Los últimos hechos de violencia, arbitrariedades y provocaciones por parte de Carabineros e Investigaciones de Chile, llevando a cabo las detenciones de Felipe Huenchullán Cayul, Camilo Tori Quiñanao, Víctor Queipul Millanao, Pablo Millanao Palacios, Orlando Cayul Colihuinca, José Millanao Millape, Verónica Millanao Cañío, Erna Quidel, Karina Pichiqueo y Mariela Queipul, constituyen un flagrante ataque contra el proceso de dialogo que pretendía establecer el Gobierno luego de la ratificación del convenio 169 de la OIT y la creación del ministerio de Asuntos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas.
El desmedido accionar represivo tiene por objetivo seguir creando un ambiente de conflicto en la región y de esta manera impedir el proceso organizativo Mapuche. Las detenciones producidas fuera del Tribunal de Garantía en Victoria obedecen a provocaciones de civiles para justificar la represión de los uniformados que se encontraban en el lugar.
Tales excesos pueden ser validados por una delegación de observadores de agrupaciones de derechos humanos de Estados Unidos, Colombia y Chile que se encontraban en el territorio, además de las numerosas imágenes captadas por medios de prensa nacional.
Las noticias que se refieren al conflicto mapuche son preocupantes, pero consternación causan las noticias que no se entregan o se entregan sin ninguna intención de brindar a los ciudadanos una información que les ayude a formarse un juicio sobre este problema y sus eventuales soluciones.
Cuando las noticias de conflicto con el pueblo mapuche son sesgadas, se está indicando que la solución del problema radica en aplicar la fuerza del Estado de Derecho a quienes se han puesto fuera de la ley.
Puede ser correcto aplicar la ley contra quienes realizan acciones que resultan o pueden resultar en la muerte de aquellos que sufren sus efectos. Dejamos espacio a la duda pues la ley no es aplicada de igual manera para esclarecer los hechos. Tristes acontecimientos nos indican que si la acción con resultado de muerte se genera en el ejercicio de la autoridad (durante los desalojos) la impunidad reina.
El evidente sesgo noticioso contra los mapuche es reflejo del mismo fundamento ideológico que las acciones represiva poseen, y que dado el actual estado de derecho (la constitución política y la normativa legal vigente referida a los asuntos indígenas) brinda un marco que no es apropiado para el logro de una buena convivencia con los miembros de los pueblos originarios. Con tal escenario, resulta poco difícil pueda desencadenarse más violencia y una consiguiente represión, aún más fuerte, en el futuro.
Mientras los problemas se reduzcan a la necesidad de administrar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la situación económico-social de los mapuche, y a la represión de un grupo de activistas, las perspectivas de solución son escasas, por no decir nulas.
A nuestro pesar, las ultimas declaraciones del señor Viera Gallo desprenden un carácter no vinculante de las consultas y un despropósito al considerar sólo algunas de las sugerencias propuestas, quedando la triste impresión que las consultas son más una cuestión formal que la genuina voluntad de cumplir con el Convenio 169 de la OIT.
Los mapuches luchan por la recuperación de sus tierras y el respeto de su cultura. No quieren ser asimilados por la cultura dominante. El sentimiento de vinculación a las tierras ancestrales es idéntico para todos los hijos de la tierra.
En democracia todas las perspectivas debieran ser legítimas. Sin embargo, negar u ocultar la existencia y el alcance de un conflicto es irresponsabilidad de todos y todas los que no hacen nada por remediarlo. Porque tarde o temprano se aplicaran los mismos métodos hacia los sectores populares chilenos que pongan en riesgo los intereses del Estado y los capitales transnacionales. Y después de eso, no quedara nadie para elaborar declaraciones, menos aún para resistir.
Adolfo Millabur Ñancuil
Dirigente mapuche lafkenche
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