Terrorismo, huelga y reconocimiento

Por Jorge Contese Director Centro de Derechos Humanos, UDP   Dos meses de huelga de hambre y varios años de persecución bajo la ley antiterrorista. Cerca de 50 comuneros en prisión preventiva y ningún responsable de las muertes de jóvenes mapuches cumpliendo condena. Tal es la situación que exhibe el país en relación con el pueblo originario más saliente de Chile.   Quienes han optado por la huelga de hambre acusan al Estado - el mismo que en los albores de la república exaltó el coraje araucano para luego justificar su "pacificación" en aras del progreso - de no atender las demandas de los pueblos indígenas: devolución de tierras ancestrales, reconocimiento constitucional y una agenda de protección de derechos, entre ellas. Y ante la falta de voluntad estatal para escuchar esos reclamos, miembros del pueblo mapuche llaman la atención por vías irregulares y hechos de fuerza, que en algunos casos constituyen delitos.   Los gobiernos de la Concertación, que prometieron receptividad a estas demandas, mantuvieron una actitud hermética, que no logró superar la noción de que el "problema indígena" es esencialmente de pobreza. Sólo en la última administración la idea de reconocimiento asomó en el horizonte de las políticas públicas, pero quedó oscurecida por la decisión de criminalizar la protesta indígena.   Fue la Subsecretaría del Interior del gobierno de Ricardo Lagos la que, en contra de los postulados de un régimen democrático que concibe la herramienta penal como ultima ratio, se entusiasmó con operaciones de inteligencia para frenar el "terrorismo indígena". Mientras en el extranjero se derribaban edificios causando la muerte de miles de personas, los terroristas chilenos quemaban maquinaria, bloqueaban caminos y dañaban la propiedad, sin provocar una sola fatalidad. En lugar de buscar caminos de entendimiento, por medio del diálogo, y quitar así el piso a las reivindicaciones violentas, el Estado respondió con una legislación extrema que vulnera garantías básicas del debido proceso.   Se selló así la suerte del mal llamado "conflicto mapuche", haciendo caso omiso a los informes domésticos e internacionales que impugnan el uso de la estrategia antiterrorista y recomiendan la aplicación de la herramienta penal común, reconociendo así la comisión de delitos, pero asegurando la proporcionalidad de la persecución estatal.   Entonces se cobraron las primeras víctimas fatales de este conflicto, todas ellas vinculadas al pueblo mapuche. Y como los causantes pertenecían a las fuerzas de seguridad, han sido los cuestionados tribunales militares los que han conocido de los casos. ¿El resultado? Los pocos responsables cumplen condena en el medio libre, mientras los huelguistas están en prisión preventiva.   En este sentido, el anuncio del gobierno de modificar la ley antiterrorista y reducir la competencia de la justicia militar va en la dirección correcta. Si a esto se suma una política indígena basada en el reconocimiento de los derechos de dichos pueblos, no sólo se podría poner fin a la protesta de los comuneros, sino que, además, el Ejecutivo enviaría una señal de compromiso con los derechos humanos y la utilización proporcional de las herramientas de persecución penal.   Fuente: Mapuexpress