Bartolomé Clavero, Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Itakuatía es una comunidad guaraní en el Alto Parapetí que constituye una isla dentro del espacio proceloso del Chaco boliviano. Isla es por no estar ubicada en el interior de una hacienda dependiendo para todo de la propiedad en condiciones prácticamente serviles. Lo es también por encontrarse rodeada de un mar de haciendas en un estado de auténtica penuria pues sus miembros se resisten a trabajar para ellas y las mismas en todo caso se niegan a ofrecerles trabajo por no estar empatronados, esto es por no someterse a tal sistema de verdadero cautiverio de comunidades o de familias. El régimen laboral de las personas y grupos en condición de empatronamiento queda al entero arbitrio de la propiedad. La contabilidad de las retribuciones la lleva el patrón con liquidaciones anuales de saldo siempre a deber para el trabajador pues se computan como deudas habitación, vestimenta y manutención a precios todo ello arbitrarios. Con carácter general, servicios no hay, ni de salud ni de educación.
Itakuatía es una isla además de difícil acceso y dificultosa comunicación por causas nada naturales. Para acceder a ella hay que aventurarse por un camino que atraviesa las haciendas con bastante atrancaderas bajo la asechanza amenazante de su personal, de un personal que no siempre franquea el paso y que a veces lo impide con alarde de violencia. Son haciendas que hacen valer su propiedad privada de la tierra hasta el punto de impedir el ejercicio del derecho correspondiente a la servidumbre pública de paso a comunidades no cautivas como Itakuatía. Cautivas se encuentran éstas entonces por efecto de los controles de acceso y de trabajo que estas haciendas se asignan a sí mismas. He visto cómo sus propietarios invaden Itakuatía de forma prepotente tal y como si fueran también los dueños de la comunidad. A eso están acostumbrados. Dueños se creen del territorio y sus recursos. Agentes de las haciendas robaron recientemente la radio comunitaria de comunicación y seguridad.
Los hacenderos proceden a este tipo de acciones por la inseguridad que sienten en su posición de dominio. No es para menos. Por una parte sus títulos son improvisados y resultan problemáticos. Por otra, el Estado boliviano los está poniendo ahora en cuestión. Debe ante todo recordarse que hasta finales del siglo XIX el pueblo guaraní del Chaco resistió no sólo en tiempos al colonialismo español, sino también después a las repúblicas de Bolivia y de Paraguay. Vencidos militarmente por la primera en 1892, comenzó el expolio de su territorio y de sus recursos. Es una historia del siglo XX. Familias no indígenas se apoderaron primero de la tierra y luego, no de forma inmediata, consiguieron que Bolivia registrase títulos tan truchos. Hubo guaraníes, los más aguerridos supervivientes de la masacre, que fueron vendidos cual esclavos sacándoseles del Chaco. Enteras comunidades guaraníes emigraron hacia el sur para escapar al alcance de Bolivia. Otras comunidades quedaron dentro de las haciendas, así cautivas y bajo un régimen servil a todos los efectos, no sólo a los laborales.
El Estado boliviano pone en cuestión dichos títulos de propiedad desde 1953 sin mayor éxito durante años. La reconducción comunitaria de la reforma agraria contempla ahora la reversión de las tierras caso de práctica de trabajo forzoso de comunidades cautivas o familias empatronadas. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha de conducir el proceso de saneamiento que pueda finalmente revertirlas al menos en parte a la propiedad de sus legítimos titulares, los indígenas por supuesto. No sólo se trata de la emancipación de comunidades, sino también y sobre todo de la devolución de las tierras y recursos que legítimamente les pertenecen con asistencia técnica y económica debida por causa del mismo derecho a la reparación. Es una política virtualmente reforzada por la nueva Constitución que funda una Bolivia plurinacional. En este nuevo escenario, los hacenderos tienen desde luego razones para sentirse inseguros en todo cuanto toca al mantenimiento de su dominio.
