martes, 6 de abril de 2010

Informe IWGIA sobre situación pueblos indígenas en Venezuela


 
Saludos cordiales,
Queremos compartir con ustedes el informe anual sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que publica el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas "IWGIA", y que desde hace unos 5 años escribe Wataniba con el objeto de reflejar la situación de los pueblos indígenas de Venezuela. Este anuario se presenta cada año en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Creemos que este escrito puede ser un buen inicio para una reflexión nacional y por ello agradeceríamos contar con sus comentarios y futuras colaboraciones.
Reciban un afectuoso saludo,
María Teresa Quispe – Aimé Tillett
Coordinación General
WATANIBA

 

Informe Anual Sobre Derechos De Los Pueblos Indígenas

Grupo De Trabajo Sobre Asuntos Indígenas "IWGIA"

VENEZUELA

Venezuela es un país multicultural, que reconoce y garantiza la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas en Venezuela son los akawayo, amorúa, añú, arawak, arutani, ayamán, baniva, baré, barí, caquetío, cumanagoto, chaima, e´ñepá, gayón, guanano, hoti, inga, japreria, jirajara, jivi, kari´ña, kubeo, kuiva, kurripako, mako, makushi, ñengatú, pemón, piapoko, píritu, puinave, pumé, sáliva, sánema, sapé, timoto-cuica, waikerí, wanai, wapishana, warao, warekena, wayuu, wotjuja, yanomami, yavarana, ye´kuana y yukpa. De los 26 millones de habitantes del país, un 2,2% de la población nacional es indígena. La Constitución de 1999 reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluye un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En el año 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; en el 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT ; en el 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos.

 

Avances normativos e institucionales

Durante el 2009 se conmemoró una década del gobierno de Hugo Chávez y de la promulgación de la Constitución Nacional. Según declaraciones de la diputada indígena Noelí Pocaterra, "52 leyes reivindican indirectamente los derechos de los pueblos indígenas y seis instrumentos los benefician directamente" .1 En el 2009 se promulgó la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley del Artesano y Artesana Indígena. Además se inició el proceso de discusión y consultas del Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional. Estos instrumentos legales representan una serie de avances normativos que han venido traduciendo al plano jurídico el discurso gubernamental pro-indígena.

El reconocimiento de la sociedad venezolana como multiétnica y pluricultural, representa un quiebre histórico respecto al modelo de país social y culturalmente homogéneo que invisibilizaba la diversidad y diluía las diferencias en la ideología de la "sociedad nacional", reproducida por el aparato del Estado y sustentado por un marco jurídico etnocida vigente hasta 1999, que procuró "incorporar" las minorías étnicas mediante su progresiva "civilización".

El nuevo modelo de país implica un reto sin precedentes para el Estado, obligado a desarrollar -a través del aparato institucional heredado, gestado por el modelo anterior- políticas públicas respetuosas de la diversidad sociocultural y adaptadas a las particularidades de todos los grupos sociales que integran la nación. Las barreras culturales plantean el reto más complejo, ya que hay poca comprensión de los factores sociales y culturales que derivan del conocimiento, las actitudes y las prácticas de los pueblos indígenas.

El nuevo contexto político y legal ha favorecido la participación de representantes indígenas en espacios de poder y cargos de elección popular, sin precedentes en la historia nacional. Las instituciones gubernamentales han venido adaptándose a la nueva normativa, creando oficinas para el diseño e implementació n de políticas públicas dirigidas a la población indígena según sus áreas de competencia. La mayoría de estas instancias son encabezadas por indígenas.

 

No obstante estos importantes logros, el avance en la implementació n de estas normas ha sido limitado y los resultados en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural, así como la desarticulació n del movimiento indígena y la carencia de una agenda propia que oriente el diseño de las políticas gubernamentales.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos del gobierno por generar alternativas al modelo heredado, se continúa dependiendo de un modelo económico desarrollista basado en la explotación de recursos naturales. Esto genera conflictos con las poblaciones asentadas en territorios con potencial minero, maderero, agroindustrial o geoestratégico.

