La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) se permite informar al Gobierno Nacional y a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
Antecedentes
1. El 4 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares (MC) a favor del pueblo Wiwa y, en consecuencia,
"solicitó al Estado colombiano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el Estado; brindar atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento y de la crisis alimentaria, en particular a las niñas y niños del pueblo indígena; concertar las medidas de protección colectiva […] con los beneficiarios […] y los peticionarios; adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación de los beneficiarios".
2. Sólo hasta el 25 de febrero de 2006, es decir algo más de un año después de que la CIDH otorgara las mencionadas MC, y ante el reiterado llamado de nuestras autoridades, es que el Gobierno Nacional acepta sentarse a la mesa a dialogar con nuestro pueblo y con los peticionarios --Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)--, con el propósito de concertar la aplicación y desarrollo de las mencionadas medidas de protección.
3. Durante todo este tiempo el Gobierno Nacional, en el contexto de las intervenciones emprendidas en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) por el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), desplegó una suerte de campaña de desinformación hasta el punto de llegar a afirmar que nuestro pueblo rechazaba las MC otorgadas por la CIDH y que nuestras autoridades tradicionales habían sido manipuladas por los peticionarios, todo ello pese a que las violaciones a los derechos humanos y colectivos al igual que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por los actores armados tanto ilegales como legales, continuaban afectando de manera grave a nuestro pueblo y a nuestro territorio.
4. Luego de la primera reunión realizada entre las partes con la finalidad de comenzar el proceso de concertación sobre la aplicación y el desarrollo de las MC, podría decirse que el común denominador de la actitud del Gobierno Nacional se caracterizó por la renuencia a asumir aquellos compromisos que desbordaban la acción de la fuerza pública en nuestro territorio y a insistir reiterativamente que las condiciones que habían dado origen a las MC ya habían sido trascendidas y dejadas atrás, lo cual se tradujo básicamente en que el Gobierno Nacional, en el mejor de los casos, hizo un cumplimiento a medias, parcial y fragmentario de los compromisos adquiridos o en una situación cada vez más común se ponía de presente su reiterado incumplimiento.
5. Puede decirse que desde mediado de 2009, fecha en la que tuvo lugar en Valledupar (Cesar) la última reunión entre las partes, el proceso de concertación referido a la aplicación y desarrollo de las MC se encuentra totalmente paralizado. Al respecto cabe destacar que bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno Nacional decidió de manera arbitraria e inconsulta suspender el dialogo que adelantaba con nuestro pueblo y con los peticionarios. De otro lado, si bien con el acto simbólico de posesión que el 7 de agosto de 2010 en el poblado sagrado de Seyzhua hiciera el hoy Presidente de la República ante las autoridades y dignatarios de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, se generaron expectativas sobre la eventualidad de un giro en el tratamiento, valga decir nefasto y lesivo, que durante los últimos ocho años se le venía dando a los pueblos indígenas del país, lo cierto es que en lo que respecta al proceso de MC la actitud del actual Gobierno Nacional sigue sin evidenciar mayores cambios, lo cual ha generado malestar e inconformidad en nuestro pueblo toda vez que de manera unilateral se han aplazado, en tres ocasiones (10, 13 y 20 de diciembre de 2010), las reuniones programadas para avanzar en el proceso de concertación.
6. El 20 de diciembre de 2010 en la comunidad de Tezhumake situada en el Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco, en el entendido que se había programado concertadamente una reunión entre las partes, que la OWYBT había difundido una amplia invitación a las autoridades locales de todas las comunidades que componen nuestro pueblo y de que para la fecha en que se conoció sobre el aplazamiento de la mencionada reunión era manifiestamente imposible desmontar la convocatoria que se había hecho, tuvo que efectuarse la reunión en la que participaron la gran mayoría de autoridades y dignatarios locales de nuestras comunidades ubicadas en Cesar, La Guajira y Magdalena, con la finalidad de definir una estrategia de actuación respeto de las MC. Como era de esperarse la ausencia del Gobierno Nacional, la cual fue asumida como un desplante a nuestro pueblo, generó variadas manifestaciones de reclamo y de rechazo, surgiendo la propuesta de que se hiciera un pronunciamiento público sobre el particular.
7. Hay que reconocer que la intensidad que otrora mostraba el conflicto armado en nuestro territorio ha bajado de manera visible, sin embargo, hay que enfatizar en que las graves afectaciones que han acarreado las masivas violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos así como las infracciones al DIH cometidas en contra de nuestro pueblo y de nuestro territorio a lo largo de varios años han dejado profundas secuelas que aún están lejos de ser subsanadas y trascendidas y, adicionalmente, no sobra anotar que el conflicto armado en la región no da señales de estar llegando a su fin y más bien pareciera que se estaría reconfigurando y dando lugar a nuevas dinámicas y estructuras, lo cual se deduce si se tiene en cuenta que nuestro territorio sigue todavía soportando la presencia y las incursiones de la insurgencia de los Frentes 19 y 59 de las FARC-EP en las partes altas y medias de la SNSM y de los grupos armados ilegales sucesores de las AUC, principalmente "Los Rastrojos" y "Los Urabeños", en las partes bajas del macizo serrano.
8. Los preocupantes escenarios de riesgo que recientemente se han venido configurado en nuestro territorio han sido oportunamente puestos en conocimiento del Gobierno Nacional a través de varios comunicados de prensa difundidos por la OWYBT. Así mismo el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha analizado en las advertencias emitidas en el 2009 y el 2010 para Riohacha y Dibulla (La Guajira) y Valledupar y Pueblo Bello (Cesar) los riesgos y amenazas en que se encuentran varias de las comunidades de nuestro pueblo del Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco que se traslapan con los municipios antes mencionados. Como una evidencia plausible de que los Wiwa seguimos siendo víctimas del conflicto armado, es que se explican las amenazas y extorsiones que contra distintos líderes y gunamas Wiwa que frecuentan o trabajan en la Casa Indígena de Valledupar se han venido presentando en los últimos meses, detrás de las cuales, al parecer, estarían grupos armados ilegales sucesores de las AUC.
En mérito de lo anteriormente esbozado, la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), con el debido respeto pero de manera enérgica le hace al Estado colombiano y al Gobierno Nacional, las siguientes: Hacer clic aquí para descargar las demandas del La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
Fuente: CONAIE |
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