- OPINION POLÍTICA
- · Las naciones indígenas del continente hemos avanzado mucho terreno en la lucha ideológica-cultural, hoy no se nos puede negar sin más. Poseemos la legitimidad histórica y aportamos a la diversidad del mundo. Pero debemos apuntar también a cambios políticos profundos.
- MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 2009
El viernes 5 de junio tuvo lugar uno de los hechos de violencia más graves de los últimos años en contra de pueblos indigenas del continente. Las fuerzas represivas del Perú, haciendo uso de armamento de guerra, carros blindados y helicópteros, arremetieron en contra de manifestantes de la Amazonia, quienes luchan por defender sus derechos colectivos y su territorio. El saldo fue de decenas de muertos, desaparecidos, heridos y detenidos.
Los pueblos del continente estamos sometidos a una de las presiones más grandes de nuestra historia. Desde hace décadas nuestros territorios son objeto ya del despojo o del continuo acoso de grandes proyectos de inversión públicos y privados, estatonacionales y transnacionales. Todo de la mano de un capitalismo cada vez más voraz y agresivo, amparado por gobiernos que no promueven la participación ni el diálogo sino que imponen unilateralmente sus políticas. En el caso peruano, los hechos tuvieron como causa de fondo la imposición de decretos leyes (DL 1090 y 1064) que permitian la operatividad de los tratados comerciales convenidos por el gobierno peruano, para hacer uso y explotación de importantes recursos, como el petroleo y la madera.
La presión por nuestros territorios continuará e incluso puede aumentar. En 2000 fue firmada por todos los gobiernos sudamericanos la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), plan geoeconómico para construir de modo conjunto infraestructuras en América del Sur. En este marco se construyen rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos, gasoductos, oleoductos, acueductos, además de un importante desarrollo de las telecomunicaciones, todo ello en beneficio del capital privado y no de nuestros pueblos.
Tras las graves violaciones de derechos humanos en Bagua, el gobierno peruano decretó el estado de excepción en la zona con el objeto de desmovilizar a la población, vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos, su libertad de expresión y de reunión, entre otros. Pero también para ocultar lo acontecido y garantizar la impunidad de los responsables operativos y de quienes mandaron a la represión. Tal como el gobierno chileno, el gobierno de Alan García ha desempolvado el fantasma de las intervenciones extranjeras y la actuación de "terroristas" en las movilizaciones de Bagua, para distraer sobre sus propias responsabilidades.
Los pueblos del continente estamos sometidos a una de las presiones más grandes de nuestra historia. Desde hace décadas nuestros territorios son objeto ya del despojo o del continuo acoso de grandes proyectos de inversión públicos y privados, estatonacionales y transnacionales. Todo de la mano de un capitalismo cada vez más voraz y agresivo, amparado por gobiernos que no promueven la participación ni el diálogo sino que imponen unilateralmente sus políticas. En el caso peruano, los hechos tuvieron como causa de fondo la imposición de decretos leyes (DL 1090 y 1064) que permitian la operatividad de los tratados comerciales convenidos por el gobierno peruano, para hacer uso y explotación de importantes recursos, como el petroleo y la madera.
La presión por nuestros territorios continuará e incluso puede aumentar. En 2000 fue firmada por todos los gobiernos sudamericanos la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), plan geoeconómico para construir de modo conjunto infraestructuras en América del Sur. En este marco se construyen rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos, gasoductos, oleoductos, acueductos, además de un importante desarrollo de las telecomunicaciones, todo ello en beneficio del capital privado y no de nuestros pueblos.
Tras las graves violaciones de derechos humanos en Bagua, el gobierno peruano decretó el estado de excepción en la zona con el objeto de desmovilizar a la población, vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos, su libertad de expresión y de reunión, entre otros. Pero también para ocultar lo acontecido y garantizar la impunidad de los responsables operativos y de quienes mandaron a la represión. Tal como el gobierno chileno, el gobierno de Alan García ha desempolvado el fantasma de las intervenciones extranjeras y la actuación de "terroristas" en las movilizaciones de Bagua, para distraer sobre sus propias responsabilidades.
El gobierno chileno, por su parte, ha aplicado leyes represivas heredadas de la dictadura e insistido con los juicios por terrorismo contra militantes mapuche, pese las críticas de organismos de derechos humanos locales e internacionales. Los hechos de Bagua, del Wallmapu y otros territorios, exigen que la observación internacional en pro de la protección de los derechos humanos no cese. Se debe exigir como otros ya lo han manifestado una investigación internacional independiente para aclarar la matanza y que se condene a los responsables políticos y operativos de los hechos de sangre en la Amazonia. Pero más allá aun, debemos exigir verdaderos y serios mecanismos institucionales locales o regionales donde nuestros derechos individuales y colectivos puedan ser defendidos cuando son flagrantemente violados.
Bagua sin duda representa una lección para el Estado chileno y para nuestro pueblo. Para el Estado, porque cuando los proyectos económicos se imponen por la fuerza o la mala fe, violando derechos consagrados en leyes locales o convenios internacionales, las consecuencias son graves desde el punto de vista humano, del derecho y la vida política. Hoy los Estados y gobiernos no pueden actuar como simples patrones de fundo, sin tener que responder ante la opinión pública local e internacional. Para nuestro pueblo, porque no debemos caer en la ilusión que los instrumentos legales locales o internacionales garantizarán, por si solos, el respeto de nuestros derechos colectivos e individuales. Esta más que visto que la generalidad de los Estados y los gobiernos en la región tiene poca o nula voluntad de aplicar y respetar el Convenio 169 de la OIT. Por ello nuestros esfuerzos también deben apuntar al cambio del sistema político, a la democratización, que nuestro derecho al autogobierno y a nuestros territorios queden garantizados política y jurídicamente. En esto la movilización social es el soporte más contundente para ganar también las luchas políticas y hacer que los gobiernos retrocedan en sus aspiraciones neocoloniales. He ahí una gran lección de Bagua.
Las naciones indígenas del continente hemos avanzado mucho terreno en la lucha ideológica-cultural, hoy no se nos puede negar sin más. Poseemos la legitimidad histórica y aportamos a la diversidad del mundo, elemento cada vez más valorado y aceptado por gran parte de la humanidad. Pero debemos apuntar también a cambios políticos profundos a nivel de los Estados en la región y estar alertas, para impedir que al retroceder los colonialistas de nuevo cuño no vuelvan a tomar impulso.
Comisión Política
WALLMAPUWEN
23 de junio de 2009
Bagua sin duda representa una lección para el Estado chileno y para nuestro pueblo. Para el Estado, porque cuando los proyectos económicos se imponen por la fuerza o la mala fe, violando derechos consagrados en leyes locales o convenios internacionales, las consecuencias son graves desde el punto de vista humano, del derecho y la vida política. Hoy los Estados y gobiernos no pueden actuar como simples patrones de fundo, sin tener que responder ante la opinión pública local e internacional. Para nuestro pueblo, porque no debemos caer en la ilusión que los instrumentos legales locales o internacionales garantizarán, por si solos, el respeto de nuestros derechos colectivos e individuales. Esta más que visto que la generalidad de los Estados y los gobiernos en la región tiene poca o nula voluntad de aplicar y respetar el Convenio 169 de la OIT. Por ello nuestros esfuerzos también deben apuntar al cambio del sistema político, a la democratizació
Las naciones indígenas del continente hemos avanzado mucho terreno en la lucha ideológica-cultural, hoy no se nos puede negar sin más. Poseemos la legitimidad histórica y aportamos a la diversidad del mundo, elemento cada vez más valorado y aceptado por gran parte de la humanidad. Pero debemos apuntar también a cambios políticos profundos a nivel de los Estados en la región y estar alertas, para impedir que al retroceder los colonialistas de nuevo cuño no vuelvan a tomar impulso.
Comisión Política
WALLMAPUWEN
23 de junio de 2009
---------
Difunde: Ukhamawa Noticias
"Ukhamawa", en lengua aymara "Así es"
No hay comentarios:
Publicar un comentario