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

Creado en el 2007 como el "órgano rector y coordinador de políticas gubernamentales en el ámbito indígena"2 , la gestión del Ministerio para los Pueblos Indígenas (MINPI) se ha caracterizado por el inmediatismo asistencialista como paliativo para problemáticas coyunturales y estructurales, apalancado por un torrente de recursos financieros, pero carente de una visión estratégica que oriente el diseño e implementació n de políticas públicas; duplicando funciones, esfuerzos e inversión de recursos, con poca coordinación interinstitucional y dejando de lado temas cruciales como la demarcación de tierras. Obviando la propia visión de las comunidades involucradas para la solución de sus problemas, ha venido ejecutando proyectos sin pertinencia cultural, como construcción de viviendas e infraestructuras, operativos médicos, distribución de alimentos, enseres personales y vehículos, asignación de puestos asalariados y financiamientos; profundizando las relaciones clientelares con fines electorales, mermando los liderazgos locales y causando divisiones y conflictos.

Un claro ejemplo de desvinculació n del MINPI con las autoridades tradicionales indígenas, es el caso del permiso otorgado por el Ministerio, autorizando a la Federación de Alpinismo de Rusia para escalar el Cerro Autana (municipio Autana, estado Amazonas), montaña sagrada de los pueblos Wotjuja (Piaroa) y Jivi. Los escaladores rusos llegaron hasta la base del cerro, pero los Piaroa los detuvieron impidiendo el ascenso. El pueblo Piaroa y su Consejo de Ancianos denunciaron el caso ante la fiscalía y la defensoría del pueblo. A solicitud de estos organismos, un tribunal dictó medida de protección del cerro sagrado Autana, a favor del pueblo Piaroa, para evitar la violación del derecho a proteger sus lugares sagrados y de culto.3  Obviando esta decisión, la Federación de Alpinismo de Rusia insistió al presidente Chávez y el MINPI, quien emitió un nuevo permiso para someterlo a consulta previa ante los Piaroa. Estos celebraron varias reuniones donde se pronunciaron en contra, y finalmente la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo – Territorio de los Cuatro Ríos - OIPUS realizó una asamblea de consulta en el mes de diciembre, en Caño Uña, con representantes de las comunidades de los cuatro ríos del municipio Autana y el Consejo de Ancianos Piaroa, en la que categóricamente rechazaron la nueva solicitud.4

 

El movimiento indígena

Las organizaciones indígenas dejaron a un lado su agenda de lucha y demandas por la reivindicació n de sus derechos y se encuentran desmovilizadas y desarticuladas. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, asumiendo la línea que dicta el gobierno nacional. Pero luego de una década, la falta de avances concretos en la implementació n de políticas públicas efectivas ha generado descontento en las bases, en el seno del movimiento indígena y entre sus propios dirigentes.

Esta situación fue discutida en mayo del 2009 por el Consejo Nacional Indio de Venezuela - CONIVE, en una reunión convocada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas - ORPIA, donde reconocieron que: "Durante los 10 años siguientes a la aprobación de la Constitución Bolivariana , el Movimiento Indígena ha mantenido un apoyo sostenido a los procesos de cambio desde sus propios espacios organizativos y desde los cargos ocupados por los líderes indígenas en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales y Locales.

A pesar de la ganancia que representan esos espacios políticos, el Movimiento Indígena se encuentra desmovilizado, sin agenda de luchas concretas, con escasa independencia, fracturado, dividido y en algunos casos enfrentado.

