 Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco MallecoCrédito: Observatorio Ciudadano | |
En esa eventual mesa de diálogo, para resolver el centenario conflicto entre el pueblo indígena mapuche y el Estado chileno, se reclamarían tierras y autonomía, acotó el llamado jefe militar de la CAM. Pero ha debido correr sangre para que un ministro de la presidenta Michelle Bachelet visite la zona, lamentó en referencia a la muerte en agosto de un joven comunero.
Llaitul y otros siete "presos políticos" mapuches, como se autodenominan los indígenas de esta etnia que están privados de libertad por actos reivindicatorios de tierras, conversaron con una decena de corresponsales de la prensa internacional, entre ellos IPS, dentro de la prisión El Manzano de la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Los comuneros se encuentran en prisión preventiva acusados de diversos delitos como asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado contra el fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, y dos detectives que integraban una comitiva que se dirigía a allanar una comunidad mapuche en octubre de 2008.
César Parra, de 26 años, casado con una mujer mapuche y preso junto con Llaitul, acusó al fiscal Elgueta de haberlo torturado para que responsabilizara al líder de la CAM de participar en la supuesta emboscada que terminó con el representante del Ministerio Público y los detectives heridos.
Esa denuncia está bajo investigación. Además de torturas, los mapuches presos denuncian montajes y discriminación policial y persecución de los fiscales, que han invocado para procesarlos las severas leyes de seguridad interior del Estado y antiterrorista, esta última dictada por la dictadura militar (1973-1990).
Según un recuento de la organización no gubernamental Liberar, hay más de 50 presos políticos mapuches en diferentes cárceles del sur, aunque en septiembre la Comisión Ética contra la Tortura cifró en un centenar la cantidad de indígenas encarcelados, procesados y condenados en el país.
En los últimos meses recrudeció el conflicto entre comunidades mapuches y el Estado, principalmente en la región de La Araucanía, 670 kilómetros al sur de la capital chilena.
En julio, comunidades agrupadas en la Alianza Territorial Mapuche comenzaron a ocupar diversos predios privados reclamados como propios, lo que derivó en choques con la policía. También se han registrado quemas de camiones y atentados contra maquinarias de empresas forestales dueñas de los fundos.
Los comuneros consideran insuficiente la devolución de tierras efectuada hasta ahora por los gobiernos de la centroizquierdista Concertación desde 1990, unas 650.000 hectáreas, tras el proceso usurpatorio del Estado iniciado a fines del siglo XIX.
En agosto, efectivos de carabineros (policía militarizada) balearon al joven comunero Jaime Mendoza Collío, quien se convirtió en el segundo mapuche muerto en el gobierno de Bachelet, luego de Matías Catrileo en enero de 2008.
Los mapuches denuncian violentos allanamientos policiales en busca de comuneros requeridos por la justicia, procedimientos que afectan sobre todo a niños y niñas. Esto motivó que el representante en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Gary Stahl, se reuniera con varias autoridades para expresar su preocupación.
En respuesta a la compleja situación, Bachelet convocó el 5 de este mes a una "Cumbre Indígena" para tratar de aunar posiciones, instancia que no fue reconocida por los líderes de la Alianza Territorial Mapuche.
La Alianza dice actuar de forma independiente del tradicional Consejo de Todas las Tierras y de la CAM, considerada la organización más radicalizada de esta etnia.
Llaitul, un trabajador social de 42 años, define a la CAM como "la organización mapuche que se ha planteado con más fuerza la recuperación territorial y política" de este pueblo indígena que, con casi un millón de habitantes, es el más numeroso de Chile.
Cuando comenzó a actuar, en 1997, la CAM movilizaba en forma pública a una gran cantidad de comuneros, pero la represión los obligó a actuar clandestinamente, aseguró.
"La gente se empieza a organizar de forma conspirativa por necesidad", explicó Llaitul a los corresponsales.
Según el líder, que dijo haber participado en la resistencia a la dictadura, "la CAM es un peligro" para el Estado porque su lucha es política-ideológica. "No queremos ser campesinos chilenos", planteó.
Desde su nacimiento se ha adjudicado atentados contra empresas forestales, como quema de maquinaria, actos definidos como sabotaje a los actores privados que se adueñaron de su territorio. Sin su acción, los mapuches no habrían comenzado a recuperar tierras, aseguró Llaitul.
Absuelto en dos ocasiones de los cargos de asociación ilícita terrorista e incendio terrorista, Llaitul legitima los enfrentamientos con carabineros y fiscales como actos de "defensa" de las comunidades. "La violencia existe de uno u otro lado", reconoció el comunero, aunque afirmó que ellos sólo avalan acciones que no generen derramamiento de sangre.
"Nosotros no hemos usado explosivos ni armas de guerra", aseveró.
Negó que estén utilizando a niños como "escudos humanos", como acusaron los carabineros, y que miembros de la CAM reciban instrucción militar de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo vasco ETA, aunque sí reconoció nexos con otras organizaciones indígenas de América Latina y grupos de solidaridad internacional.
A su juicio, la prensa "oficial" y "de derecha" se han unido para manipular la información y "desprestigiar" al pueblo mapuche con noticias como esas.
Enfatizó que el trasfondo de la lucha es la "reconstrucción de la nación mapuche", un proyecto de largo plazo considerando las dificultades que entraña para las comunidades reclamar "un lugar muy ambicionado por el empresariado", por sus recursos forestales, hídricos y mineros.
El comunero reconoció que una parte del pueblo mapuche no comulga con la estrategia de la CAM y otras comunidades movilizadas por tierras. A estos hermanos los llama "ignorantes" y "acomodados". Considera que no han "despertado" o que prefieren que otros hagan el trabajo sucio por ellos.
No obstante, asegura que "no son la mayoría", a diferencia de lo que plantea el gobierno, que señala que las comunidades radicalizadas son un puñado. (FIN/2009)
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