La reversión de las haciendas que rodean a Itakuatía ya ha sido declarada por el INRA en virtud de la existencia en ellas de comunidades cautivas, aparte de otra causal de expropiación sin indemnización como la de no ser explotadas conforme a los requerimientos de la función económico-social de la propiedad. Los hacenderos no se cruzan de manos por supuesto. Recurren ante la jurisdicción competente, la del Tribunal Agrario Nacional (TAN), negando ambas causales. La más importante, por cuanto que ilegitima la propiedad en mayor medida, es la de existencia de comunidades o familias empatronadas con la consecuencia de un régimen de trabajo forzoso, todo lo cual está asimilado a la esclavitud por el derecho internacional de derechos humanos, una esclavitud a ser por supuesto eliminada de una forma expedita y sin indemnización alguna, con dicha devolución de tierras y recursos en un caso como el guaraní.
Los hacenderos no permanecen ciertamente inactivos. De forma acelerada están preconstituyendo pruebas de inexistencia de comunidades cautivas mediante iniciativas que mejoren su modo de vida. Se plantea por ejemplo ahora la construcción de viviendas para las familias trabajadoras con detalle de financiarse por instituciones municipales y departamentales, esto es por las mismas autoridades del Departamento de Santa Cruz que han promocionado una autonomía preventiva frente, en particular, a la reconducción comunitaria del reformismo agrario y, en general, al nuevo constitucionalismo boliviano. La financiación pública rompe la apariencia de generación de deudas con el patrón cuyo imposible pago amarra a la condición servil. En términos de derechos, nada cambia por supuesto. Las personas, las familias y las comunidades se mantienen en las mismas condiciones de sujeción a la propiedad. El Departamento de Santa Cruz no invierte en infraestructura alguna de comunidades no sujetas a las haciendas. Sólo la autoridad comunitaria guaraní defiende un principio de no discriminación frente a tales políticas departamentales.
¿Puede alcanzar algún éxito una manipulación tan evidente de evidencias? No se descarta que haya connivencia de la jurisdicción agraria, igual que se tiene de otras autoridades, como las departamentales en Santa Cruz. Lo de la connivencia judicial es algo siempre verosímil mientras que no se renueve la justicia sobre las nuevas bases constitucionales de la plurinacionalidad. Por ahora, su mera activación puede ser un buen medio de amedrentamiento. Y no deja de recurrirse a al mismo. Los hacenderos que rodean Itakuatía no sólo han impugnado la reversión de sus tierras ante el TAN, sino que también han denunciado por delito de falsedad ante la Unidad Especial contra la Corrupción Pública de la Fiscalía a los funcionarios del INRA que se han ocupado del expediente y, como cómplices, a los indígenas que han prestado testimonio sobre el trabajo forzoso y el cautiverio de comunidades. Con la base presuntiva de la afirmación de los hacenderos, el fiscal de Santa Cruz ha dado trámite a la denuncia. Un guaraní que denuncie a un hacendero corre el riesgo de acabar siendo acusado él mismo por querella temeraria. La denuncia del robo de la radio comunitaria y de otros actos continuos de acoso y violencia ni se plantea. Resultaría tan inútil como peligroso.
Llegamos a principios de mayo en un compás de espera respecto a los asuntos judiciales, muy especialmente al de la impugnación de las reversiones que puede cuya resolución puede retardarse todavía por un tiempo más de años que de meses. Un asunto que afecta a las libertades humanas más elementales, ¿cómo puede dejarse en manos de una jurisdicción agraria y además sin la composición plurinacional, esto es con presencia indígena en el panel de jueces, que ofrezca garantías frente al racismo de fondo de toda esta historia? ¿Qué es el debido proceso sin la debida fiscalía ni la debida corte o tribunal, ni siquiera con esto último tan fundamental?
El compás de espera puede realmente durar. Itakuatía sigue siendo una isla dentro del proceloso espacio de haciendas prepotentes y comunidades en diverso grado y de diversas formas cautivas por la extensión pródiga en recursos del Chaco boliviano.
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