4 June, 2009/ Mapuexpress
El candidato presidencial del Juntos Podemos, en entrevista, se refirió a diversos temas de País y sobre Pueblos Indígenas. Señaló: "Nos comprometemos a poner fin a largos años de genocidio, negación y asimilación cultural de los pueblos originarios, lo que requiere forjar una sociedad, plurinacional, y multicultural cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad étnica"….
Agrega: …"En consecuencia, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el establecimiento de los derechos de los pueblos originarios de Chile. Para ello es necesario el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas". Ver entrevista completa...
El candidato del boque político Juntos Podemos impulsado por el Partido Humanista, el Partido Comunista, socialistas Allendistas, accedió a una entrevista para referirse a temáticas vinculadas a Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, Economías y procesos políticos, el que como medio nos interesa conocer desde la perspectiva de la posibilidad de construcción de un tercer bloque político – electoral en el País.
Jorge Arrate es abogado, con estudios de post grado y fue Ministro y cumplió altos cargos ejecutivos durante el periodo del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende; Fue también Ministro durante los Gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei y fue un destacado militante del Partido socialista, al que renunció recientemente, por severas criticas en el rol de esta colectividad política al interior de la Concertación por la Democracia.
A continuación la entrevista en extenso.
1) ¿Cuál será la posición de su proyecto político para la construcción de una Asamblea Constituyente en Chile? ¿Es viable para Ud.?
La transición nos ha entregado una democracia imperfecta, una semi-democracia, en que los anhelos populares más sentidos se han visto frustrados. Se restablecieron las libertades básicas, pero se observa una decreciente participación ciudadana, mientras persisten enclaves autoritarios.
Se ha modificado la Constitución de Pinochet, pero no se ha tenido la voluntad política para eliminar el discriminatorio sistema electoral binominal y erradicar otras restricciones para una plena participación ciudadana y no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas En consecuencia, no ha cambiado la esencia de una Constitución impuesta en dictadura y sus cambios no tienen legitimidad ya que no fueron plebiscitados.
Nosotros proponemos,
a) Asamblea constituyente y Nueva Constitución
Para iniciar la construcción de una democracia efectiva será necesario derogar la Constitución de 1980 y convocar a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Fundamental, que devuelva la soberanía al pueblo de Chile.
El nuevo marco constitucional deberá estar basado en la representatividad de todos los sectores políticos, con una efectiva participación de las organizaciones sociales, un nuevo equilibrio entre el Gobierno, el Parlamento, las regiones y las comunas y donde la igualdad de derechos políticos, económicos y sociales tenga rango constitucional efectivo.
La nueva Constitución debería:
- Terminar con el denominado Estado subsidiario; - Priorizar los derechos humanos por sobre el derecho de propiedad; - Cambiar el sistema electoral binominal a favor de un sistema electoral proporcional; - Representación plena de los pueblos indígenas; - Paridad de género; Incorporar el sufragio de los chilenos que viven en el exterior; - Restituir el derecho de los dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento; - Elegir directamente todos los cargos de gobierno, incluidos los intendentes y consejeros regionales; - Limitar a dos periodos los cargos de Presidente de la República, Diputados, Alcaldes, Concejales, Intendentes y Consejeros Regionales; - y, a sólo un periodo el cargo de senadores; - Fusionar las cámaras del Parlamento en una sola, compuesta por un número de diputados que represente genuinamente tanto la diversidad regional como la densidad poblacional; - Ampliar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y favorecer iniciativa parlamentaria de ley; - Realizar plebiscitos para decisiones ciudadanas trascendentes, tanto a nivel nacional como regional; - Democratizar los municipios y plebiscitar los temas de controversia comunal junto con las elecciones de sus autoridades.
b) La propuesta es viable. La Nueva Constitución es una tarea difícil pero no imposible. Obligará a trabajar arduamente para generar una mayoría social y política a favor de la transformación. Será preciso instalar un pensamiento transformador en el país que desafíe el orden constitucional actual y que eduque, movilice y comprometa a la mayoría nacional a favor de una democracia efectiva. Esta es tarea de la izquierda y de la campaña presidencial. Para ello habrá que trabajar en redes, formar comités por la nueva Constitución a nivel comunal y regional al calor de la campaña presidencial.
2) ¿Cuál considera que es rol de la Mujer en los procesos de construcción y conducción de su proyecto político?
La mitad de los chilenos son mujeres. Pero, persisten normas, políticas y prácticas discriminatorias en todas las esferas de la vida, que afectan de manera decisiva la existencia de las mujeres, exponiéndolas a graves riesgos, daños y desventajas. Prejuicios culturales y normas legislativas han limitado gravemente los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Consecuentemente, las mujeres viven diariamente violaciones a sus derechos humanos, con discriminaciones en la educación, el trabajo y la salud, en el matrimonio y en los derechos sexuales y reproductivos.
