Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Hace prácticamente un par de meses el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, hizo una visita oficial a Chile de la que resultó un informe sobre "Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile". Consulta es naturalmente la que debe efectuarse con estos pueblos para cualquier actuación pública que les afecte según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes (Convenio 169) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Chile ha hecho pública su respuesta. Responde sin consultar. Sin consultar sigue adoptando decisiones que afectan a los pueblos indígenas.
Toda una primera parte de la respuesta resulta, como poco, impertinente. Al Relator Especial se le explica la forma de hacerse las cosas en Chile como si no se hubiera enterado debidamente y como si su informe no dejase en evidencia tales prácticas chilenas o incluso como si el mismo no hubiera expuesto un estándar internacional ya aplicable en Chile. Está actuándose, según se explica, "en el entendido de que se trata de un proceso gradual, de aproximaciones sucesivas que permitan lograr en el futuro un mecanismo adecuado, consensuado y plenamente conforme a los estándares internacionales". Están poniéndose en práctica mecanismos de consulta contrarios al Convenio 169 como forma, se pretende, de que el mismo pueda cumplirse en el futuro. Tales procedimientos que, a la luz del propio informe del Relator Especial, se sitúan no sólo por debajo, sino incluso en contra del estándar internacional, se exponen como gran logro con cuidadoso detalle y afectado orgullo.
Con detalle y orgullo, se explica que el ensayo está empleándose para la aprobación de una reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, no de los derechos de los mismos. Tales mecanismos inferiores y contrarios al estándar internacional están aplicándose nada menos que al establecimiento de un marco constitucional que va a poder bloquear la posibilidad de recepción operativa del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Entre estas explicaciones, hay momentos que serían de un humorismo inconsciente si no fueran de un retorcimiento sangrante: "En cualquier caso, nuestro objetivo es perfeccionar este mecanismo y para ello sus observaciones (del Relator Especial) son de una enorme importancia porque permitirán que a partir de la experiencia aprendamos lecciones significativas que vayan en esa dirección de propósitos".
Como reprochándose al Relator Especial la manifiesta falta de sintonía de su informe con las formas como están haciéndose las cosas en Chile, se hace un guiño: "Es conveniente recordar que el 11 de julio de 2008 el Gobierno de Chile firmó un acuerdo de colaboración con el Sistema de Naciones Unidas para la implementación de la política indígena en el país". Exactamente. He ahí parte del problema y no de la solución. Entre todas las agencias de Naciones Unidas presentes en Chile no se manifiesta una sola voz que sintonice con el informe del Relator Especial, esto es, con el estándar internacional para la garantía principal de los derechos de los pueblos indígenas, no otra que la consulta. La sintonía es con las políticas públicas contrarias a tales derechos, derechos humanos según el propio derecho internacional.
Para un inmediato futuro, un futuro al que se quiere llegar con urgencia, hay planes que, sin mucho disimulo una vez que el escenario ha quedado trazado, anuncian más de lo mismo, esto es maniobras de ingeniería de consultas para suplantación de consentimiento indígena libre y previo por consenso general manufacturado e inducido: "En las próximas semanas se dará inicio a una nueva Consulta Indígena, referida a inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena, la que está siendo preparada con una serie de seminarios técnicos previos con distintos estamentos de la sociedad (desde organizaciones indígenas hasta institutos de pensamiento y empresarios), con el objetivo de que cuando se realice la Consulta, el Gobierno pueda presentar a los Pueblos Indígenas un proyecto que proteja sus derechos de la manera más consensuada posible".
Hay cuidado por no dejarse piezas sueltas. Al mismo Relator Especial se le quiere involucrar incorporándosele a tan magna operación que finalmente, como se ha visto, resulta económica, de inversiones y de desarrollodisponiéndose de tierras y de recursos indígenas: "Resulta del mayor interés para el Gobierno de la Presidenta Bachelet la disposición que ha demostrado el Sr. Relator para acompañar este proceso nacional y aportar con sus sugerencias y observaciones. De allí que sea esta la oportunidad para reiterar la invitación realizada para que Ud. pueda colaborar —a través del acuerdo firmado con el Sistema de Naciones Unidas— en la organización de un seminario internacional sobre esta materia".
"Sin otro particular, se despide de usted con las consideraciones más distinguidas" Rodrigo Egaña Baraona, Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. ¿Cómo puede responderse a esta respuesta? Confieso que, si se me dirigiera, no sabría ni guardar las formas.
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