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La actual presidenta de Aidesep, Daisy Zapata, exigió en una rueda de prensa en Lima ''que cese la persecución'' contra los dirigentes indígenas y advirtió que bajo estas condiciones no s posible dialogar, porque no hay seguridad de dirigentes ni líderes amazónicos''.
TeleSUR / 8 de julio de 2009
El gobierno de Nicaragua analiza la posibilidad de conceder asilo político a otros dos líderes indígenas de la Amazonia peruana, contra quienes el gobierno de ese país giró una orden de captura tras acusarlos de supuestamente estar implicados en los sucesos violentos ocurridos el pasado 5 de junio en la provincia de Bagua, donde una represión policial a una marcha de aborígenes causó la muerte de al menos 40 personas.
El canciller nicaragüense, Samuel Santos, informó que "en este momento las autoridades estamos estudiando el tema para proceder a tomar una decisión sobre el asilo, que esperamos hacer".
Los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña, ambos dirigentes indígenas peruanos, ingresaron el lunes pasado a la embajada de Nicaragua en Lima (Perú) luego de que una juez peruana emitiera una orden de captura en su contra y del ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango.
Santos agregó que "ellos están en la embajada de Nicaragua en Perú y nosotros, conforme instrucciones del presidente Ortega, estamos analizando la necesidad de otorgarle el asilo".
Las órdenes de captura también pesan contra las dirigentes indígenas peruanas Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, quienes se encuentran en sus comunidades, según información de las autoridades peruanas.
Los cinco dirigentes de Aidesep son acusados de ser los presuntos autores de delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado por su actuación en las protestas indígenas de abril.
Alberto Pizango, principal líder amazónico que encabezó una protesta indígena se refugió en la sede diplomática de Nicaragua en Perú el pasado 8 de junio, luego de que fuese victima de persecución política por parte de las autoridades del gobierno de Alan García. Pizango viajó a Managua el 17 de junio luego que se le otorgara el salvoconducto.
La actual presidenta de Aidesep, Daisy Zapata, exigió en una rueda de prensa en Lima "que cese la persecución" contra los dirigentes indígenas.
"Si continua así no vamos a poder continuar con el diálogo, porque no hay seguridad de dirigentes ni líderes amazónicos", advirtió.
Los grupos indígenas peruanos iniciaron en abril de este año un protesta en contra de los decretos 1090 y 1064 referidos a la explotación de los recursos de la Amazonia, y creados para adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio que García firmó con Estados Unidos.
Dichas resoluciones fueron rechazadas por los nativos.
La protesta de los indígenas peruanos llegaron al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en la región de Bagua (norte), estos hechos dejaron una cifra de más de 40 personas fallecidas.
Tras dos meses de huelga y de los disturbios, el gobierno dio marcha atrás y aceptó derogar los dos decretos que provocaron la protesta indígena.
Pocos días más tarde el Congreso los derogó.
El canciller nicaragüense, Samuel Santos, informó que "en este momento las autoridades estamos estudiando el tema para proceder a tomar una decisión sobre el asilo, que esperamos hacer".
Los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña, ambos dirigentes indígenas peruanos, ingresaron el lunes pasado a la embajada de Nicaragua en Lima (Perú) luego de que una juez peruana emitiera una orden de captura en su contra y del ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango.
Santos agregó que "ellos están en la embajada de Nicaragua en Perú y nosotros, conforme instrucciones del presidente Ortega, estamos analizando la necesidad de otorgarle el asilo".
Las órdenes de captura también pesan contra las dirigentes indígenas peruanas Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, quienes se encuentran en sus comunidades, según información de las autoridades peruanas.
Los cinco dirigentes de Aidesep son acusados de ser los presuntos autores de delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado por su actuación en las protestas indígenas de abril.
Alberto Pizango, principal líder amazónico que encabezó una protesta indígena se refugió en la sede diplomática de Nicaragua en Perú el pasado 8 de junio, luego de que fuese victima de persecución política por parte de las autoridades del gobierno de Alan García. Pizango viajó a Managua el 17 de junio luego que se le otorgara el salvoconducto.
La actual presidenta de Aidesep, Daisy Zapata, exigió en una rueda de prensa en Lima "que cese la persecución" contra los dirigentes indígenas.
"Si continua así no vamos a poder continuar con el diálogo, porque no hay seguridad de dirigentes ni líderes amazónicos", advirtió.
Los grupos indígenas peruanos iniciaron en abril de este año un protesta en contra de los decretos 1090 y 1064 referidos a la explotación de los recursos de la Amazonia, y creados para adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio que García firmó con Estados Unidos.
Dichas resoluciones fueron rechazadas por los nativos.
La protesta de los indígenas peruanos llegaron al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en la región de Bagua (norte), estos hechos dejaron una cifra de más de 40 personas fallecidas.
Tras dos meses de huelga y de los disturbios, el gobierno dio marcha atrás y aceptó derogar los dos decretos que provocaron la protesta indígena.
Pocos días más tarde el Congreso los derogó.
Fuente: teleSUR-Efe/jp - MM
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