En primer lugar, reivindicamos la libertad sexual y reproductiva para las mujeres. La penalización del aborto en Chile viola los derechos de la mujer y es especialmente grave para la salud pública, sobre todo por las dimensiones del aborto clandestino. Además, es escaso el porcentaje de mujeres chilenas en edad fértil que usan algún tipo de anticonceptivo. Ello indica una falta de información y de servicios adecuados para atender a la mujer para que pueda ejercer responsablemente sus derechos reproductivos. A ello se ha agregado recientemente la decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución gratuita de la "píldora del día después" en el sistema estatal de salud.
En segundo lugar, las mujeres tiene el mismo derechos que los hombres a la educación y, sin embargo, es manifiesta la discriminación que sufren las adolescentes embarazadas, lo que atenta contra su derecho a la educación, con debilidades de la autoridad educativa para proteger a las niñas embarazadas.
En tercer lugar, la mujer no debe ser discriminada en el trabajo. En efecto, la masiva y creciente incorporación de mujeres al mercado del trabajo se realiza en condiciones de precariedad, ya que participa con un porcentaje menor al 40% en la fuerza de trabajo y buena parte de ellas acceden al mercado informal. Además, la disparidad salarial entre hombres y mujeres en todos los niveles y sectores de trabajo es evidente. A mayores remuneraciones la brecha entre ingresos de hombres y mujeres aumenta, siendo el ingreso de las mujeres sustancialmente menor al los hombres en el mismo nivel de ingreso.
Finalmente, las mujeres están escasamente representadas en el sistema político. La desigualdad en la representación se expresa manifiestamente toda vez que son un poco más del 50% del país y solo representan el 12% en los cargos de administración pública.
En suma., proponemos firmemente la incorporación plena de la mujer a una vida activa en todos los planos y en igualdad de condiciones que los hombres.
3) Para Ud. ¿Chile es un País Plurinacional y pluricultural y todos los Pueblos, comunidades y organizaciones que conviven al interior de este País tienen Derechos Humanos Colectivos?
Nos comprometemos a poner fin a largos años de genocidio, negación y asimilación cultural de los pueblos originarios, lo que requiere forjar una sociedad, plurinacional, y multicultural cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad étnica. En consecuencia, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el establecimiento de los derechos de los pueblos originarios de Chile.
Para ello es necesario el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la subscripción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se establece la existencia de pueblos originarios titulares de derechos constitucionales, civiles, políticos, sociales, culturales, territoriales y económicos y obliga a los gobiernos a garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos.
Por tanto, se debe considerar en plenitud la incorporación en la Constitución Política el concepto de Estado plurinacional, reconociendo la autonomía de los pueblos, el derecho vital a la tierra, el agua, la biodiversidad, así como las riquezas minerales del suelo y subsuelos de estos territorios. Esto incluye además la representatividad política de los pueblos indígenas en el parlamento.
Por otra parte, no pueden ser criminalizadas y penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas". La lucha social por la tierra en ningún caso puede ser calificada como delitos de "amenaza terrorista" y "asociación delictiva". Para lo cual es imprescindible eliminar la ley antiterrorista,
4) ¿Qué pasa con las soberanías populares? ¿Qué pasa con la construcción o potencialidad de nuevas o tradicionales formas de economías, de soberanía y seguridad alimentaria frente al actual modelo económico?
Estamos por la más plena soberanía popular y así debe quedar consagrado en la Nueva Constitución. En lo económico favoreceremos el despliegue pleno, con apoyo decidido del Estado, de los pequeños empresarios en la ciudad y en el campo. Y, por cierto, nos interesa promover o proteger toda forma de organización económico-social que garantice la seguridad alimentaria bajo formas nuevas o tradicionales y cooperativas de producción.
5) Con respecto al Derecho Humano al agua ¿considera Ud. La Nacionalización del agua?¿Bajo que tutela?
La legislación chilena configura un régimen jurídico hídrico inédito en el mundo, que mercantiliza las aguas, sin priorizar su función social. Ello genera una incompatibilidad de derechos entre el marco jurídico nacional y los convenios internacionales que la consideran un derecho humano fundamental. Por ello es necesaria una reforma constitucional que reestablezca la propiedad estatal sobre las aguas.
El marco regulatorio vigente para las aguas se configura tanto en la Constitución como en el Código de Aguas, permitiendo la apropiación de derechos de agua con el único objetivo de la acumulación y especulación y dejando en manos privadas el uso sustentable del recurso hídrico.
Sostenemos que el agua es un recurso estratégico, su acceso un derecho humano, y no puede ser una mercancía transable. En consecuencia el agua es de todos los chilenos y no debe tratarse como una mercancía adquirible y negociable.
