Cuando en Chile la huelga de hambre mapuche se acerca
peligrosamente al día 70 y el gobierno sigue sacando cuentas
políticas antes de negociar una salida humanitaria, cruzar la cordillera
puede resultar pedagógico. Tan lejos y tan cerca. Si bien ambos
procesos de invasión territorial datan de la misma época, entre
1880 y 1886, el tratamiento que el Estado argentino ha otorgado
a los mapuches, al menos en las últimas dos décadas, contrasta
notablemente con el chileno. Desde 1994, reconocida está en la
Carta Magna del país vecino la "preexistencia" de los mapuches
al Estado. Es decir, se reconoce que son anteriores a éste y por tanto,
depositarios de derechos. Qué decir de su carácter de "pueblo",
concepto usado en diversas legislaciones sectoriales y que a nadie
pareciera escandalizar mayormente. Lo mismo sucede con el
Convenio 169 de la OIT, aprobado por Argentina el año 1992 y
ratificado y en plena vigencia desde el año 2000. Otro tanto con
la bandera mapuche, usada de manera oficial en numerosas
ciudades de la Provincia de Neuquén, las mismas donde lonkos
y representantes indígenas forman parte de sus consejos comunales
por derecho propio. El municipio de El Huecú, uno de ellos.
¿Es Argentina la copia feliz del Edén para los indígenas? En absoluto.
Bien lo saben los mapuches y otra docena de pueblos originarios que
habita al interior de sus fronteras, estos últimos principalmente en la zona
centro-norte del país. Conflictos territoriales, avance de empresas
multinacionales, negación de derechos consagrados en la ley e inclusive
asesinatos de líderes indígenas no son fenómenos ajenos en el vecino país.
Suceden y en el caso mapuche tales atropellos riman por lo general con
Repsol, Pluspetrol, Pionner y Chevron, entre otras gigantes petroleras. O bien
con mineras como Meridian Gold y Aquiline Resources. O terratenientes como
Luciano Benetton, Joe Lewis o nuestro archiconocido Douglas Tompkins.
De que hay conflictos no resueltos, los hay. Pero la diferencia tal vez radique
en la voluntad del Estado argentino –y de algunos Estados provinciales,
no todos- de abordarlos con altura de miras y no desde el cálculo político menor.
Prueba de ello es la Ley 26.160, denominada de "relevamiento territorial
indígena", aprobada el año 2006 por el Congreso argentino. Dicho cuerpo
legal, una verdadera excentricidad de seguro para los legisladores chilenos,
reconoce la legitimidad del reclamo territorial de las comunidades mapuches,
"suspendiendo por un lapsus de 4 años la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo de los ocupantes
indígenas" de las tierras en disputa. Dicha ley, prorrogada este año hasta
el 2014, ha resultado vital para canalizar por la vía institucional conflictos
territoriales de larga data y progresiva radicalización. Es lo que ha sucedido
en la Provincia de Río Negro, donde un Parlamento Mapuche (leyó bien, un
"Parlamento") encabeza el proceso de intermediación entre las comunidades
y los Estados provincial y nacional. Otro tanto sucede en la Provincia de
Neuquén, donde similar rol cumple –no sin dificultades- la denominada
Confederación Mapuche. Tan lejos, tan cerca.
¿Por qué no podría legislarse en Chile una normativa similar? ¿Qué impide
que el Estado chileno, la clase política o las autoridades de turno sigan los
pasos de sus pares trasandinos? Argentina, como punto de partida, reconoció
el año 1994 en su Constitución Política aquello que resultaba a todas luces
evidente para cualquier demócrata: que antes que argentinos, en suelo
trasandino habitaron y habitan aun mocovies, pilagas, guaranies, huarpes,
kollas, wichi, chorotes, tobas, mapuches y un largo etcétera de pueblos y
naciones originarias. Y en base a este reconocimiento, que sobre todo es
político, se han propuesto –como sociedad- avanzar hacia el reconocimiento de
derechos y un efectivo nuevo trato. No ha sido una concesión gratuita del
Estado o las autoridades de turno. Crédito en ello tiene el propio movimiento
indígena trasandino, que sabiamente ha logrado articular sus demandas con
plataformas de lucha social de una mayoría.
Y es que respetar los derechos de los pueblos originarios no solo beneficia a
los indígenas, escuche decir a varios en Puelmapu. Implica más y mejor
democracia para todos. Un mejor país donde vivir y educar a nuestros hijos,
en definitiva.
Este convencimiento fue lo que consagraron los argentinos al reconocer la
"preexistencia" indígena el año 94'. Y lo hicieron en el principal contrato social
firmado entre un Estado y el conjunto de sus ciudadanos, su Carta Magna.
En este punto, ¿qué compromiso con Chile pueden sentir los huelguistas
mapuches cuando el país ni siquiera les reconoce su existencia en la Constitución?
¿Qué "compromiso patrio" puede pedirles en estas fechas el Presidente Sebastian
Piñera? ¿Qué Bicentenario están ellos y sus comunidades convocados a
celebrar? "Chile, una nación única e indivisible". Este fin de semana dicho
absurdo también cumple 200 años.
* Publicado originalmente en The Clinic, Edición del Jueves 16 de Septiembre de 2010 / www.theclinic.cl
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