Chile: Tratado abre el Congreso a los pueblos originarios

Tratado abre el Congreso a los pueblos originarios " src="http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080922/imag/FOTO_0120080922213957.jpg" width=200> Martes 23 de septiembre de 2008 Por Carlos González / La Nación Gobierno trabaja en ley de cuotas, luego que OIT visara ratificación de Convenio 169 Gobierno asegurará cupos a las etnias en cargos de elección popular para cumplir con los derechos contemplados en el convenio internacional, que fue ratificado sin carta aclaratoria. El 15 de septiembre pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptó la ratificación del Convenio Nº 169 por parte de Chile, que permitirá garantizar una serie de derechos políticos, consuetudinarios, de tierras y recursos naturales, entre otros, a los pueblos indígenas a partir del próximo año. La ratificación del acuerdo es una de las más importantes reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas de Chile desde 1989, pero su tramitación en el Congreso no fue fácil: aunque ingresó en 1991, el Senado lo aprobó recién el 4 de marzo pasado por 36 votos a favor y uno en contra, es decir, después de 17 años. No es todo. Tras una acuerdo entre la Comisión de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo se incorporó una declaración interpretativa que señalaba que dicho convenio sólo era aplicable en relación a los tratados internacionales vigentes en Chile. Dicha carta aclaratoria que generó polémica en las organizaciones indígenas y se convirtió en una barrera para que el Gobierno derivara el texto de la ratificación a la OIT. Ayer el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Marifil, sostuvo que no se incluyó ninguna aclaración en el convenio, como quería el Senado, tras las consultas que hizo el Gobierno a la organización internacional, "porque se entiende que si uno lo va a firmar lo hace en su integralidad". La decisión de la OIT fue valorada por Marifil, quien señaló que en la práctica este acuerdo permitirá, por ejemplo, asegurar cupos para que los indígenas puedan llegar a cargos de representación popular, lo que es un paso decisivo en la construcción de una sociedad multicultural. Para ello explicó que el Gobierno trabaja hoy en la redacción de un proyecto de ley que será enviado próximamente, en el cual se fijarán determinadas cuotas de participación, cuyos porcentajes no están definidos todavía. "Los derechos políticos se van a consagrar en el texto que la Presidenta está desarrollando en este minuto para enviar al Congreso, en el cual se solicita la votación de los parlamentarios en torno a aprobar ciertas cuotas para los pueblos indígenas en los cargos de elección popular. Por ejemplo, para los cupos de concejales, en los consejos regionales, en la Cámara de Diputados y el Senado", explicó Marifil. En relación a los derechos a tierras y territorios, el convenio insta a los gobiernos a reconocer la importancia de la tierra para las culturas indígenas, asumiendo que el concepto "tierra" incluye el de "territorios" (ver infografía). El conjunto de derechos estarán plenamente vigentes en 12 meses más y serán supervisados por la nueva Subsecretaría de Asuntos Indígenas, cuya creación se tramita en el Congreso. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE TIERRAS El coordinador del Programa Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Blaise Pantel, señaló que la ratificación debe ser publicada pronto en el Diario Oficial para iniciar los cambios legislativos, porque las leyes chilenas no están adaptadas al Convenio Nº 169, que habla de territorio (y no tierras) y recursos naturales de los pueblos, léase, tierra, agua y subsuelo. Sin embargo, independientemente de las reformulaciones jurídicas, el tratado está vigente, por lo que se deben activar los mecanismos de consulta, por ejemplo, frente a proyectos de inversión que afecten a territorios indígenas. Asimismo, Pantel sostuvo que la política de tierras debe cambiar y adecuarse a las recomendaciones que hiciera el relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien visitó Chile en 2003. Éste sostuvo que los fondos de la Conadi eran muy escasos y que no había una política de restitución de territorios para que las comunidades alcancen un desarrollo digno.