No es aceptable que los recursos hídricos en Chile sean privados. Por esta razón proponemos reformar la Constitución y el código de aguas de manera que sea propiedad de todos los chilenos y que su usufructo se entregue bajo condiciones claramente establecidas y no para el exclusivo beneficio de un grupo económico o una empresa determinada.
6) ¿Están de acuerdo con el actual modelo económico que impulsan las industrias extractivas y energéticas?
Estamos en desacuerdo. Porque en Chile se sobreexplotan los riquezas básicas no renovables, y sus beneficios se concentran en una minoría y en algunos territorios, afectando seriamente el medio ambiente.
Una verdadera estrategia de desarrollo demanda una estructura productiva y exportadora diversificada, que incorpore mayor valor agregado nacional a los bienes y servicios. Para ello es indispensable un cambio de mentalidad en la dirección del Estado, un decidido impulso a la inversión en ciencia y tecnología, así como un esfuerzo nacional para mejorar radicalmente la calidad de la educación formal y la capacitación de los trabajadores.
Para transformar la estructura productiva se precisa voluntad política y un Estado con capacidad para regular los mercados, desplegar actividades empresariales allí donde sea necesario y entregar indicaciones a los agentes económicos en nuevos campos de inversión y en todos los espacios territoriales del país. Un Estado con esas características podrá potenciar todas las capacidades económicas, hoy restringidas casi exclusivamente a los grandes empresarios.
Finalmente, estimamos fundamental que no sólo los grandes empresarios y el Estado decidan sobre los caminos económicos del país. Estimamos que el movimiento sindical y los gremios de la pequeña empresa tienen mucho que aportar sobre las metas productivas, énfasis sectoriales, inversión en investigación y desarrollo y programas de capacitación de los trabajadores. Por ello impulsaremos un diálogo institucionalizado, en un Consejo de Desarrollo, dependiente directamente del Presidente de la República, que incluya trabajadores, grandes y pequeños empresarios.
7) En un eventual Gobierno suyo ¿Se van a respetar las normas de Derechos Humanos Internacionales, particularmente frente a los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 y la Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas?
Planteamos textualmente en nuestro Programa, en sus tres primeras propuestas, sobre el tema indígena lo siguiente:
• Reconocer el carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile y consagrarlo en la Constitución;
• El pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la subscripción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
• Modificar la legislación sectorial de tierras, aguas, minas, ya que es contradictoria con la Ley Indígena, para hacerla compatible con la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares ;
8) ¿Qué opinión tiene frente al actual proyecto de Reforma constitucional, la que para varias organizaciones tiene un corte racista y fascista?
Nosotros no estamos por reformas a la Constitución sino proponemos una Nueva Constitución, sobre la base de una Asamblea Constituyente en la que se manifiesten las demandas de toda la sociedad, incluidos los pueblos indígenas.
9) En un eventual Gobierno suyo, ¿asumiría la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas en materias públicas vinculadas a sus intereses y aseguraría el derecho a participar considerando el consentimiento libre, previo e informado estipulado en las normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU?
Creemos una obligación consultar a los pueblos indígenas por las siguientes razones.
En primer lugar, la correlación entre pobreza e identidad indígena en el país es manifiesta, con la persistencia de problemas de propiedad de la tierra, particularmente entre los mapuches. El Fondo de Tierras ha resultado insuficiente debido al aumento especulativo de los precios de la tierra y a la demora en las tramitaciones, todo lo cual explica los conflictos de tierras existentes en las zonas mapuches del país.
En segundo lugar, porque el deterioro de los territorios y recursos naturales por parte de empresas privadas exige la implementación de una política medioambiental sustentable que proteja los recursos naturales y el normal desarrollo de la biodiversidad en el marco del respeto de la cosmovisión y los derechos territoriales de los pueblos ancestrales. En este sentido es necesario revisar la legislación sectorial de tierras, aguas, minas, la que es contradictoria con la Ley Indígena, para que prime la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares.
En tercer lugar, porque nosotros somos respetuosos de la legislación internacional y firme partidarios de los derechos de los pueblos indígenas.
10) ¿Cree Ud. que el actual gobierno chileno ha violado derechos indígenas? De ser así, ¿Cuales serian?
Lamentablemente se han violado. Porque los grandes proyectos de desarrollo, en particular cuando Lagos fue Ministro de Obras Públicas, y después Presidente, se impusieron por sobre los intereses de los pueblos indígenas. En efecto, el by pass de Temuco, la carretera de la costa y la construcción de represas han impactado fuertemente los territorios y recursos de los indígenas.
Sostenemos que los proyectos de desarrollo del país, en los territorios indígenas, deben ser acordados con las comunidades afectadas y sólo implementados sobre la base de un acuerdo con éstas. // (mapuexpress)
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Fuente: MAPUEXPRESS
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