El Presidente Sebastián Piñera dejó varios temas en espera durante su primera cuenta pública. Uno de ellos, que sólo tocó tangencialmente, fue el de las medidas asociadas a pueblos indígenas, al decir que le hubiese gustado "hacer justicia y producir un reencuentro con los pueblos originarios".
La omisión causó molestia en los representantes indígenas asistentes a la primera Cuenta Pública del mandatario y fue tema de conversación durante la reunión del comité político, instancia que reúne a los ministros de gabinete y a los timoneles de RN y la UDI. De esta reunión trascendió una de las medidas que el gobierno está afinando para presentar prontamente: la reestructuración de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena(CONADI) y su reemplazo por una renovada Agencia de Desarrollo Indígena.
Cristián Parker, investigador y director del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de laUniversidad de Santiago de Chile, evalúa de manera positiva la medida. "Cualquier refundación de un organismo orientado al desarrollo indígena abre posibilidades y oportunidades de algo interesante y positivo. Ahora, depende de cómo se haga y de cuáles son las principales características y los objetivos que se le exigen (a este organismo) y, por otro lado, depende de cómo se selecciona al personal", afirma el investigador. Asimismo, asegura que en el tema del personal sería necesario que existiera una profesionalización de dicha instancia.
En este sentido, el experto en ciencias sociales e investigador del tema indígena, aclara que para que no se cometan los mismos errores de la organización anterior, debe existir un mejoramiento de temas vinculados a gestión, "que se fije sobre todo en cumplimiento de metas y que también se evalúe el impacto de los distintos programas. Especialmente, el impacto desde el punto de vista de los propios indígenas", plantea el académico.
Otro de los problemas que arrastraba la CONADI, tiene que ver con su naturaleza como institución. "La CONADI es un injerto, una mezcla de organismo de gobierno y de representación de los pueblos indígenas y yo creo que sería sano y adecuado que esas dos instancias se pudieran separar. Es decir, que hubiera claramente un organismo de gobierno orientado al desarrollo indígena, distinto de un organismo representativo con un consejo de dirigentes indígenas. Independiente de otras instancias de representación de los pueblos indígenas que sería conveniente establecer, como participación de representantes indígenas en el congreso", enfatiza el docente.
Respecto a cuáles son los temas pendientes que se tienen con los pueblos originarios, el académico es claro, la deuda no corresponde a la administración de turno. "Hay un tema pendiente que se tiene desde el punto de vista de la agenda pública, que es el tema del reconocimiento constitucional, es decir el reconocimiento a nivel de Constitución de los pueblos indígenas como tal, está pendiente desde principios de los '90", advierte Cristián Parker. Así, sería necesario avanzar en la medida de "nuevo trato" que se instauró en el gobierno del ex presidente Lagos, y que según Parker ha avanzado de manera lenta.
Para el académico es necesario que se movilicen ciertas instancias correspondientes al congreso, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil que apoyen el conjunto de bandas legítimas de grupos indígenas, para que de ésta forma no aparezcan aislados y marginados. "Porque en la medida que los pueblos indígenas se sientan aislados y marginados se van a incrementar las potencialidades de un mayor radicalismo, lo que sería nefasto", señala el director del IDEA.
Peso de la opinión indígena
Finalmente, el académico evalúa positivamente el anuncio del Plan Araucanía (que se realizó de manera conjunta al de la reestructuración de CONADI) respecto de mejoramiento en infraestructura de la región para atraer inversionistas. Pese a esto, considera que se debe tener mucho cuidado con las autorizaciones y normativas para los inversionistas, ya que muchas normativas de carácter medioambiental no han sido cumplidas plenamente.
Para el investigador hay una conflictividad latente en al medida que los inversionistas no han tomado en cuenta el impacto social y cultural de sus obras. "Y cómo participan los pueblos indígenas en la aprobación de estas inversiones, porque de acuerdo al convenio 169 de la OIT —que el gobierno aprobó y que esta ratificado por Chile— los pueblos indígenas tienen que participar en la toma de decisiones respecto a inversiones en territorios donde ellos tienen una impronta ancestral. Eso no se ha cumplido, se han establecido un conjunto de formas de evaluación de impacto, de evaluación de inversión, pero no hay participación indígena en eso", sentencia Cristián Parker.
Edición: Universia / RR
Fuente: Universidad de Santiago de Chile
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