La revisión de la norma que ha aplicado Chile contra el pueblo indígena Mapuche, para criminalizar sus protestas sociales, fue una petición hecha este viernes por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Comité se refirió a la llamada Ley Antiterrorista, que "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales", según el dictamen emitido este viernes por ese órgano de la ONU en Ginebra, Suiza.
"El Comité recomienda (a Chile) que revise la Ley Antiterrorista 180.314 y se asegure de que esta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales" y que "no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social", insiste el documento.
Compuesto por 17 expertos independientes el Comité vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sometiendo a exámenes a los países que la han ratificado y emitiendo observaciones de cumplimiento obligatorio, como ahora con Chile.
Al resaltar las denuncias de abusos y violencia ejercida por parte de los carabineros, que ocasionaran la muerte de los comuneros mapuches Matías Valentín Catrileo Quezada y José Facundo Mendoza Collio, el Comité pide que se "investiguen las quejas" y "que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos", con reparación de las víctimas y sus familiares.
El Comité además exhortó a Chile que tome "las medidas necesarias para acelerar el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas", precisando que se reconozcan sus derechos "sobre tierras y recursos naturales", de acuerdo a las normas internacionales.
En ese contexto indica que los pueblos indígenas deben dar un consentimiento "antes de la ejecución de proyectos de extracción de recursos naturales" en dichas tierras.
En referencia a la instalación de basurales y plantas de aguas servidas dentro de las comunidades mapuches, el Comité exhorta a Chile a solucionar "los impactos ambientales", realizando "estudios científicos de evaluación", acompañados de una adecuada legislación para que primen los derechos de los pueblos indígenas "por encima de los intereses comerciales y económicos".
Dada la "lentitud" en las "consultas" para la "reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas", que actualmente se debate en Chile, el Comité espera que el gobierno "intensifique sus esfuerzos para acelerar el proceso" y que "lleve a cabo una consulta efectiva con todos los pueblos indígenas".
En virtud de "episodios de discriminación y agresiones violentas contra indígenas y migrantes", perpetrados "entre otros por grupos totalitarios el Comité le solicita a Chile acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios".
Protección a indígenas colombianos
El Comité de la ONU además remitió una resolución en la que solicitó protección para la población afrodescendiente e indígena, sometida a "graves violaciones de los derechos humanos" en Colombia.
"El Comité insta (a Colombia) a intensificar sus esfuerzos para prevenir y proteger a las comunidades afrocolombianas e indígenas contra graves violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (y) que se investigue y sancione con prontitud", reza la resolución.
Al respecto el Comité cita "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, o reclutamientos y desapariciones forzados", señalando que "si bien los grupos armados ilegales tiene una importante responsabilidad" en tales hechos, "se sigue denunciando la participación directa o la colusión de agentes del Estado".
El Comité añade "que algunos miembros de las Fuerzas Armadas han estigmatizado públicamente a las comunidades afrocolombianas e indígenas", y pide "se garantice el cumplimiento efectivo y estricto de las políticas y normativas adoptadas", citando la Directiva 800-07 de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los "megaproyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, como la minería, la explotación petrolera o el monocultivo" en territorios indígenas o de afrodescendientes, el Comité le recomienda a Colombia "que apruebe y aplique de manera concertada una legislación que regule el derecho a la consulta previa" de esas comunidades.
Frente a la situación "de que determinados pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, están al borde de la extinción a causa del conflicto armado", el Comité espera que gobierno colombiano "encuentre soluciones políticas y jurídicas" que impidan su desaparecimiento.
Según el organismo de la ONU, los indígenas y afrodescendientes en Colombia, padecen una "falta de servicios de salud adecuados y accesibles", requiriendo que el Estado les de "una atención de salud de calidad", y que se mejore su nivel de vida y el "acceso al agua potable y a los sistemas de alcantarillado".
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