Oviedo, 30 ago (EFE).- Una plataforma solidaria integrada por 16 organizaciones asturianas y cántabras remitirá al Gobierno de Chile un comunicado en el que solicita mayor protección para el pueblo indígena mapuche y reclama el fin de la aplicación de la ley antiterrorista "originada en tiempos de Pinochet" contra ellos. Además reivindican al Ejecutivo chileno la desmilitarización de la zona mapuche, acabar con el doble procesamiento judicial (civil y militar) al que se somete a los indígenas y la libertad para los "presos políticos" de la etnia. Este comunicado ha sido presentado hoy en rueda de prensa por los representantes de la plataforma Javier Arjona y Nacho González, quienes han destacado que actualmente hay 32 presos políticos mapuches en Chile que llevan 49 días en huelga de hambre "con graves problemas cardiacos y de salud" y que "los medios de comunicación están intentando ocultar esta situación a toda costa". Han comentado que "esto tampoco es ningún secreto" porque "en el propio programa electoral del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, se anunciaba que se iban a endurecer las medidas contra los mapuches". Nacho González, quien visitó recientemente Chile, ha señalado que las prisiones en las que están encarcelados los mapuches "meten miedo" y ha comentado que "en algunos casos no les permiten ni siquiera colocar un hule de plástico para protegerse de la humedad". Javier Arjona ha explicado que el territorio mapuche se localiza al sur de la Cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina, y que los conquistadores españoles respetaron esta zona. Ha añadido que la dictadura militar de Pinochet fue la que expolió estos terrenos para entregárselos a las multinacionales, situación que perdura hasta hoy día. En este sentido ha denunciado que Endesa construyó tres pantanos en la zona en los años noventa por los que los mapuches no cobraron aún indemnizaciones, pese a que el agua enterró un cementerio indígena. Nacho González ha asegurado la mayor parte de la superficie mapuche fue entregada a las multinacionales para plantar pino y eucalipto, dejándola sin recursos ni agua, mientras que "para los indígenas sólo hay desplazamientos y cárcel". Fruto de esta situación, "hay más mapuches viviendo en Santiago de Chile que en las propias comunidades indígenas, pese a ser un pueblo muy vinculado a la naturaleza", ha agregado. González también ha señalado que el derrumbamiento de la mina de San José el pasado 5 de agosto dejando atrapados a 33 trabajadores en ella es un ejemplo de la falta información habitual del gobierno chileno ya que "en un principio no se sabía cuántos mineros había atrapados, se tardó horas en avisar a los familiares de los afectados y se está tratando de ocultar que los mineros no tenían seguro laboral". Ha añadido que "esta mina ya estaba denunciada y estuvo cerrada varios meses" El comunicado dirigido al Gobierno de Sebastián Piñera será entregado en el Consulado de Chile en Cantabria y lo firman, entre otras organizaciones, el Bloque por Asturies, Izquierda Unida de Asturias, Corriente Sindical de Izquierdas, el Colectivo Luciano Romero, el Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos y Soldepaz-Pachakuti. Difunde: Ukhamawa Noticias "Así es" en lengua aymara |
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