Aunque en el Ejecutivo existe conciencia sobre la dificultad de que la nueva estructura se debata y apruebe antes del término de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, su objetivo es dejar terreno avanzado para la próxima administración, pues el modelo actual es producto de un pacto entre el entonces candidato Patricio Aylwin y dirigentes mapuches en 1989.
Han transcurrido 517 años desde que la tripulación española comandada por Cristóbal Colón llegara a América. Este hito marcó el destino de los nativos habitantes del continente que hasta ahora continúan luchando por recuperar sus derechos, relegados por las políticas de conquista, colonización e imposición del estado de derecho de los países americanos.
En Chile, el principal foco se sitúa en la zona de la Araucanía, donde las políticas implementadas por los gobiernos en estos casi 200 años de república han pasado desde pactos de no agresión hasta la pacificación de la región que terminó anexándose al territorio nacional, pero con el costo de la no integración de la etnia y la consiguiente, no identificación con la condición de chilenos.
El conflicto que siempre ha estado presente y ha sido ignorado por décadas, reflotó con la toma de predios y la quema de maquinaria y viviendas, como forma de presión para ser escuchados.
Es en este contexto que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha logrado hitos históricos en esta materia, como la firma del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que entró en vigencia el 15 de septiembre.
A comienzos de año, la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, al ministro José Antonio Viera-Gallo, en el contexto de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, fue el primer paso para ejecutar respeto y participación de estas etnias. A su cultura, religión, organización social y económica y la identidad propia: esto constituye la premisa de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales.
Convertido en el coordinador de Asuntos Indígenas designado por la Presidenta Bachelet, Viera-Gallo visitó la Región de la Araucanía para impulsar el Convenio de la OIT y reestructurar así la institucionalidad que se relaciona con los mapuches.
Es así como se estableció la reestructuración de la Conadi que, a juicio del secretario de Estado, "estaba obsoleta" y no cumplía con las funciones que demandan las comunidades en el sur.
Para ello, la Presidenta Bachelet definió un diseño de la propuesta de la Política Nacional Indígena, que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas con el despacho al Congreso del proyecto de ley, que la Mandataria describió como "un momento histórico para nuestro país".
Las líneas de trabajo del ministerio serán la entrega de tierras, y el fomento a la producción de cultivos, ganado o actividades forestales, pero también se encargará de potenciar los sistemas de educación y política de salud intercultural.
García (RN) pide más créditos y tecnología
Para el diputado RN del distrito 52 (Villarrica y Pucón) René García, la reestructuración de la Conadi es un aporte, porque "estaba obsoleta como institución, no funcionaba bien y su reestructuración será positiva".
No obstante, dijo que más allá de las atribuciones del Ministerio de Asuntos Indígenas, se deberían dar "más facultades y recursos a Indap y al SAG para que se hagan cargo en terreno de las falencias que los comuneros tienen para sacarle partido a sus terrenos y los nuevos que se incorporarán".
Asimismo, advirtió la necesidad de entregar herramientas que permitan a los mapuches hacer más productivas sus tierras, para lo cual es fundamental que el Estado entregue "buenos créditos, tecnología, y buena comercialización".
García también pidió que la educación de las nuevas generaciones sea "más intensiva y con gran respeto por sus tradiciones e idioma" y otorgar a los mapuches mayores "una pensión vitalicia con un valor similar al de un sueldo ético".
La idea de derogar el 12 de octubre
Mañana los senadores socialistas Jaime Naranjo y Jaime Gazmuri presentarán un proyecto de ley destinado a derogar como feriado nacional el 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, y a establecer, el 24 de junio como el Día de los Pueblos Originarios, en su reemplazo.
Naranjo indicó que "el cambio se debe a que ese día de junio los pueblos originarios celebran su año nuevo".
La iniciativa legal pretende convertirse en ley y estar aprobada para la celebración de 2010, ya que "pasados casi 200 años de nuestra independencia, ha llegado el momento de reconocerles el espacio que se merecen", argumentando que el acto sería en el marco de conmemoración del bicentenario.
El congresista explicó que se ha avanzado progresivamente en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en la reconstrucción de la memoria histórica, por lo que el proyecto pretende ser otro paso en esta materia.
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