándares internacionales de derechos, lo que a la postre ha significado verdaderos voladeros de luces para no asumir su obligación, actuando de mala fe y levantando interlocuciones a su medida, con ciertos personeros que incluso se han arrogado la representación de "todo un Pueblo", omitiéndose las exigencias y sentires de las mayorías.
El 21 de Marzo de este año, más de cien organizaciones indígenas le hicieron saber al gobierno su disconformidad frente a la manera que se ha venido implementando los procedimientos de consulta, señalando: "Somos PUEBLOS ORIGINARIOS UNIDOS (POU), una orgánica indígena nacional, a la cual están ligadas más de 100 organizaciones desde Arica hasta Chiloé, la que nace durante el Encuentro Nacional Indígena de los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para la Consulta sobre la Consulta, como una reacción a la deficiente labor de Marcial Colín, Matías Abogabir y Joaquín Lavin, para organizar y desarrollar dicho evento…"
El malestar se ha agudizado a tal punto, que recientemente, incluso, para rematar la falta de legitimidad de la mesa, representaciones políticas Mapuche de oposición la han rechazado categóricamente, incluso, instancias Mapuches vinculadas a sectores religiosos, tanto católico como evangélico, la han criticado duramente, incluso, esta última ha sostenido que, "Como comunidades mapuches evangélicas, no estamos informados del procedimiento que se utilizó para realizar esta consulta, ni mucho menos del o los temas de fondo que allí se hayan pretendido indagar, lo que nos perjudica gravemente, vulnerando nuestro derecho de acceso a la información y participación…"
Cabe mencionar que en abril, por medio de una carta dirigida al Presidente de Chile, los representantes de pueblo Rapa Nui, miembros de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) notificaron al Gobierno chileno su retiro de la denominada "Mesa de consenso" sobre un reglamento de "consulta indigena". Denunciaron que el Gobierno impone su propuesta como base del diálogo, restringe el marco normativo y alcances de la consulta, ha omitido el informe del Relator ONU, e insiste en imponer el inconsulto Reglamento SEIA. Concluyen afirmando: "No aceptamos un mecanismo de consulta que no surja del ejercicio de nuestros derechos a la autodeterminación"
El inexperto y fracasado actuar del asesor ¿Qué dice Matías Abogabir?
¿Es posible seguir sosteniendo un actuar desbordado y en situación crítica como la que enfrenta el emisario - asesor? ¿Es posible que se siga sosteniendo una mesa sin legitimidad y con un asesor que reconoce no tener experiencia alguna, asumiendo irresponsablemente desafíos frente a temas trascendentales que tienen que ver con el respeto a los derechos de los Pueblos indígenas?
A través del diario la segunda, en una entrevista que reproducimos a continuación, el asesor del gobierno dijo: "No soy experto en materia indígena". Consecutivamente se presenta la reacción de las diversas y diferentes representaciones de Pueblos Indígenas sobre la llamada "Mesa de consenso", a quien el asesor sindicó en su entrevista de "minorías".
ENTREVISTA DIARIO LA SEGUNDA PUBLICADA EL 11 DE MAYO.
Negociador de Convenio 169 explica nuevo retraso del proceso: "Haremos un esfuerzo final"
Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, dependiente es el encargado de liderar las conversaciones con las comunidades.
(La Segunda) "No soy experto en materia indígena". Con honestidad responde sobre su experiencia Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y que es el encargado de liderar las conversaciones con las comunidades para zanjar, de una vez por todas, un reglamento de consulta para el polémico Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ingeniero civil estructural de la Universidad Católica, Abogabir hizo gran parte de su carrera en la industria inmobiliaria... hasta 2009, año en que deja el mundo de la construcción para viajar a Palestina, buscando conectarse con sus orígenes.
"Eso me acercó al tema indígena. Allá se da una situación compleja, fui a trabajar como voluntario en organizaciones sociales en Belén", recuerda. Volvió en 2010 con la claridad de cambiar su rumbo profesional, por eso no dudó cuando recibió la invitación de integrarse a la oficina de Asuntos Indígenas.
