Chile: Gobierno desconocería avances logrados en Política Indígena

Declaración del Vicepresidente y ex Director Nacional de CONADI, Domingo Namuncura*   En un diario de circulación nacional se anuncia (domingo 2 de mayo) que el Gobierno cambiará la política indígena para re-orientar los beneficios a la población mapuche urbana, en lo que sería una transición de políticas calificadas como "ruralistas" a otra de "fomento productivo". En materia de reforma de la institucionalidad indígena se informa que la Conadi actual será dividida a lo menos en dos sub-organismos: una agencia de desarrollo y un consejo nacional estrictamente asesor. Estas son, al momento, las grandes iniciativas del Gobierno en materia indígena, siendo este anuncio de prensa la primera señal en menos de un mes y medio de gestión en donde nada se ha dicho respecto de los Pueblos Originarios, sin contar que muchas comunidades indígenas afectadas por el terremoto aún permanecen sin la debida atención del Gobierno.   Al respecto cabe señalar que, de confirmarse esta información periodística, estamos en presencia de un grave retroceso en políticas públicas indígenas, puesto que el desarrollo presente y futuro de nuestros Pueblos está enmarcado en un compromiso del Estado, establecido en el 2008, en el marco del Programa Re-conocer. En efecto, se estableció como doctrina del Estado el que las políticas indígenas se orientarán hacia el reconocimiento de derechos sociales, políticos, económicos y culturales que emanan del Convenio 169 de Naciones Unidas, actualmente vigente en nuestro país. Tales derechos, entre otros, implican respuestas concretas a las demandas de 115 comunidades indígenas del sur, cuya petición de tierras ancestrales fue aprobada por los canales institucionales de Conadi y el Gobierno resolvió adquirir dichas tierras  y transferirlas. El proceso fue iniciado en el 2009 y es un compromiso con nuestros Pueblos. Complementariamente se acogió la demanda de estudio de viabilidad de entrega de tierras para otras 300 comunidades con un plazo de dos años (2009-2010) para resolver si son aplicables de acuerdo a Ley 19.253.   En los últimos años, como una manera de abordar los problemas productivos de tierras indígenas ya entregadas a comunidades, distintos organismos públicos contribuyeron con políticas sectoriales en Vivienda, Educación, Salud, Agricultura, Economía y Obras Públicas. Entidades como Sercotec, Fosis, Chile Solidario e Indap desarrollaron programas marco para acudir en ayuda de la tarea productiva en dichas tierras. De tal modo, que aún cuando en el presupuesto oficial de Conadi los recursos destinados a fomento productivo eran del orden del 35% del total, dicho porcentaje fue siempre suplementado por otras políticas sectoriales. La idea de reasignar recursos destinados a la compra de tierras es contraria a la justa demanda de nuestros Pueblos en cuanto a reconocer sus derechos ancestrales y probablemente la medida que se anuncia está en consonancia con la dificultad que el Gobierno encuentra para modificar el Artículo 13 de la Ley indígena y que protege el derecho de tierras ancestrales de nuestros indígenas. El resultado lógico podría ser dejar inerte este derecho y desviar recursos al mundo indígena urbano.   El tema indígena urbano siempre ha estado en la preocupación de las comunidades y es efectivo que la Ley 19.253 consagra un sesgo más rural. Sin embargo, el tema ya había sido previsto en el Programa Re-Conocer y se trabajó en la idea de constituir un Programa Indígena Urbano en el marco de una nueva institucionalidad radicada en un Ministerio de Asuntos Indígenas. Este programa llevaría a cabo una suma de políticas sectoriales preferenciales hacia los indígenas urbanos sin que por ello se abandonasen o limitasen los compromisos con el derecho de tierras ancestrales.   Los temas relativos a una nueva institucionalidad también fueron previstos en los últimos años, entre comunidades y movimientos indígenas y el Gobierno democrático. Ello fue incluso motivo de consulta nacional en el 2008 y durante el 2009,en el marco del Convenio 169, y se gestaron diversas iniciativas que fueron consagradas en un proyecto de Ley que fue enviado al Congreso antes del 11 de marzo. En dicho proyecto se contempló la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, la transformación de Conadi en una Agencia para el desarrollo indígena y la constitución de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Chile, autónomo y descentralizado. Sobre estas materias nunca ha habido un real pronunciamiento del actual Gobierno, salvo que lo que aparece ahora como información de prensa.   El entonces candidato presidencial Sebastián Piñera anunció durante su campaña en Temuco que durante su Gobierno desplegaría una "Pacificación de la Araucanía" y que comprometía su respaldo a la idea de aprobar en el Congreso el "reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas de Chile".  Comprender la realidad indígena va más allá de un proceso de pacificación que, por lo demás, cuenta con un triste recuerdo en la memoria histórica de nuestros Pueblos. Abordar la pobreza de nuestras comunidades en algunas áreas rurales es una parte del problema de fondo. Resolver los temas políticos, sociales y culturales es una tarea pendiente. Y hasta el momento, el Gobierno no ha dado señales de avanzar en el reconocimiento constitucional de nuestros derechos.   Un segundo aspecto a considerar es que cualquier política indígena en Chile comprende no sólo a las comunidades mapuches, sino a todas las etnias del país. Por lo tanto, no se puede privilegiar a una etnia respecto de otras, aún cuando todas tienen su particularidad. Y la idea de una nueva institucionalidad se levantó como una necesidad de abrir mayores y mejores caminos para la participación indígena en nuestra sociedad, a partir de su propia identidad.   Un tercer tema a considerar es que el Gobierno debe tener presente que ahora, a diferencia a otros años, está vigente en Chile el Conveniio 169 de la OIT, que es un auténtico tratado internacional en materia de derechos indígenas. Cada artículo de este Convenio es vinculante jurídicamente y establece obligaciones legales que el Estado debe saber cumplir. Hasta este momento aún no tenemos claro de qué manera el actual Gobierno implementará las obligaciones que dicho Convenio indígena impone al Estado.   Por todas estas razones y otras que será necesario representar ante la autoridad, he solicitado una audiencia al Señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el objeto de abordar en profundidad estos temas y presentar también propuestas al respecto.       Domingo Namuncura Vicepresidente nacional PPD PARTIDO POR LA DEMOCRACIA Mesa Directiva Nacional   Vea la nota publicada en diario El Mercurio: http://diario.elmercurio.com/2010/05/02/economia_y_negocios/enfoques/noticias/F2C4D566-873B-4127-9AD2-0E0D0D56A3F6.htm?id={F2C4D566-873B-4127-9AD2-0E0D0D56A3F6}   Difunde: Ukhamawa Noticias http://espanol.groups.yahoo.com/group/ukhamawa/ http://ukhamawa.blogspot.com  "Así es" en lengua aymara