El Movimiento Indígena reconoce la necesidad de retomar una agenda propia que corresponda con el avance en la implementació n de los derechos reconocidos (…) en especial al derecho al hábitat y a las tierras indígenas."5

 

Demarcación de tierras

El proceso de demarcación de tierras indígenas se encuentra prácticamente paralizado, evidenciando la falta de voluntad política del Gobierno para dar respuesta a esta importante demanda. Los criterios seguidos por la Comisión Nacional de Demarcación (CND) restringen los derechos indígenas, al obviar las autodemarcaciones, emitir títulos correspondientes a parcelas por comunidades sin reconocer el territorio integral por pueblos, y reconociendo los derechos de terceros terratenientes y concesionarios mineros y madereros, por encima del derecho ancestral indígena. En los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, entidades con mayor población y diversidad indígena, el avance ha sido prácticamente nulo.

Entre 2005 y 2009 se han otorgado 40 títulos de propiedad colectiva, por un total de 1.000.516 hectáreas , beneficiando a 73 comunidades, lo que representa el 3% de las 2295 comunidades indígenas del país. A un promedio de 14,6 comunidades tituladas por año, la demarcación podría demorar unos 150 años en completarse.

El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena , el ejecutivo nacional conmemoró en la Sierra de Perijá con la entrega de cuatro títulos de propiedad colectiva de tierras a los sectores Aroy, Shirapta y Tinacoa del pueblo Yukpa (Sierra de Perijá, estado Zulia), por un total de 41.630 hectáreas y a la comunidad Palital del pueblo Kari´ña (estado Anzoátegui)6 , con una superficie desconocida.

El 23 de octubre, el Cacique Kari´ña José Luis León de la Comunidad Palital , consignó un documento de denuncia sobre las irregularidades que presenta el "Título de propiedad". Su denuncia se resume en tres puntos: 1. No se respetaron las poligonales aprobadas en asamblea comunitaria y acordadas con la Comisión Regional de Demarcación; 2. Se reconocen los derechos de terceros dentro de la zona demarcada; 3. Denuncia directamente a Sergio Rodríguez, Viceministro de Ordenación del Territorio del Ministerio del Ambiente, como responsable de estas irregularidades.7  Finalmente, solicitan "al Poder Ejecutivo, a la Defensa Pública , a la Defensoría del Pueblo, y al Tribunal Supremo de Justicia, dentro de sus competencias, tomar las medidas administrativas o judiciales, a los fines de que sea revisado el contenido del documento reflejado en el título".8  A raíz de sus denuncias, José Luis León es objeto de hostigamiento por parte de la Guardia Nacional.9

 

La falta de garantías sobre sus territorios permite, por ejemplo, la invasión de tierras del pueblo Pemón en Santa Elena de Uairén, por parte de unos 300 ocupantes auspiciados por autoridades municipales, a los que concedieron permisos provisionales de ocupación. Esta situación irregular ocasionó un conflicto de propiedad, que terminó en el enfrentamiento entre indígenas e invasores en octubre de 2009.10

 

Encuentro sobre Demarcación de Hábitat y Territorios Indígenas

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizó en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) este encuentro, donde participó un nutrido grupo de caciques y líderes indígenas, así como representantes de instituciones gubernamentales. Producto del evento se publicó un comunicado de prensa, en el que manifestaron: "Estamos en la lucha por la demarcación porque todavía no se ha solucionado nada. Seguimos con este sueño y todavía no estamos durmiendo tranquilos (…) Nos entregan unos títulos con los que nos tratan de engañar. Seguimos durmiendo mal todavía con ese engaño porque ahí sigue el peligro de los hacendados-ganadero s-latifundistas- mineros-maderero s, reconocidos como "terceros". Ellos no nos pueden matar pero pagan a gente para que nos mate y así nuestros hijos e hijas tampoco podrán dormir tranquilos.

