| |||||||||||||
El remitente era el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña. El contenido, sobre la forma de regular las inversiones en tierras y territorios indígenas. Su nombre, Código de Conducta Responsable. Es la fórmula con que La Moneda buscaba dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y que entra en vigencia el próximo 15 de septiembre. Casi todos vieron este borrador como una propuesta que desincentivaría el desarrollo de proyectos en los territorios de los pueblos originarios. El presidente de la Sofofa, Andrés Concha, confidencia que su reacción fue de sorpresa. "Son propuestas que tienen un impacto muy fuerte en los procesos de inversión. Hay instrumentos que estimulan las inversiones y hay otros que las repelen", dijo a LND. Por parte del empresariado, el rechazo a esta iniciativa fue unánime. Más aún, en los últimos días los privados han desplegado una campaña para desactivar la elaboración y puesta en marcha del código. Algunos sectores incluso como Libertad y Desarrollo, el think tank ligado a la UDI han llegado a cuestionar la naturaleza misma del Convenio 169, que fue ratificado por el Senado en septiembre del año pasado con sólo un voto en contra. El rechazo proviene de diferentes sectores productivos, sin embargo las voces más críticas han salido de las mineras, las forestales y las empresas eléctricas, que son las firmas que tienen la mayor cantidad de proyectos en tierras indígenas. La alarma aumentó en intensidad cuando ese mismo centro de estudios publicó un estudio que concluía que la aplicación del código afectaría inversiones por 2.692 millones de dólares. "Es natural que, ante el anuncio de modificaciones a las reglas a las que se han habituado quienes invierten en Chile, haya inquietud. Sin embargo, es posible observar argumentos con asidero y también algo de histeria", sostiene el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse. Esa histeria empresarial es la que hoy tiene enfrentados a los privados con los pueblos indígenas, quienes temen que el lobby que está desplegando el empresariado termine desvirtuando la aplicación del convenio. EL REARME DE LOS PRIVADOS Son dos los acápites del proyecto que más incomodan a los empresarios: la participación de las comunidades indígenas en los beneficios económicos de los proyectos y el proceso de consulta, negociación y certificación de las inversiones en tierras y territorio indígena. Por esa razón, los gremios más preocupados ya están analizando punto por punto el documento que les hizo llegar Egaña. En la CPC, el comité ejecutivo acordó que cada una de las seis ramas que la conforman prepare un informe que analizará cómo este proyecto podría afectar las inversiones en su sector. En la Corporación de la Madera el gremio forestal que tiene entre sus asociados a los grupos Matte y Angelini , están estudiando detalladamente cada uno de los planteamientos del borrador, sobre todo porque la mayor parte de sus inversiones se encuentra en territorios mapuches. Un alto ejecutivo de Endesa confidencia a LND que los fiscales del holding eléctrico están de cabeza examinando las propuestas, porque la zona que tiene el mayor potencial hidroeléctrico, entre las regiones del Biobío y la Araucanía, es esencialmente indígena. "Pero lo que nos preocupa no es un problema de costos, sino de incertidumbre. Porque si no tenemos certezas respecto a un proyecto, simplemente no lo hacemos", dice. Andrés Concha precisa que en la Sofofa están analizando las propuestas y que ya solicitaron la asesoría de algunos especialistas. "Además, estamos haciendo intercambios y coordinando con las otras ramas de la CPC. La idea es sacar un informe que aporte el mayor número de elementos de juicio posible", explica el líder de los industriales. Concha enumera dos de los aspectos que están analizando con mayor atención: "Primero, estamos viendo hasta qué punto el código excede las demandas que establece el convenio. Y segundo, es importante ver el impacto económico, porque para nosotros es prioritario apoyar las posibilidades de mayor desarrollo del pueblo indígena, especialmente el empleo", sostiene. Como parte del lobby para detener la elaboración del código, esta semana los dirigentes de la Asociación de Empresas Eléctricas, la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo Minero llegaron a La Moneda para conversar con Egaña. En los próximos días una vez analizado con detalle el borrador los otros gremios también planean dirigirse a Palacio. TAMBIÉN LOS INDÍGENAS Los empresarios no son los únicos que han cuestionado las propuestas contenidas en el borrador del gobierno. Lo han hecho también y con la misma fuerza los líderes de las comunidades indígenas y algunas organizaciones que promueven los derechos de estos pueblos. Sus críticas apuntan tanto a la creación de un código como a las ideas planteadas para la aplicación del Convenio 169. El máximo representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, cuestiona la existencia misma del proyecto. A su juicio, desde el punto de vista jurídico, un código se relaciona más con acuerdo entre privados y la autorregulación que con un instrumento del derecho internacional, como es el caso del convenio de la OIT. "Por eso creo que el Gobierno comete una ilegalidad. El código está fuera de lugar. ¿Cuál es la fórmula adecuada para la aplicación del convenio? Tal como lo aprobó el Parlamento. Y cualquier duda sobre su aplicación, hay que recurrir a la OIT como órgano verificador de su cumplimiento", plantea el líder indígena. Zenón Alarcón, consejero aymará de la Conadi, valora que esta propuesta ponga su problemática en el debate. Sin embargo, asegura, el código no está a la altura de los principios del convenio. "Ese tratado pone a los indígenas como sujetos de derecho, pero el código no apunta a eso, sino más bien a tratar a nuestros pueblos como sujetos a proteger, establece relaciones que son asimétricas y no horizontales. No recoge lo que a nosotros nos interesa", sostiene. En el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas cuestionan varios de los contenidos del borrador, entre ellos el hecho de que el código sea -en una primera etapa- obligatorio para las empresas estatales y voluntario para las privadas y que el Estado delegue en los empresarios obligaciones que son de interés público, como la protección de los derechos indígenas. "Más que un documento orientado a la protección de derechos indígenas, es una propuesta que busca hacer posible los proyectos de inversión en sus tierras, que busca minimizar, compensar y mitigar los efectos adversos de estos proyectos y no sólo no responde a las demandas de estos pueblos, sino que está muy por debajo de los estándares internacionales", critica José Aylwin, codirector del observatorio. Huilcamán explica que a las organizaciones indígenas les preocupa que, a raíz de toda esta polémica, se comience a cuestionar la aplicación del Convenio 169: "Que los empresarios rechacen el código me parece bien, pero que se opongan a los contenidos del convenio está fuera de lugar. Ya fue aprobado y la única etapa que queda es el cumplimiento en términos prácticos". ¿Qué va a pasar entonces con un instrumento que ni los privados ni los pueblos indígenas miran con buenos ojos? A juicio de Contesse, "el proceso de discusión será largo y los empresarios harán oír su voz". Frente a la alarma que encendió el empresariado, en los últimos días los ministros Edmundo Pérez Yoma y José Antonio Viera-Gallo le han bajado el perfil a la propuesta, subrayando que es sólo un borrador. Sin embargo, el ministro del Interior es claro y asegura que para la aplicación del convenio no habrá "ninguna limitación por parte de nadie". | |||||||||||||
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario