Publicado: 19 de Septiembre de 2010
Así, mientras el gobierno destina con ahínco sus mejores esfuerzos económicos, humanos (incluido el desplazamiento de ministros a terreno) y mediáticos para salvar la vida de 33 personas en el norte de Chile; en el sur país, la misma autoridad, ignora y rehuye sentarse a dialogar con otras 34 que mantienen -hace ya 68 días- una huelga de hambre indefinida, cuyas vidas también están en riesgo. Se trata, en el primer caso, de los 33 mineros que resisten sepultados a 700 metros de profundidad tras el derrumbe en la mina San José en Copiapó, víctimas de la ausencia de fiscalización y de normas mínimas para garantizar condiciones laborales dignas y medidas de seguridad coherentes con los riesgos de este oficio. En el segunda caso, se trata de los 34 comuneros mapuche, dos de ellos menores de edad, víctimas de la prisión política y el uso de leyes de excepción desproporcionadas (ley de seguridad del estado y antiterrorista) para criminalizar su protesta social y legítimas demandas territoriales. Se trata a su vez, y este es el punto en común, de dos problemas centenarios que agudizan esta contradicción. El de trabajadores que por siglos han extraído desde lo más hondo de la tierra las principales riquezas exportables de nuestro país, mineros en un país minero, sin tener el más mínimo reconocimiento ni participación de estas riquezas. Y el del pueblo mapuche, así como de los distintos pueblos indígenas que subsistieron a las masacres del estado chileno al instalarse sobre sus territorios, los que pese a los 200 años transcurridos desde el inicio de la "República", aún no son reconocidos en la Constitución Política como pueblos preexistentes al estado y dueños de las tierras que por "la razón o la fuerza" les fueron usurpadas. Como lo han hecho -por lo demás- la mayor parte de los países de la región, en este continente de sangre indígena. Se trata por ende de pueblos, el minero y el mapuche, excluidos del bienestar económico que por años ha engendrado su trabajo y la explotación de sus tierras para "el progreso de Chile", y por lo mismo empobrecidos, como los que más entre "la población chilena". Según la Encuesta de Caracterización Socio Económica, CASEN 2006, en situación de extrema pobreza o indigencia, los pueblos indígenas están 12% por encima de la población no indígena, es decir, los más pobres entre los pobres, en medición del propio estado. Las condiciones de los mineros, no son mejores. El testimonio del minero más experimentado de los ahora llamados "33 héroes del bicentenario", pero que cuando se trató de mineros que protestaron contra Codelco eran violentistas, es dramático y decidor: a sus 54 años y más de 25 de experiencia minera, gana 290 mil pesos al mes. Y aquí aparece un tercer contrasentido histórico, no resuelto al bicentenario de la patria, y que da cuenta de los feudos clasistas que aún subsisten en la sociedad chilena. Me refiero a la clase militar. Esa que en razón al riesgo de su misión, la misma que puede tener un minero bajo tierra, jubila a los 25 años de servicio; tiene un sistema de salud propio; y sus sindicatos, por así llamar a su comandancia, mantiene un nexo estrecho con el estado y su poder central. Esa que tiene cárceles especiales para la prisión de militares y uniformados que violaron derechos humanos en dictadura, con televisión e incluso internet, que en nada asemejan las magras condiciones de reclusión de los mapuche en huelga de hambre. Mientras permanezcan esta discriminación por clase, ninguna república puede darse por tal, menos aún decirse democrática y respetuosa del estado de derecho. Donde todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. La misma clase, además, y de eso hay que hacer Memoria, que con fusil en mano asesinó a miles de mineros y sus familias en la Escuela Santa María hace poco más de un siglo; el mismo fusil con que acribilló a los mapuche durante la "Pacificación de la Araucanía". Crímenes que hasta ahora son recordados y que nunca fueron sancionados, ni juzgados. Chile es y seguirá siendo un país racista y clasista si no modifica este trato discriminatorio, excluyente y criminalizador. Sino no entendemos que esta no es una "Nación única e indivisible", sino diversa, compuesta por diferentes pueblos, y que esa es principalmente su riqueza. De lo contrario, seguiremos lejos de ser una República, así, con mayúscula; así como de ser una sociedad bicentenaria que de cuenta de estos 200 años de historia, de la preexistencia de sus pueblos originarios y de importantes procesos migratorios. Por lo pronto, nada que celebrar. Solo un bicentenario contradictorio que no logramos dejar atrás. (Paulina Acevedo, Periodista Observatorio Ciudadano) Fuente: La Alternativa Fotografía: Elena Urrutia |
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