Rechazamos que nos consideren invasores en nuestras propias tierras. La mayoría de los "terceros" no tienen realmente ningunos derechos, son simples poseedores y con estas demarcaciones lo que están es legalizándolos después de ser invasores. Por eso exigimos el saneamiento porque lo que llaman terceros son, en realidad, invasores." 11

En el comunicado exigen la destitución del presidente y demás miembros de la CND y las Comisiones Regionales; que se haga efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en el proceso de demarcación y se asignen los recursos necesarios; que se respete el derecho a estar informados en sus propios idiomas sobre el proceso; que se corrijan los errores cometidos en las demarcaciones y titulaciones; que se validen las autodemarcaciones realizadas por los propios pueblos; que la titulación sea por pueblo indígena abarcando todas las comunidades o sectores sin dividirlos; que se respeten los linderos señalados en la autodemarcació n absteniéndose de reconocer los derechos a terceros y a concesiones de exploración y explotación de recursos; que la emisión de títulos únicamente se haga previa aprobación del texto final por el pueblo indígena en asamblea conducida por las autoridades legítimas y utilizando los idiomas indígenas.

 

Creación del Observatorio de los Derechos Indígenas

El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas "José Manuel Romero", fue fundado en abril del 2009 por estudiantes y docentes de la UBV , junto a activistas sociales y comunidades, motivados a organizarse para apoyar de forma sistemática las reivindicaciones indígenas, mediante el monitoreo de la situación y la visibilizació n ante la opinión pública nacional y las autoridades con competencia en la materia.12

En su primera fase han desarrollado una experiencia piloto con las comunidades indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, realizando visitas de campo a la zona que han permitido levantar un diagnóstico de la situación; desarrollando talleres y seminarios de formación en materia de derechos humanos, derechos indígenas, demarcación territorial; y presentando propuestas al Estado venezolano para orientar la implementació n de los derechos del pueblo Yukpa.13  

El caso Yukpa

Desplazados por ganaderos desde el pie de monte hacia la Sierra de Perijá, los Yukpa iniciaron la recuperación de sus tierras en los años 70 mediante la ocupación de haciendas. Desde entonces han sido víctimas de hostigamiento de los ganaderos -con apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares- , con el propósito de expulsarlos de las tierras que han venido recuperando.14  Sin embargo "el conflicto no se limita al enfrentamiento entre ganaderos e indígenas, pues en la sierra también están campesinos con parcelas relativamente pequeñas, refugiados colombianos, guerrilleros y paramilitares que cruzan la frontera sin mayor dificultad",15  así como la amenaza, aun latente, de proyectos de explotación de carbón y otros minerales.

En el 2008 el conflicto se agudizó, los Yukpa ocuparon varias haciendas y los ganaderos, por intermedio de grupos armados irregulares, amenazaron y agredieron a miembros de varias comunidades. El Ejército y la Guardia Nacional intervinieron la zona, amedrentando a los indígenas,16  especialmente al Cacique Sabino Romero Izarra, su familia y demás miembros de la comunidad de Chaktapa.17

A raíz de esta situación, el 24 de agosto de 2008 el presidente Chávez había declarado "que nadie tenga duda: entre los hacendados y los indios, este Gobierno está con los indios. ¡Justicia para los indios! ¡Tierra para los indios!,18  y el 12 de octubre de ese mismo año anunció el "Plan Integral Yukpa" que contempla la ejecución de 34 proyectos, incluye recursos para el proceso de demarcación de tierras, e involucra a 10 ministerios.19

Según el Observatorio de Derechos Indígenas de la UBV , en la práctica, la implementació n del Plan se ha caracterizado por la falta de adecuación cultural, la imposición de proyectos sin consulta previa y debidamente informada, y la exclusión de las autoridades tradicionales Yukpa en la toma de decisiones; lo que ha devenido en procesos de asimilación forzosa, conflictos internos y divisiones.20  La demarcación del territorio Yukpa se inició en noviembre de 2008, pero la Comisión Regional de Demarcación del Estado Zulia excluyó a los indígenas del proceso y el acceso a la información, y desconoció la autodemarcació n consignada por los Yukpa en el 2004.21

