viernes, 8 de febrero de 2013

Denuncian montaje en caso de Observadoras Derechos Humanos


Estimadas Señoras, Estimados Señores, 

Nosotros, la Comisión europea de derechos humanos y Pueblos ancestrales "Harald Edelstam" (Suecia), en adelante CEDHPA Edelstam, y la Asociación "Il Cerchio Onlus" (Italia), manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos personales y el hostigamiento sicológico a los que han sido sometidas Valentina Fabbri y Luisa Costalbano. Nuestras Observadoras de derechos humanos de ciudadanía italiana han sufrido
un verdadero linchamiento mediático. Todo esto basado en las declaraciones emitidas por algunas  autoridades del Gobierno Central y de la IX Región, mientras ellas desarrollaban su labor en terreno –declaraciones que, fueron ampliamente propagadas por los medios de comunicaciones, informando en modotendencioso a la opinión pública nacional e internacional y no entregando una visión correcta e integral de la realidad.

Valentina Fabbri, mediadora intercultural doble ciudadanía italiana y chilena, y Luisa Costalbano, educadora, ciudadana italiana, ingresaron a Chile legalmente el 4 de diciembre 2012, a través de policía internacional, no en calidad de turistas, sino como Observadoras de Derechos Humanos. Ya el 29 de noviembre 2012 la CEDHPA había enviado oficialmente a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones exteriores de Chile una carta de presentación en donde se informaba de la llegada de las Observadoras y de las tareas que desempeñarían. Las instancias informadas nunca acusaron recibo de esta información. El mismo día 4 las Observadoras se presentaron a la Embajada italiana en Santiago y el 5 de diciembre asistieron a una reunión planificada con la Delegación permanente de la Unión Europea en Chile: A su representante Beatriz González, Policy Officer de la Delegación, Fabbri e Costalbano le informaron de su pertenencia a organizaciones que se ocupan de derechos humanos y con ella acordaron una serie de actividades; parte de ese trabajo acordado consiste en que: Antes de salir de Chile, entregarán un previo informe sobre la situación de los derechos humanos en los territorios visitados, manteniendo una reunión de alto nivel con la Delegación. El trabajo realizado, por lo tanto, jamás ha sido en secreto. 

La finalidad de Fabbri y Costalbano es la realización de misión de observación y defensa de los Derechos Humanos, lo cual conlleva a la documentación de violaciones de los derechos humanos en territorio Mapuche y otras regiones de Chile. Debemos subrayar que desde hace decenios comunidades y autoridades ancestrales mapuche vienen clamando al soporte de la comunidad internacional y la presencia de Observadores y Observadoras de derechos humanos, para informar de sus reivindicaciones de tierras ancestrales y denunciar las violaciones de sus derechos humanos [1]. Esta actividad es plenamente legítima y se apoya en el derecho internacional, en particular lo que concierne los Defensores y las Defensoras de los derechos humanos [2]: los Observadores y las Observadoras, ya sean nacionales o extranjeros/-as indiferentemente, tienen preciso derecho de estar presentes en todo lugar de conflicto para documentar las violaciones y de difundir por cualquier medio las informaciones obtenidas; asimismo tienen derecho de desarrollar su tarea sin sufrir acosos ni amenazas. 

Nuestras Observadoras han desarrollado y siguen desarrollando su labor con medios totalmente legítimos, transparentes y no-violentos, acompañando en a unas manifestaciones pacíficas (incluso la marcha no autorizada en Collipulli) y documentando testimonios y entrevistas: Debemos ser categóricos al mencionar que en la tarea de observación y defensa de los Derechos Humanos No está incluído participar, organizar,
agitar, difundir o auspiciar la violencia o cualquier acto repudiable como lo es el terrorismo. Sobre la supuesta marcha no autorizada en Collipulli, estamos informados que las observadoras acompañaron una ceremonia espiritual mapuche.  

Desde la llegada a la Araucanía de las Observadoras, las autoridades de gobierno, además de amenazarles de expulsión, han emitido declaraciones inoportunas en importantes medios informativos nacionales, que han sido lesivas a la honra de las Observadoras: en particular, se ha pretendido vincular a ellas con actos de "terrorismo", como lo insinuaron el Intendente Molina de la región de la Araucanía y el Ministro Chadwick [3].

