Ecuador: La consulta es un derecho, no un mecanismo de disuasión del poder

Por: Mónica Chuji G. Fuente: Red de Comunicadores Fecha: 19 de Mayo   En 1998 el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que se reconoce el derecho a la Consulta previa, libre e informada y de buena fe, como parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez ratificado este Convenio,  el país asumió un compromiso internacional de cumplirlo y garantizarlo, en todas las decisiones estatales y las políticas gubernamentales. En la práctica esto no se ha cumplido. Los gobiernos de turno han hecho caso omiso a este principio. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe, se ha transformado más bien en un instrumento de manipulación política de los gobiernos de turno, incluido Alianza País. Durante el último proceso Constituyente, propuse la extensión del derecho de la consulta previa, libre e informada como un derecho para todos los ciudadanos; asimismo, y en virtud de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, con el voto favorable del gobierno ecuatoriano, propuse la incorporación del derecho al consentimiento libre, previo e informado al texto Constitucional; sin embargo, y por paradójico que pueda parecer, hubo una fuerte oposición de los constituyentes de Alianza País, para aceptar estos nuevos derechos en la Constitución. Pero ¿en qué consiste la consulta libre, previa e informada? La consulta es un procedimiento que permite el diálogo, el consenso, la reflexión y la resolución de conflictos entre el Estado y las comunidades, así como entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Por tanto, no puede ser usada bajo ningún concepto como un mecanismo de disuasión, y menos aún puede estar adscrita y determinada desde los intereses partidistas del gobierno de turno. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe es un derecho irrenunciable que tenemos las nacionalidades y pueblos indígenas y la ciudadanía de manera colectiva e individual y que está plasmada en la Constitución y el derecho internacional. En esta coyuntura la Asamblea y el régimen de Alianza País, han hecho caso omiso a los reclamos de los sectores populares que piden democracia, transparencia, diálogo y participación, sobre todo en un aspecto tan importante para nuestro país como es el agua. Siguen pendientes los temas relativos a la conformación del Consejo Plurinacional para el manejo del agua, la adscripción de recurso del agua como servicio ambiental, la desprivatización del recurso, los sistemas legales indígenas y sus instituciones que manejan el recurso, la gratuidad del derecho humano al agua, la prohibición del aprovechamiento del agua para actividades extractivas, entre otros aspectos conflictivos. Estos temas solamente podrán resolverse con el diálogo y la participación, y en condiciones de transparencia, democracia y respeto.       Difunde: Ukhamawa Noticias http://espanol.groups.yahoo.com/group/ukhamawa/ http://ukhamawa.blogspot.com  "Así es" en lengua aymara