El 10 de marzo de 2009 se celebró el Encuentro Nacional por la Demarcación de las Tierras Yukpa-Barí en el Estado Zulia, convocado por la Sociedad Homo et Natura, donde campesinos, ganaderos e indígenas acordaron la resolución pacífica de las diferencias y conflictos. Lamentablemente, no asistieron representantes de la CND. La Asociación de Ganaderos de Machiques y el Frente Revolucionario de Campesinos, convinieron en retirarse de las tierras indígenas, siempre que el gobierno cumpla con la debida indemnización y pago oportuno de los bienes.22

El 12 de octubre se entregaron títulos de propiedad colectiva a tres sectores del pueblo Yukpa: Tinacoa, Aroy y Shirapta, beneficiando a 33 comunidades. Restan cuatro sectores: Toromo, Neremü, Khasmera y Tokuko, cuyos caciques rechazaron la propuesta gubernamental por considerar que les están quitando territorio, y porque quieren una sola demarcación de todo el territorio yukpa.23

 

Criminalizació n del Cacique Sabino Romero Izarra

El clima de tensión generado en torno al proceso de demarcación de tierras yukpa, derivó el 13 de octubre en un enfrentamiento entre las familias de los caciques Olegario Romero de la comunidad Guamopamocha, y Sabino Romero de la comunidad Chaktapa, en el que resultaron dos muertos y tres heridos, entre estos el Cacique Sabino Romero Izarra24 . Al día siguiente, miembros de grupos sociales aliados lo trasladaron al Hospital Coromoto de Maracaibo, poco después un contingente militar, sin presentar ninguna orden judicial, lo trasladó al Hospital Militar de Maracaibo.25  Allí permaneció incomunicado hasta el día 16, cuando gracias a la presión de los Yukpa y grupos aliados, Sabino logró hablar con sus abogados.

El día 15 fueron detenidos en la ciudad de Machiques cuatro vecinos de Chaktapa, incluida la hija de Sabino, cuando se disponían a realizar la denuncia pertinente por las agresiones recibidas el día 13.26

El día 21 Sabino fue trasladado a la Primera División de Infantería en Maracaibo y dos días más tarde fue presentado junto a Alexander Fernández (detenido el 15 en Machiques) ante los tribunales. Al día siguiente la Jueza Judith Rojas ordenó la privación preventiva de libertad de los imputados por los delitos de homicidio, agavillamiento en perjuicio del estado venezolano, robo de ganado y lesiones. Se declaró sin lugar el conflicto de competencia presentado por los abogados defensores a favor de la jurisdicción indígena.27  Desde entonces están incomunicados y detenidos en el Fuerte Militar Macoa en Machiques de Perijá en condiciones violatorias de los derechos humanos. El Cacique Sabino Romero teme que existe un plan para generar una matriz de opinión que lo vincule a grupos violentos ligados al narcotráfico y para asesinarlo a través de un simulacro de fuga. 28

Ricardo Colmenares, abogado defensor, declaró que "desde el inicio de este suceso se han violado los procedimientos mínimos respectivos al ordenamiento jurídico venezolano y los derechos consagrados en nuestra carta magna, a través de la privación de libertad, el impedimento de la legítima defensa, sometimiento a interrogatorio sin presencia del abogado, hostigamiento, tortura psicológica y amedrentamiento a Sabino Romero Izarra y sus familiares".29  Además de violarse el ordenamiento jurídico en materia indígena y la jurisdicción especial indígena, que les da derecho a ser juzgados por las instancias de justicia propias del pueblo Yukpa.30

Para Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura, " a Sabino (…) vienen buscando criminalizarlo para apartarlo definitivamente de la lucha por la tierra y la dignidad. Lamentablemente el gobierno nacional y la oligarquía ganadera coinciden en estos propósitos. Ya han procedido contra Sabino Romero Izarra, la vocería indígena más clara y consecuente del pueblo Yukpa (…) con la esperanza de quebrar así la resistencia de todas las demás comunidades.31