Esas declaraciones prejuiciosas y discriminatorias parecen revelar el intento de criminalizar la labor humanitaria de las Observadoras, haciendo creer que se ocupan de "derechos humanos de terroristas", y no de comuneros y niños indígenas sometidos a graves violaciones. Dichas declaraciones fueron publicadas en el diario La Tercera, transmitidas en TVN y CNN Chile (por un día entero, con videos y fotografías), así como en otros medios de comunicaciones [4]. 

A raíz de las expresiones del Intendente Molina y del Ministro Chadwick, se desató una verdadera ola de reacciones agresivas e insultantes principalmente contra las Observadoras [5], siendo objeto de ingerencia arbitraria en la vida privada, al publicarse en medios de comunicación, información de carácter privado de la familia de Fabbri (Artículo 12. Respeto de la vida privada. Declaración Universal de los Derechos Humanos).
La situación que se ha determinado entraña peligros concretos: las Observadoras nos han informado de seguimiento por personas no identificadas así como por personal de Carabineros, y de la presencia permanente de vehículos particulares y policiales de vigilancia, entre otros (datos confirmados por personas que viven en sectores donde se han hospedado ellas). El peligro que enfrentan nuestras Observadoras
constituye una infracción de las normas del derecho internacional que obliga al Estado a garantizar la  protección de todos los extranjeros en su territorio. 

Además, ciudadanas y ciudadanos nacionales donde alojaron las Observadoras y quienes las acompañaron  han sido y son víctimas de amenazas y graves actos intimidatorios en sus propios domicilios (no se indican  fuentes para no poner esas personas en riesgo ulterior). 

Todo esto nos llevó a suspender momentáneamente la labor humanitaria y nos vimos obligados presentar un  recurso de amparo preventivo, que en primera instancia fue aprobado, y ante la falta de alegato por parte  del abogado de turno, este trámite legal fue rechazado. 

Nuestras Observadoras, víctimas de un montaje, viven la misma experiencia que sufren a diario comuneros,  comuneras y jóvenes mapuche sometidos a todo tipo de prejuicio y linchamiento mediático, vinculándoseles  a montajes donde cualquier entrevistado emite acusaciones y sentencias sin fundamento. 

Expresamos nuestra profunda preocupación por el clima de violencia, intimidación, amenazas, juicios mediáticos y sobre todo allanamientos y acoso en completa impunidad.  

Cuando se trata de la situación en la Araucanía, es importante destacar que hay muchos dueños de predios  que, con declaraciones públicas y actos, manifiestan abiertamente "salir de caserío" y, siendo particulares, abusan de la ley, llegando nada menos que a declarar públicamente la conformación de grupos armados y juntas de vigilancia rural [7]. El gobierno chileno, a pesar de unas declaraciones políticamente correctas, ha
faltado en la toma de medidas correspondientes para garantizar la protección de las comunidades mapuche y  de los Defensores y las Defensoras de los derechos humanos que intentan poner en agenda nacional e  internacional estos atropellos a los Derechos Humanos. En conformidad al derecho internacional de los  derechos humanos, esta inacción pudiese percibirse como apología al odio nacional [8]. 

En base a lo expresado hasta aquí, solicitamos respetuosamente que las autoridades nacionales cumplan con sus específicos deberes de protección, a saber: 
  • garantizar con medidas apropiadas la integridad física y psicológica de Valentina Fabbri y de todos  los Defensores/Observadores y las Defensoras/Observadoras de derechos humanos, nacionales e  internacionales, y eviten de obstaculizar sus actividades [9]; y
  • Que el Estado de Chile, a través de sus diversos órganos, se abstengan de emitir declaraciones que puedan menoscabar la vida privada (difusión del historial personal) y la honra [10] o poner en riesgo la seguridad de Valentina Fabbri y de todos los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras, y se rectifique toda tergiversación de la información publicada hasta el momento [11].
Saludan atentamente,
 
Teresa Bortone
Directora
II Cerchio

Sebastián Sepulveda
Director
CEDHPA, Edelstam, Suecia

Federico Lenzerini
Profesor Derecho Internacional
Universidad de Siena, Italia


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