A raíz de los anuncios del gobierno de aplicar a la fuerza alimentación vía intravenosa a los comuneros. Mientras desde Angol el vocero Jorge Huenchullan anunció huelga seca de diez comuneros, debido a que el gobierno se niega a sentarse a una mesa de diálogo para tratar sus demandas. Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano, martes 14 de septiembre de 2010 Rechazo cauzó por las organizaciones de derechos humanos los anuncios del gobierno de Piñera de alimentar por la fuerza a los comuneros mapuche en huelga de hambre, según su plan de acción para la alimentación intravenosa forzada. El presidente Piñera habría mandatado al ministro de Salud Jaime Mañalich, de disponer el traslado de los huelguistas a diversos hospitales de la región en caso de agudizarse su estado de salud. Amnistía Internacional considera que este acto forzado puede considerarse una forma de tortura, señalaron. Dicho juicio se fundamenta en la Declaración de Malta de la Asamblea Médica mundial de 1991, que señala: "No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan. La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable", señala la declaración, según se informa hoy el diario La Tercera. La huelga se radicalizó con la entrada en ´regimen seco sin ingerir líquido de los 10 huelguistas de la carcel de Angol, según informó ayer el werken Jorge Huenchullan. "Obligarlos a comer viola la integridad de los huelguistas"
No hay una unanimidad al respecto, pero sí una posición mayoritaria en el derecho internacional que nosotros compartimos. Ningún gobierno puede obligar ni forzar a alimentarse a una persona en huelga de hambre, cualquiera sea la motivación de ésta y aun tratándose de alguien en prisión. Una alimentación forzada vulnera la autonomía y dignidad de la persona. Cualquier gobierno que incurra en una práctica de esa naturaleza violaría la integridad corporal de la persona y el trato se consideraría como degradante. Sólo si existen evidencias de que la persona en huelga no haya tomado su decisión en conciencia, debidamente informada de las consecuencias y riesgos para su salud y sin plena libertad. Unicamente en ese caso sería válida la intervención de la autoridad. Entiendo perfectamente que un gobierno pueda preocuparse por una situación así y decir que no va a permitir que en prisión se muera un recluso. Pero si la persona está plenamente consciente de su decisión y actúa con total libertad, no se le puede someter por la fuerza. Atenta no sólo contra el ejercicio de la autodeterminación, sino también contra la dignidad humana. Puede resultar muy duro y triste, pero la huelga de hambre puede tener esas consecuencias. La persona que ha tomado la decisión de hacer una huelga de hambre ha tomado una determinación radical, que eventualmente implica una agonía. La autoridad no puede estar amenazando con que los va a forzar a comer. La autoridad tiene que estar vigilante, ofreciendo atención médica, proporcionándoles toda la información, ojalá uno por uno, para que entiendan los riesgos asociados y puedan decidir con libertad y autonomía. Generaría controversia internacional. Por dramática que sea la situación, la autoridad está en la obligación de respetar la decisión de la persona. Fotografía: |
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