Con sorpresa, estupor y asombro han reaccionado los funcionarios de la CONADI al ser informados por la prensa de una lista de desvinculaciones que se han iniciado al interior de la Dirección Nacional y de la Subdirección Temuco, pues la ANFUCO le consulto directamente al Director, el que afirmó que no existía tal lista. Esto ha generado un ambiente de tensión e incertidumbre al interior de la CONADI.
Desde hace ya varios años que la CONADI al 30 de Junio cuenta con una meta interna del 60% de los recursos y este año, a sólo 2 días de finalizar el primer semestre, cuenta con sólo un 36% de ejecución, estando muy lejos de lo ejecutado a en el primer semestre del año 2009, donde se alcanzo una ejecución presupuestaria del 72%. En el caso de la ejecución del Fondo de Tierras y Aguas la ejecución al día de hoy es de un 11% a diferencia del año 2009 que era de un 71%.
Esta baja ejecución presupuestaria afecta directamente a las personas y comunidades indígenas. ¿Es esto responsabilidad de los funcionarios? La respuesta es un NO categórico, puesto que quién históricamente decide el ritmo de ejecución presupuestaria es el Director Nacional. Los recursos con que cuenta año a año la CONADI son fruto de un proceso de defensa y discusión presupuestaria ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional. Cabe señalar que el presupuesto de la CONADI, ha sido aumentado estos último años, por lo que surge la pregunta si la CONADI funciona con tanta ineficiencia, ¿porque todos los años sus recursos aumentan?.
Uno de los argumentos para congelar la gestión 2010 es que se esperan las decisiones que se tomarán con la evaluación del informe de la Auditoría de Gestión 2008 realizada por la Contraloría General de la República. Las afirmaciones hasta ahora han sido de un oportunismo político irresponsable, calificando de corruptos al personal de la CONADI y de fracaso en la gestión a la CONADI. Esto no obedece a razones técnicas sino a razones políticas, en esta espera prácticamente se perdió la gestión 2010 y se pone en alto riego la gestión 2011 al carecer de fundamentos técnicos la defensa del presupuesto del próximo año ante la DIPRES. Con esta determinación se pretende asfixiar a la CONADI, como una forma de justificar la inoperancia de quienes tienen la responsabilidad de establecer la política pública indígena. A lo anterior, se suma el anuncio de la creación de una nueva institucionalidad sin que exista acuerdo con los pueblos indígenas como lo establece el ordenamiento jurídico.
Existe un prejuicio, en el gobierno, en la sociedad en general y en especial en el Director Nacional, sobre la probidad de los funcionarios de la CONADI. Salvo contadas excepciones, la generalidad de las acciones realizadas por su personal se ajustan a normas vigentes y al respeto de los procedimientos internos del servicio. En un informe anterior de la Contraloría General de la Republica y de Tribunales de Justicia, después de fuertes acusaciones de corrupción e irregularidades en la CONADI por los temas de tierras, sólo quedaron plasmadas recomendaciones de mejorar aspectos procedimentales. Ningún acusador, especialmente los parlamentarios, ha presentado querella alguna, siendo su responsabilidad hacerlo. Llama la atención que ninguno de ellos comentara estos resultados con la decisión y vehemencia con que sí han proferido generosas injurias públicas a los funcionarios del servicio. La opinión pública recordara la Comisión Investigadora de Irregularidades en la CONADI creada por la Cámara de Diputados en 2009, por la publicitada difusión que tuvo. ¿Se conocen sus conclusiones? ¿Hay alguna persona acusada ante tribunales?.
Las irregularidades en el concurso subsidio de tierras 2008 y 2009, fueron denunciadas por la propia ANFUCO, y los responsables, la mayor parte directivos de confianza política, fueron sancionados inclusive con destitución del cargo, o ya no se encuentran en el servicio.
Mientras arrecian las críticas a la CONADI, los pueblos indígenas se encuentran expectantes por las decisiones que se pudieren tomar sin su participación. Se espera que el Gobierno, los Parlamentarios, los Tribunales, la Contraloría General de la República y el País en su conjunto, asuman el estándar mínimo de derechos indígenas, garantizando su cumplimiento. Una medida esperable, que aún está pendiente, es conocer la decisión del Gobierno respecto de cuáles serán los lineamientos para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT.
La acción de la CONADI en las políticas públicas indígenas ha permitido aumentar: El patrimonio de activos económicos, tierras, aguas, riego, infraestructura, tecnología, emprendimientos económicos. El patrimonio cultural material e inmaterial. El patrimonio de auto-identificación y auto-pertenencia a un pueblo. Mayor conciencia de la identidad y de los derechos. Asumir los derechos lingüísticos y una educación intercultural bilingüe. Asumir la regulación normativa que trata de la pertinencia en prácticas de salud intercultural. También a permitido aumentar las garantías jurídico-legales mediante la Ley Nº 20.249 de Uso Costero Marino de Pueblos Originarios; la ratificación y aplicación del convenio 169 de la OIT; la inclusión de la variable pueblos indígenas en la Ley Nº20.417 de Medioambiente.
La situación de la CONADI, hoy día obedece a la falta de competencias del Director Nacional y sus asesoras directas, la Jefa de Gabinete y de Recursos Humanos, quienes no cuenta con las capacidades técnica para tomar decisiones sensatas que le permitan conducir la institución, habiendo manifestado varios funcionarios la existencia de un clima de amedrentamiento a los mismos.
El perfil de excelencia anunciado por el Presidente de la República para el caso de este servicio público no se cumple, ¿cuál es la razón?, ¿o no lo merece el mundo indígena de este país?. Este Director desconoce los temas indígenas, ignora cómo funciona el servicio público y no delega confianza en un conjunto de servidores públicos que dominan los temas asignados y no ha nombrado a nadie que los conozca, es más, aun no nombra al encargado nacional del Fondo de Tierras y Aguas, el cual se encuentra vacante desde marzo de este año.
En lugar de mantener un actuar descentralizada en beneficio de una gestión eficiente a favor de las personas y comunidades indígenas, a través de la circular Nº054 del 30 de abril del 2010, se condiciona la ejecución de todas las acciones relevantes de CONADI, al visto bueno de la Jefa de Gabinete de CONADI, la cual está contratada a honorario, no tiene la condición de funcionario público y es únicamente una asesora del Director de CONADI.
Como está establecido en la legislación vigente, los funcionarios públicos de la CONADI, nos debemos a los compromisos y responsabilidades con los pueblos indígenas, y la incoherencia introducida por el Director Nacional afecta los derechos e intereses indígenas.
Los derechos que han sido ganados para los trabajadores de una institución que tiene como misión la protección y la defensa de los derechos está amparada no sólo por la Ley Indígena 19.253, sino que también a través de los Convenios de la OIT 169 y 111 que protegen a los trabajadores. No permitiremos que se sigan atropellando nuestros derechos como personas. Queremos expresar a la opinión pública que estamos en estado de alerta permanente y que realizaremos todas las acciones legales a nivel nacional e internacional para defender estos derechos.
LOHENGRI ASCENCIO GREZ FIDELINA CALFUMIL
SECRETARIO NACIONAL TESORERA NACIONAL
SANDRA MARIN LUCINDA CURIHUENTRO
PRESIDENTA REGIONAL SECRETARIA REGIONAL
GERMAN GUARDIA
TESORERO REGIONAL
ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE CONADI
Temuco, 29 de junio de 2010
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