Señor Presidente Amnistía Internacional le dirige esta carta con el interés de presentarle sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Chile que en opinión de la organización deberían ser consideradas de prioridad para su gobierno. Amnistía Internacional y sus 2.2 millones de socios y socias en más de 150 países trabajan para procurar que los gobiernos cumplan plenamente con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. La organización hace especial énfasis en la importancia de respetar obligaciones legales internacionales contraídas por los Estados. A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha presentado sus preocupaciones a los distintos gobiernos de Chile, con el afán de contribuir a la consolidación del respeto por los derechos humanos en el país. Por esta razón, Amnistía Internacional espera poder mantener un diálogo constructivo con su gobierno en el futuro próximo, con el objetivo de avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional reconoce que su gobierno está comprometido en acciones dirigidas a paliar las secuelas del terremoto y tsunami del 27 de febrero último, y que esto constituye un reto grande e imprevisto para su administración. En este sentido, la organización considera que es esencial que todas las políticas adoptadas para que Chile se recupere de esta catástrofe sean respaldadas por principios de derechos humanos enunciadas en los tratados internacionales a fin de asegurar una reconstrucción sostenible y equitativa para todas las personas sin excepciones. A pesar de la necesidad imperante de enfocar esfuerzos para reparar el país tras los efectos del terremoto, su gobierno también deberá hacer frente a un extenso legado de "asuntos por resolver" acumulados desde la era del régimen militar. No se puede olvidar que Chile vivió un periodo de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en su pasado reciente. El régimen de Augusto Pinochet dejó estructuras profundamente arraigadas y heridas que no sólo han afectado y siguen afectando a las víctimas y/o familiares de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras graves violaciones de los derechos humanos, sino que también se han dejado sentir hasta hoy en el tejido social chileno. Amnistía Internacional reconoce que se han producido avances en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en Chile desde el retorno a la democracia. Sin embargo, también ha podido identificar serias trabas debido a la permanencia de leyes incompatibles con obligaciones de derechos humanos, y una cultura institucional basada en normas del pasado que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado. Es por eso que Amnistía Internacional recomienda a su gobierno que priorice acciones para lograr el fortalecimiento institucional necesario para que la protección de todos los derechos humanos en el país sea una realidad. Esta institucionalización debe tener una visión amplia y reflejarse en todas las políticas públicas y en su plena aplicación en la legislación nacional. De esta manera su gobierno podrá dar seguimiento y consolidar los procesos de verdad, justicia y reparación por violaciones de derechos humanos emprendidos hasta la fecha y asegurar que no se permiten más violaciones en el futuro. Además, este mismo marco institucional debe hacer frente a las acciones y omisiones de los sucesivos gobiernos chilenos que han dado pie a la violación y negación de los derechos de otros sectores de la sociedad, como es el caso de los pueblos indígenas. En mayo del 2009 la situación de los derechos humanos en Chile fue revisada durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El gobierno de entonces participó de forma constructiva en esta revisión. Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para insistir en la importancia de dar la adecuada atención a los compromisos contraídos por Chile en base a las recomendaciones hechas en aquel contexto. Amnistía Internacional presentó un informe sobre Chile durante este proceso, y las recomendaciones de ésta carta dan continuidad a éstas, además de reflejar otros temas clave que surgieron durante la revisión de Chile y el contexto actual del país. (ndr. Por su extensión, sólo reproducimos el punto IV). IV. Derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas de Chile, al igual que los de otros países americanos, sufren marginación y discriminación desde hace mucho tiempo. Aunque en el periodo posterior al régimen militar se han emprendido algunas reformas institucionales oportunas, y pese a que la Ley Indígena 19.253 de 1993 reconoce algunos de los derechos de estos pueblos, las alrededor de 700.000 personas indígenas que viven en Chile no disfrutan de reconocimiento constitucional como tales y la pobreza les sigue afectando de forma desproporcionada. El hecho de que Chile haya votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un signo positivo de su compromiso con estas cuestiones, pero sólo si va acompañado por acciones concretas para aplicar los principios ahí contenidos. Amnistía Internacional considera que la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo ha sido un paso trascendental para Chile. Es por eso que su plena implementación, mediante un esfuerzo coordinado del gobierno y medidas claras y consensuadas con los pueblos indígenas, es un paso esencial para que Chile pueda lograr un cambio real y sustancial en la realización de sus derechos. En el 2004 el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas hizo una serie de recomendaciones al Estado de Chile sobre la materia. Amnistía Internacional está decepcionada por el escaso grado de cumplimiento de estas recomendaciones seis años después de ser formuladas, y recuerda a su gobierno que en el 2009 el Relator volvió a insistir en la importancia de que se tome acción en relación con los temas de derechos humanos pendientes sobre los pueblos indígenas en Chile. Amnistía Internacional se suma a las preocupaciones del Relator, y pide a su gobierno dar prioridad a la implementación de políticas dirigidas a respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas. En concreto, Amnistía Internacional siente preocupación por la situación generalizada de pobreza y discriminación en la que viven los pueblos indígenas en Chile. Los indicadores de salud y educación sugieren que tienen una desventaja seria en comparación con la población no-indígena del país. El impacto del terremoto en las comunidades indígenas del sur de Chile puede aumentar esta desigualdad, por lo tanto Amnistía Internacional insiste en que se diseñen políticas no meramente asistencialistas, sino basadas en el reconocimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos. El hecho de que el Estado no desagregue de manera sistemática la información sobre desarrollo social que reúne, tiende a ocultar los problemas específicos que enfrentan los pueblos indígenas, y dificulta el diseño de políticas que respondan a sus verdaderas necesidades. La resolución inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria extractiva e ingeniería forestal han ocasionado tensiones que muy a menudo han desembocado en violencia. Amnistía Internacional ha recibido denuncias de casos de uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos grupos mapuche. La organización reconoce el deber del Estado de hacer frente a los actos delictivos y de mantener el orden público, pero enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos. Reitera que el juzgamiento de civiles en el fuero militar va en contra de las obligaciones internacionales del país, y expresa preocupación a raíz de denuncias recibidas acerca de una aparente aplicación discriminatoria de la "Ley Anti-terrorista" para juzgar a personas mapuche. Según el Relator Especial, el uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta. Sumada a esta preocupación, Amnistía Internacional recuerda la obligación que rige sobre el Estado de investigar de forma imparcial toda denuncia de uso de fuerza excesiva por parte de agentes estatales. Amnistía Internacional insiste en el hecho de que si no se resuelven los reclamos sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, estas tensiones no desaparecerán. Recomendaciones: Revisar la legislación sectorial sobre tierras, agua, industrias extractivas y otros sectores cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena 19.253, para alinear su contenido con el Convenio 169 de la OIT; Asegurar la desagregación de la información reunida para demostrar los problemas específicos de los pueblos originarios. Así como que esta información contribuya al diseño de políticas precisas a la medida de las necesidades de los pueblos indígenas; Garantizar que las actividades policiales en las comunidades indígenas se atengan a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y también que sean aplicados mecanismos eficaces para investigar quejas sobre el uso de fuerza excesiva; Implementar todas las recomendaciones pendientes de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
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martes, 25 de mayo de 2010
Derechos de los Pueblos Indígenas: Carta abierta de Amnistía Internacional al Presidente Piñera
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