BY CARLOS VALDEZ / APLA PAZEl gobierno de Evo Morales puso en vigor la justicia indígena para que las comunidades nativas juzguen casos menores en sus aldeas según sus usos y costumbres ancestrales, en otro avance político de ese sector tradicionalmente postergado. La justicia indígena no aplicará la pena de muerte, prohibida por la constitución, respetará y garantizará los derechos de las mujeres a ejercer como jueces y no podrá despojar de sus tierras a personas de la tercera edad o discapacitados, según la Ley de Deslinde Jurisdiccional que el Ejecutivo promulgó el último día de diciembre del 2010. Tampoco podrá juzgar ``delitos contra el derecho internacional'' ni de lesa humanidad, ni casos de violación y asesinato de menores, seguridad interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya víctima sea el Estado. En materia agraria, tratará los casos de ``distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas'' pero no podrá juzgar a personas ``no indígenas'' que cometan delitos en las comunidades. ``La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo con su libre determinación'', dice la norma sin mencionar las competencias. La constitución vigente desde el 2009 reconoce tres jurisdicciones: la ordinaria (los tribunales), la agroambiental y la indígena originaria. La ley de deslinde reconoce a esta última jurisdicción independencia e igual jerarquía que las demás, pero también la obliga a respetar los fallos de las otras dos. ``El linchamiento es una violación a los derechos humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado'', señala la ley al hacer referencia a una costumbre arraigada en algunas comunidades rurales. Fuente: Elnuevoherald |
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