 

Minería en el Alto Caura

La cuenca del río Caura (estado Bolívar) es una de las zonas más prístina y biológicamente intactas de Venezuela, abarca 4,5 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical y es única por su megadiversidad biológica, su diversidad cultural y su alta producción hídrica. Desde el 2006, las invasiones de mineros ilegales están destruyendo ecosistemas y afectando a las comunidades indígenas Ye´kuana, Sánema y Hoti, para la extracción aurífera. Según la antropóloga Nalúa Silva de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), muchos de estos mineros se movilizaron desde la Paragua (municipio Raúl Leoni) tras los desalojos practicados por el Gobierno en el 2006, y desde Brasil, luego del reconocimiento de las tierras indígenas de "Raposa Serra do Sol".32  En la cuenca del río Caura recaen cinco figuras de protección ambiental, y tierras ancestrales indígenas que fueron autodemarcadas hace años y continúan a la espera del título de propiedad colectiva. La organización indígena Kuyujani, así como representantes de ONG ambientalistas y de la UNEG , vienen denunciando el desplazamiento de comunidades indígenas, la destrucción de ecosistemas, y la complicidad de los militares encargados de resguardar la zona, sin que el gobierno nacional aplique medidas reales, efectivas, ni sostenidas en el tiempo para impedir los graves impactos en las comunidades indígenas y el ambiente.

Salud

 

La Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud cuenta con proyectos para adaptar los servicios y programas de atención a las particularidades de los pueblos indígenas, con avances significativos. Sin embargo, estas poblaciones siguen siendo el sector más desatendido y continúan padeciendo las peores situaciones de salud.33

Una experiencia importante ha sido la implementació n de los Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) en los principales hospitales de referencia para estas poblaciones. Estos servicios buscan mejorar la calidad de la atención al indígena mediante facilitadores interculturales bilingües que acompañan al paciente, mediando con el personal de salud, sirviendo de traductores y facilitando la ayuda que necesiten dentro de la institución. Para el 2009 existen 25 SAOI funcionando en hospitales ubicados en zonas indígenas y en la capital del país.

El Plan de Salud Yanomami se inició el año 2005 y busca expandir de manera sustentable y culturalmente adaptada los servicios de salud al 80% de la población Yanomami (estado Amazonas) que ha estado históricamente subatendida o completamente desasistida34  y supone un difícil reto logístico. El amplio apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas ha sido un factor determinante en el éxito del plan.

Aunque estos ejemplos evidencian políticas de salud pública bien orientadas a la atención de poblaciones indígenas, la DSI viene sufriendo recortes presupuestarios por varios años consecutivos, lo que ha mermado su capacidad de acción, afectando la calidad de los servicios. El Plan de Salud Yanomami se encuentra prácticamente paralizado por falta de recursos.

En el mes de octubre se produjo un brote de casos con fiebre, tos, disnea, en comunidades yanomami del Alto Orinoco, estado Amazonas, que resultaron positivos para influenza A (estacional) y AH1N1, ocurriendo 8 muertes y más de 2.000 sintomáticos. El Ministerio de Salud activó el cerco epidemiológico inmediatamente, reforzó el personal de salud en la zona, se tomaron muestras y se aplicó tratamiento curativo a los contactos y afectados con la contención del proceso, sin más muertes que lamentar. Los Agentes de Salud Yanomami jugaron un papel fundamental como parte del sistema de vigilancia epidemiológica y en la atención de casos.

