La administración de Sebastián Piñera y las nuevas autoridades encargadas informaron que darán un giro a la política indígena de Estado en los próximos cuatro años, realizando cambios drásticos en la institucionalidad y asignación de recursos.
Uno de las reformas será priorizar el fomento productivo versus el reparto de tierras que, según las cifras oficiales, ascienden a 650 mil hectáreas en los últimos años y que, según las autoridades, no han conseguido superar la pobreza de las zonas indígenas.
Respecto a este punto, Juan Jorge Faúndez, secretario ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena, dijo que espera que esto no se traduzca en un incumplimiento de los compromisos territoriales pactados con anterioridad.
"Existen compromisos de tierra que son compromisos de Estado que tienen que ver con una reparación de una deuda histórica con los pueblos indígenas y que esos compromisos, asumidos en gobiernos anteriores, debieran mantenerse o cumplirse en el marco del presente gobierno. En segundo lugar, el Estado de Chile ratificó el convenio 169 de la OIT que establece una serie de obligaciones, que este gobierno en la definición de la políticas indígenas debe respetar", dijo Faúndez.
El representante de la Fundación Instituto Indígena enfatizó que generar medidas contra la pobreza y mejorar la productividad de los territorios indígenas no debiera ser algo excluyente como se podría desprender de las palabras de las autoridades gubernamentales.
Otro cambio significativo propuesto por el Ejecutivo sería fortalecer las comunidades urbanas, puesto que representan un 70 por ciento de la población originaria del país y desde 1994 sólo han recibido dos millones en beneficios, en comparación con los veinte millones de recibidos por mapuche del campo.
Faúndez reconoció que esta es una deuda de los gobiernos anteriores, pero insistió en que no puede plantearse como situaciones excluyentes. "Trabajar con los indígenas urbanos no es un obstáculo para trabajar con los indígenas que tienen un sustento rural, además que hay que estudiar las relaciones culturales, las relaciones históricas de los indígenas respecto a las tierras", afirmó.
El giro se traduciría además en la división de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena(Conadi) en tres organismos independientes con funciones específicas: una entidad a cargo del diseño de políticas generales, una agencia de desarrollo con funciones ejecutoras y técnicas y un consejo nacional asesor representativo de las distintas etnias.
Para Blaise Pantel, sociólogo del Observatorio Ciudadano, más que un cambio en la institucionalidad es necesario un enfoque distinto, porque hasta ahora, en su opinión, éste ha sido un retroceso.
"El enfoque que se está dando nos parece muy débil, elude situaciones más profundas como la reforma de leyes sectoriales, que tampoco son temas hoy. Nos sorprende el enfoque que se viene a profundizar el apoyo al sector económico, al sector empresarial y a la integración a través de esas agencias al mercado nacional y al sistema de desarrollo que impone el Estado hacia los pueblos indígenas", indicó el sociólogo.
Pantel recalcó que todavía la transparencia es un asunto pendiente puesto que el gobierno no ha explicitado qué comunidades serán beneficiados con qué territorios. |
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