Se trata de José Huenante, un niño de 16 años, apresado por carabineros de Puerto Montt en 2005, de quien nunca más se volvió a saber. El informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales además señaló fallas estructurales en esta materia.
"El informe da cuenta de un caso de un niño detenido desaparecido en democracia. José Huenante, un niño que en 2005 fue visto ser arrestado por una patrulla policial en Puerto Montt y desde entonces su paradero se desconoce. En marzo de 2009, casi cuatro años y medios después de la desaparición de José Huenante, entonces de 16 años, se formalizan a tres carabineros y son dados de baja por secuestro y sustracción de menores", detalló el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse.
"Una persona que es vista por última vez siendo detenido por una patrulla de Carabineros y después de eso no hay registro de su paradero es una persona que fue detenida y que hoy está desaparecida", agregó.
Este caso es uno de los antecedentes que contiene el documento y que concluye además que existen "problemas estructurales" en las políticas de defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Ante esta denuncia el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, indicó que "llamar desaparición forzosa de persona al caso que se refiere el informe de la universidad no puede sino confundir a la opinión pública y es algo que esta universidad debiera aclarar tajantemente".
En la misma línea, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma señaló que esta es una "información audaz que no corresponde a la realidad. Este es un gobierno sumamente transparente, que no oculta información".
Problemas diversos
El estudio, que se viene realizando desde el 2003, concluye que se mantienen las deficiencias varias materias vinculadas a los derechos humanos, mientras que en otros puntos se percibe que empeoran.
A nivel interno, el informe reconocen a los grupos más vulnerables en sus derechos humanos, entre los que se encuentran mujeres, niños, pueblos indígenas, migrantes y refugiados, personas con discapacidad y quienes son víctimas de discriminación por su orientación sexual.
En cuanto a las condiciones carcelarias del país y las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, el estudio señala que en los dos últimos años, "según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, la población penal alcanzó a 48.998 en 2008 y 53.482 en lo que iba de 2009 al cierre de este Informe" registrando un visible aumento, pero no así una mejora en las condiciones.
"Según Gendarmería de Chile, más de veintitrés centros (de un total de 101) albergan el doble de internos de lo que deberían, e incluso hay recintos donde la sobrepoblación alcanzaría casi el cuatrocientos por ciento", dice la investigación.
Por otra parte, se destacó que "en materia educacional, en la Oficina 600 Mineduc las denuncias por negación de matrícula por rendimiento escolar aumentaron en cerca de un cincuenta por ciento el último año".
Pero en relación a la comunidad internacional, Contesse recordó que Chile tuvo que rendir cuentas en tres instancias relacionadas a los derechos humanos durante este año y manifestó que en esos informes oficiales el gobierno "omitió" información crítica relevante para estas evaluaciones".
"Esto da cuenta de la actitud ambivalente del Estado chileno, cuando está fuera, delante de delegados de los otros países, ante las recomendaciones, promete que va a invitar a participar a la sociedad civil. De regreso en el país, no contestan los llamados, simplemente", señaló.
Otro de los temas que trató esta investigación es el medio ambiental. Tomando cinco casos representativos de conflictos ecológicos: Pascua Lama, Celco-Mehuín, planta de Metrogas en Peñalolén, termoeléctrica Los Robles e HidroAysén, determinaron que la forma en que se han desarrollado "ponen de manifiesto la práctica del uso de incentivos que terminan por fraccionar a las comunidades afectadas".
En este sentido, relevaron que la participación ciudadana en temas medio ambientales "se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales".
"El proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental más ambicioso desde 1994 podría revertir esta situación, pero todo parece indicar que, más allá del ajuste y corrección de algunos aspectos, la participación ciudadana en materia ambiental tendrá que seguir esperando", concluye.
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