Se sospecha que el contagio pudo ocurrir en La Esmeralda , donde el 10 de octubre se realizó una jornada médica asistencial organizada por el MINPI. En esta actividad muchos yanomami tuvieron contacto con grupos de personas que vinieron de la capital del estado y del interior del país. El día 12, en unos Juegos deportivos organizados por la alcaldía del Alto Orinoco en una comunidad cercana, se concentraron muchos más indígenas y posiblemente allí empezaron a ocurrir más contagios. 35



1  Agencia Bolivariana de Noticias, 18.12.09. <http://www.abn. info.ve/noticia. php?articulo= 212432&lee=4>

2  <http://www.minpi. gob.ve/web/ es/quienes- somos-mainmenu- 59>

3  CRBV, artículo 121.

4  Comunicación de OIPUS a la ministra Maldonado del 10.12.09 y Acta de Asamblea de OIPUS del 27.12.09.

5  Reunión del Tobogán de la Selva , 28 y 29 de mayo de 2009. CONIVE y las Organizaciones Regionales afiliadas (ORPIA, ORPIAZ, FIB, CORPIA, Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Delta Amacuro). Mimeografiado.

6 El Universal, 13.10.09.

7 ElPuebloSoberano. net, 27.10.09.

8  Consideraciones de nuestro derechos constitucionales, de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, respecto al contenido del título de propiedad colectiva de hábitat y tierras de la comunidad indígena kariña de Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui, adjudicado en fecha 11/10/2009 y la línea de inclusión que dicta el Presidente Chávez. Palital, Octubre/2009. Mimeografiado. <http://www.elpueblo soberano. net/?p=4726>

9  Tatiana Arcos, comunicación personal.

10 Correo del Caroní, 15.10.09. En línea: <http://venezuela. indymedia. org/fr/2009/ 10/25168. shtml>, <http://www.correode lcaroni.com/ content/view/ 138116/149>

11 Ultimas Noticias, 03.12.09. <http://www.mediosco munitarios. org/pag/index. php?id=33&idn=11979>, <http://www.aporrea. org/ddhh/ a91176.html>.

12  Informe de actividades del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas "José Manuel Romero" (abril-agosto 2009). UBV Zulia, Programa de Estudios Jurídicos. Mimeografiado. <http://www.aporrea. org/poderpopular /a84580.html>

13  <http://www.aporrea. org/poderpopular /a84580.html>

14  PROVEA. 2008. Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Informe anual oct. 2007-sep. 2008. P. 158.

15 El Nacional, 12.10.08.

16  PROVEA. 2008. Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Informe anual oct. 2007-sep. 2008. P. 159.

17  PROVEA. 2009. Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Informe anual oct. 2008-sep. 2009. P. 118.

18  Programa Aló, Presidente N° 318, en Ultimas Noticias, 11.10.09.

19  Informe de actividades del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas "José Manuel Romero" (abril-agosto 2009). UBV Zulia, Programa de Estudios Jurídicos. Mimeografiado. <http://www.aporrea. org/poderpopular /a84580.html>

20  Idem.

21  Idem.

22  PROVEA. 2009. Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Informe anual oct. 2008-sep. 2009. P. 117-8.

23 Últimas Noticias, 11.10.09.

24 El Nacional, 15.10.09.

25  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=3787>

26  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=3820>

27  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=4490>

28  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=7423>

29  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=4175>

30  CRBV, artículo 260.

31  <http://www.elpueblo soberano. net/?p=4310>

32 El Progreso, 17.05.09.

33  Freire, G. 2007. Salud Indígena en Venezuela, vol. 1. Caracas: Ministerio de Salud. p. 14.

34  Kelly y Carrera. 2007. "Los Yanomami" en: Salud Indígena en Venezuela, vol. 1. Caracas: Ministerio de Salud. p. 371.

35  http://culturaysalu d.blogspot. com/2009/ 11/acerca- de-los-casos- ah1n1-en- amazonas- 2.html

Aimé Tillett es miembro de la Asociación para el Desarrollo Humano Multiétnico de la Amazonía – WATANIBA y está vinculado a la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud desde el 2003. En colaboración con Luis Bello, María Teresa Quispe, Tatiana Arcos y Carlos Botto.

 

 

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