Se empapó de la problemática indígena y de la historia de la cuestionada norma, que no es corta. En 1989 la OIT generó el Convenio 169 para asegurar que los gobiernos consulten a indígenas medidas que los afecten. 20 años después entró en vigencia el cuerpo legal en Chile, aunque sin la claridad de cómo realizar el procedimiento.
En 2011 comienza la denominada "consulta de la consulta", es decir, aclarar cuál sería el mecanismo para preguntar a los indígenas cuando medidas administrativas o proyectos de inversión los afecten. La medida fue aplaudida por las comunidades, pero también por los inversionistas.
El proceso parte con la entrega de un borrador por parte del Ejecutivo, al que se sumaron otras siete propuestas de pueblos originarias. ¿Qué hacer con tantas visiones? Sentar a conversar y alcanzar consensos.
La negociación avanzó lento, hasta la muerte del matrimonio Luchsinger en un atentado incendiario en la Novena Región. La tragedia, dice Abogabir, agilizó la agenda.
Por eso en marzo se constituyeron las mesas finales para acercar posiciones, las que terminaría el 15 de abril, sin embargo, fue aplazado para hoy. ¿Llegaron a acuerdo total? No. Extendieron por otros 15 días las reuniones como, comenta Abogabir, un "esfuerzo final".
—¿Cuál es el cronograma?
—Nos volveremos a reunir a fines de mayo para ver los últimos detalles y alcanzar el máximo de acuerdos. Después, proceder a redactar la iniciativa final para ingresarla a fines de junio en Contraloría.
—¿Hay acuerdo de cómo se hará la consulta?
—Se consensuó un esqueleto. Tendrá cinco etapas. La primera es la planificación, donde el órgano responsable de la consulta se junta con los indígenas y acuerdan cómo se hará. La segunda es de información. La tercera se denominó deliberación interna, en donde los pueblos originarios puedan analizar la normativa propuesta por el gobierno y tener una propuesta al respecto.
La siguiente etapa es la de diálogo donde se buscan acuerdos entre las partes y, la quinta fase, es el informe final del proceso.
"Una diferencia grande es sobre qué medidas consultar"
—¿En qué aspectos no existen consensos?
—Una diferencia de las más grandes es sobre las medidas a consultar. Nosotros decimos que son las de efectos generales, no las particulares. El nombramiento de un ministro de Desarrollo Social o el de un funcionario tienen efectos particulares ¿se debe consultar a los pueblos indígenas ese nombramiento? Pensamos que no.
También, si consultáramos todas las medidas, deberíamos hacerlo con las compras de tierras a comunidades, lo que podría generar una parálisis completa en esas materias.
—¿Cómo se hará la consulta para los proyectos de inversión?
—Los pueblos indígenas presentes en la mesa señalaron que están en desacuerdo con la consulta aprobada en el SEIA. Por eso, les propusimos que la consulta se haga a través del mecanismo establecido en el servicio ambiental, pero siguiendo el procedimiento que acordemos en esta consulta. Eso sigue en discusión.
—¿Se extenderá el periodo de tramitación de proyectos al aplicarse esta consulta?
—Creemos que no, aunque todavía nos faltan puntos por zanjar. En su primera discusión propusimos un plazo de 15 días por cada una de las etapas que, en ese momento, eran cuatro.
Sin embargo, hemos ido acercando posiciones, consensuando un periodo de discusión de 20 días hábiles para cada etapa, es decir, un total de 100 días, dentro de lo que dura la tramitación ambiental de un proyecto de inversión.
—¿Disminuirá la judicialización de los proyectos?
—Puede haber una disminución, pero no garantiza la no judicialización. Debemos reconocer que hay grupos indígenas que no participan de este proceso.
Habrá grupo minoritarios que cuestionarán la nueva normativa, pero esto será un avance hacia el consenso con el mundo indígena. Contribuirá, entregará un mecanismo, pero no será el fin de la judicialización.
—¿Qué porcentaje de los pueblos originarios están representados en la negociación?
—En el proceso participa la gran mayoría. Aventurarme con un número es peligroso, pero pienso que estamos trabajando con más del 70% de los pueblos originarios.
Fuente: Mapuexpress
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