| La decisión del gobierno de enviar a tramitación el proyecto de ley que modifica la actual ley 18.314 o Ley Antiterrorista, no es ninguna respuesta a nuestras demandas de un juicio justo y trasparente. Este proyecto de ley se encuentra desde hace mucho en la agenda del gobierno actual, ya fue oficialmente anunciado durante su campaña presidencial en el 2009, y que hoy ha sido pregonado con tanta parafernalia comunicacional, no significa ningún gesto de buena voluntad de su parte, sino mas bien una manipulación oportunista de los hechos que busca seguir criminalizando nuestras legitimas protestas. Responde además a la presión de la derecha económica, por endurecer dicha ley en el marco de la doctrina de seguridad nacional, y fortalecer al estado policial en contra de los movimientos sociales, en especial al único movimiento con reales aspiraciones revolucionarios en la actualidad; el movimiento mapuche. Haciendo un análisis de lo anterior podemos decir: De los 5 puntos publicados en este proyecto ninguno aborda la naturaleza real de los hechos de este conflicto, que ante todo es un conflicto social. Por el contrario, ahonda las persecuciones en contra de nuestro pueblo al mantener la presencia activa de los "testigos sin rostro" y al mismo tiempo incorporar la figura del "agente encubierto" cuya misión es infiltrarse legalmente en las comunidades mapuche y sus organizaciones para desarticularlas. De los tres puntos restantes: "eliminar la presunción de la motivación terrorista", "eliminar la aplicación de la pena a los presunción de reincidencia", "mantener el delito de incendio, ajustándola a una pena máxima de cinco años y un día", todas refuerzan la idea de seguir ignorando al pueblo mapuche. En cuanto a lo de las "presunción de la motivación terrorista" y las "penas sobre la presunción de reincidencia" ambos puntos están sometidos a la necesidad de ser comprobados, claro el rol de los "testigos sin rostro" y del "agente encubierto", es precisamente ese: argumentar mediante los juicios de esta legislación que usa la mentira y el montaje para "comprobar" el carácter terrorista de nuestra protestas y el peligro latente de la reincidencia. El concepto del incendio sigue siendo ajustado a los mismos parámetros racistas, pues mantiene la tipificación de terrorista, conjugando hábil, pero equívocamente los conceptos, para terminar calificando de terrorista a los hechos que se encuentran de ser considerados como tal. Lo que todos los gobiernos ha venido diciendo hasta hoy es que cualquier acto que hagamos dentro del marco de nuestra lucha sea calificado de terrorista. Bueno, nuestra huelga también debería ser una acto terrorista, pues según el numero dos del articulo 1 de esta ley, esta seria "un delito cometido para arrancar resoluciones a la autoridad, e imponerle exigencias", por otra parte esta es la única vez que atentamos contra la vida humana, contra nuestra propia vida, con el solo objetivo de impregnar de humanidad a un sistema y a un gobierno que no la tiene. No somos intransigentes, solo realistas y honestos, el único que se niega al diálogo es el gobierno, le invitamos a parlamentar pero rehúye de esta convocatoria. Apoyamos una modificación profunda y verdadera a esta ley, pero una modificación que considere el contexto real de los hechos, que se investiguen como asimismo integren las recomendaciones que en materia de derechos humanos y de pueblos originarios realizan constantemente organismos y convenios, firmados y ratificados por el Estado chileno. Sabemos que esta es una tarea de largo aliento, y que en ella debe intervenir distintos actores sociales que hasta ahora están siendo todos llevados apresuradamente a aprobar un proyecto de ley que no corrigen nada. Lo que los presos políticos mapuche estamos proponiendo con esta huelga es la conformación de una mesa de dialogo con el gobierno para exigir la "no aplicación de la ley antiterrorista en nuestras causas judiciales", que se nos procese por la ley común, ya que los actos por los que nos imputan no son de carácter terrorista. El gobierno siempre dice que los poderes del estado son autónomos y que por lo tanto, no le corresponde tomar medidas en este asunto, pero un solo ejemplo los deja al descubierto: El día 11 de junio de 2010, los peñi Luis Tralcal y Marco Millanao, fueron formalizados por "Amenaza Terrorista", en contra del colaborador de fiscales y testigo protegido Raúl Castro Antipan, en esta causa tanto la gobernación como la intendencia se hicieron parte querellante invocando la famosa ley antiterrorista. Por lo tanto, así como imponen tan fácilmente esta ley, ¿Cuál es el obstáculo para retirarla? Quedan mucha cosas en suspenso, y a criterios de quien la aplique (jueces y fiscales), como por ejemplo el delito de "amenaza terrorista" delito existente en la ley común pero que se aplica exclusivamente a los luchadores mapuche. Todo nuestro discurso, nuestro pensamiento e ideas constituyen una amenaza al control del Estado en nuestro territorio, porque planteamos la autonomía, la resistencia, la reconstrucción y la liberación de nuestro pueblo, en consecuencia, seguir siendo peligrosa hasta la expresión misma de estos planteamientos, lo que confirma la persecución ideológica hacia el sector mapuche más consecuente. A 60 días de Huelga de hambre, para que no se nos juzgue por la Ley Antiterrorista, convencidos de esta justa y digna lucha, hasta las ultimas consecuencias, por nuestros hijos, por los hijos de ustedes y por los hijos de sus hijos. Presos Políticos Mapuche Septiembre 2010 Desde la Cárcel de Temuco --- Coordinación de familiares de presos políticos mapuche en huelga de hambre |
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